Luego de 24 horas sin fluido eléctrico y un poco más para que estabilizara la señal de datos y cuando estaba en búsqueda de noticias que explicaran el nuevo suceso, apareció una publicación en redes de Nicolás Maduro Guerra, constituyente e hijo del Presidente de la República, en donde se solidarizaba con el Presidente del INTI y asegura que "las mafias campesinas lo atacan por honesto y trabajador".
Partiendo de que es natural que defiendan a su equipo de trabajo, luego de ver en más de una ocasión palabras de elogios a Carlos Osorio o al equipo económico, nada en ese sentido nos debe sorprender, pero toca evidenciar algo que hasta hace pocos años era el sentido común del gobierno bolivariano: En otro momento se reivindicaría al pueblo como sujeto de la revolución que asume su derecho a la protesta para profundizarla y no a uno de los operadores burocráticos que asume a la "burguesía revolucionaria" como centro de la misma.
Esa publicación sigue una línea que estamos observando en otros sectores del gobierno de claros intentos de criminalizar la lucha popular que exige coherencia con los postulados básicos de la revolución bolivariana de gobernar con el pueblo, escuchar la crítica y corregir en el caso que sea necesario, sumando a las soluciones a la organización popular, aquí lo básico del pensamiento y acción del Comandante Chávez.
Es un nuevo signo de lo expresado por diversos camaradas, las contradicciones en el seno de la revolución claramente se están expresando en términos de clase, dicha denuncia pone la mirada acusadora sobre lxs campesinxs y no sobre las prácticas que buscan consolidar una nueva transferencia de tierras al privado, incluso regresando las que el mismísimo Comandante entregó.
Evidencia además otro método de hacer política, mientras lxs campesinxs, que están en una toma que hoy cumple 28 días en una de las sedes del INTI en Caracas, denuncian con nombres y apellidos a sus enemigos, latifundistas de viejo y nuevo cuño, burócratas tanto del ejecutivo nacional o regional, como de las instituciones judiciales y policiales, se responde con un ataque general, llamándolos justo por lo que denuncian: mafias.
Si el señor Nicolás Maduro Guerra tiene alguna denuncia sobre algún actor presente en la protesta debería realizarla en las instituciones competentes con nombre y apellido, el pueblo chavista rechaza a todxs lxs que asumen lógicas mafiosas para sus acciones, por ello ha denunciado a la burocracia y diversos actores políticos que se visten de rojo, en muchos casos cómplices de más de un latifundista responsable directo de muertes y despojos, quienes actúan con un alto grado de impunidad.
Toca decir también que casi un año después de la reunión de diversos campesinxs con el Presidente Nicolás Maduro, entre ellxs militantes de la Plataforma de Lucha Campesina, el no cumplimiento de parte de los acuerdos productos de ese espacio y sobre todo 19 MUERTES en el mismo lapso de tiempo, nos dice que hay suficientes razones para exigir la renuncia, no sólo del presidente del INTI, sino además de todos los que encabezan las instituciones responsables del área. En realidad ni siquiera debería hacer falta, cualquier persona honesta y trabajadora debería haber puesto su cargo a la orden de manera irrevocable ante esa situación.
La postura de la Revolución Bolivariana, que se defiende de feroces ataques del imperio y sus lacayos, que además tiene la obligación moral e histórica de corregir los errores cometidos, no puede responder al justo reclamo del pueblo que lucha (y además lucha por un medio para producir el alimento necesario para avanzar en este dura coyuntura), con intentos de criminalizar al sujeto que será el llamado para encabezar su defensa.
En momentos que la Plataforma de Lucha Campesina convoca para el 2 de agosto a una movilización en Caracas para intentar un nuevo encuentro con el Presidente Nicolás Maduro, a un año del que vimos con orgullo luego de la Marcha Campesina Admirable, debería aprovecharse para presentarse un balance acordado entre la organización campesina y el Gobierno Nacional, donde queden claros el alcances de los acuerdos previos, en que se ha logrado avanzar y en que no, un ejercicio mínimo de transparencia institucional seria no solo un gesto político necesario sino la forma cotidiana de dar la cara al país.
El cumplimiento de dichos acuerdos que buscan el impulso de la producción en manos de las comunidades organizadas, también garantizarán la paz de Venezuela pero sobre todo la sobrevivencia del Chavismo como sujeto político que impulsa la revolución bolivariana, el socialismo, con el pueblo como centro vital.