Una fiscal anticorrupción y dos jueces de Caracas asumen el Poder Judicial en Zulia
Por: Versión Final
Lunes, 09/12/2024 07:02 AM
Nerifer Nazareth Peña Corona, quien viene de ser fiscal auxiliar en la Fiscalía 50 Anticorrupción con competencia nacional, en Caracas, asumió el Ministerio Público zuliano; y el Palacio de Justicia estará a cargo, de manera provisional, por una jueza de apellido Azuaje, y el juez Hermes Barrios, también de la capital.
Sobre estos tres nuevos funcionarios, quienes hacen vida en los tribunales penales, tienen cifradas sus esperanzas para que definitivamente cese la ola de atropellos e injusticias que padecían, como secreto a voces, muchos profesionales del Derecho y sus representados.
Velasco y Rondón fueron trasladados al Helicoide, poco después de que la Policía Anticorrupción los aprehendiera en Maracaibo. De acuerdo con el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se les acusa de “conspirar” contra el Gobierno de Nicolás Maduro en una operación titulada “No a la Navidad”.
En esta operación, Cabello mencionó exuberantes pagos para “financiar la conspiración” que llegaban a las manos del juez y el exfiscal desde el exterior.
“Al juez (Velasco Prieto) le encontraron más de 100 mil dólares, y al Fiscal (Rondón Muñoz) más de 120 mil y dicen que era para hacer pagos de la conspiración”, dijo Diosdado en rueda de prensa nacional.
Además de los dos exaltos funcionarios, vinculó a dos juezas y un fiscal, también detenidos: Maurelys Prieto, Mariol Plaza Hernández y Francisco Javier Urdaneta (fiscal 5to), todos vinculados a una presunta trama confabulada con el empresario camaronero José Enrique Rincón, hoy residenciado en España.
En el Palacio de Justicia del Zulia, situado en pleno casco central de Maracaibo, fuentes judiciales aseguran que sigue el hermetismo sobre el caso que terminó con el destierro de quien fuera su máxima autoridad.
El Sebin, el Dgcim y la Policía Anticorrupción están tras la pista de otro grupo de juristas que fueron identificados como los brazos ejecutores de las irregularidades, atropellos e intimidaciones, y quienes “cocinaban” a lo interno de los tribunales las “presiones” y extorsiones desmedidas contra empresarios y particulares. Al parecer, muchos están prófugos y, supuestamente varios ya fuera del país.