Aunque el gobierno diga que no le importa lo que opinen organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la realidad es que sí le preocupa, afirma el abogado Marino Alvarado, defensor de derechos humanos e integrante de Provea.
Más aún: Dentro de las instituciones puede haber crisis, porque hay funcionarios que no atienden sus obligaciones pero otros quieren hacerlas cumplir, enfatiza el también abogado Eduardo Torres, secretario de reclamos y contrataciones colectivas de Apufat-UCV y especialista en la defensa de derechos humanos laborales.
Ambos participaron en un foro sobre defensa de los derechos laborales realizado el jueves 14 de noviembre en la UCV, organizado por Apufat-UCV.
Puertas para tocar
Nacionalmente se puede actuar en la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los tribunales, resumieron. Internacionalmente, se pueden introducir peticiones y medidas cautelares ante la CIDH, así como audiencias temáticas y entrega de información a las relatorías.
A los organismos internacionales «sí les paran, y les paran bastante», relata Alvarado. «Les pongo un ejemplo que tiene que ver con Provea; si no le pararan, no lo hicieran. Nosotros tenemos medidas cautelares de protección, y simultáneamente a que Diosdado Cabello en su programa nos insulta y nos amenaza, tenemos presencia de policías todas las semanas». Eso quiere decir que están preocupados, y que a la hora de que la CIDH pregunte, pueden mostrar las diligencias que han hecho.
«Ahora le paran más, porque todo lo que hace el sistema de Naciones Unidas les preocupa por una razón: la Corte Penal Internacional», ya que «si a algo le teme el gobierno, aunque dice que no», es a la CPI.
«La denuncia tiene que ser contra los altos funcionarios: contra el defensor del pueblo, que no hace nada; contra el fiscal. A ambos los acaban de nombrar, y las ONG dijeron que era muy lamentable», señala. «Hay una crisis que está haciendo aguas. Hay defensores públicos que por darles orientaciones a los familiares, por llamar y decir ‘dile a tu hijo que no se declare culpable’, los botan. Nosotros tenemos fiscales que se han negado a imputar por terrorismo, y se los llevan presos. En la Defensoría del Pueblo están muy golpeados», indica.
Ejercer los derechos
Eduardo Torres recuerda que los derechos deben ejercerse, y puso el ejemplo de una sentencia del TSJ que impedía las protestas ante la máxima institución judicial, a la que los gremios de trabajadores respondieron con una nueva manifestación y un nuevo escrito.
A pesar de las adversidades en el sistema de justicia «nosotros hemos ganado juicios», resalta Marino Alvarado. «Nos han amenazado, nos han sancionado, pero hemos ganado juicios». Tribunales de municipio les han dado la razón, por ejemplo. «Es cierto, estamos frente a muchas adversidades, pero podemos ganar. No nos podemos dar por derrotados. ¿Es más difícil? Claro que es más difícil, pero no es imposible».
Aun cuando en la actualidad ha ocurrido que los tribunales rechacen los habeas corpus, o que no sirvan para que la persona aparezca, comenta Alvarado, «también tenemos experiencias positivas de haber presentado habeas corpus y los han recibido» porque hay funcionarios que sí quieren cumplir con sus obligaciones.