Autopsia a la agricultura venezolana. Parte I: El arma asesina

Nuestra agricultura no pareciera gozar de buena salud. Para los expertos agrícolas de la oposición, y según se desprende de recientes declaraciones de prensa y de opiniones vertidas en portales gremiales del sector de la agricultura empresarial, en este momento en particular, los resultados en términos de empleo en el sector rural, parecen haber retrocedido 50 %, la disponibilidad de alimentos nacionales apenas cubre 40% o menos de la demanda nacional de alimentos, y las expectativas de los resultados de los planes de siembra retrotraen las cifras productivas de los años 70 y 80 del pasado siglo. Según esta versión, la situación tiene en un estado de gravedad tal, que se construye con esos discursos la imagen de una figura cadavérica, sometida a la descomposición, y de paso con pocos dolientes llorando su muerte. Pero, si la agricultura está muerta o cuando menos herida de muerte ¿qué pudo haber pasado?

El argumento más frecuente de la oposición sobre lo que pasa con la agricultura venezolana es que los procesos de rescate e incautación de tierras durante estos dos estadios de gobiernos revolucionarios (13 años con Chávez y 7 con Maduro), y principalmente en la gestión política del Comandante Chávez, afectó unidades de producción eficientes en manos de gente con capacidad económica para la inversión y con disponibilidad tecnológica para dar buenos resultados. Estas confiscaciones (Se tratan así porque asumen que no han indemnizado a sus anteriores dueños) fueron luego transferidas a movimientos campesinos, a otras organizaciones sociales y dependencias del Estado. La narrativa dominante es que las tierras rescatadas están en completo abandono, aunque en realidad no se ha estudiado con rigor científico la situación de uso y las capacidades tecnológicas que otrora tuvieron versus la situación actual. En este análisis opositor se infiere que entre 4 a 5 millones de hectáreas fueron rescatadas y no precisamente por ser tierras ociosas, o estar sometidas a procesos de engorde para cambios de uso de la tierra. Fueron decisiones políticas para descargar la furia gubernamental sobre posesiones de una supuesta oligarquía criolla, que expandió sus dominios desde la época colonial y después con la apropiación de tierras y distribución de beneficios al fin de la guerra de independencia. La oposición pareciera conseguir dolientes capaces de llorar la tragedia falsa de un despojo de tierras, sin evidenciar la profundidad de este proceso de rescate, al punto tal que, en su Proyecto País, a cumplirse, en un supuesto, después de derrotar a la izquierda, aspiran devolver esta tierra a sus anteriores tenedores.

La visión de la oposición no explica u omite que la estructura agraria del país no pudo romperse con la extinta Ley de Reforma Agraria, y para 1998, la entrega del gobierno al Chávez, este heredó un predominio del latifundio improductivo y contrario al interés social y al interés político de lo que sería una revolución en la agricultura. Ninguna revolución puede pasar por debajo de la mesa el tema agrario, centro neurálgico de la inequidad, del despojo, de la exclusión y hasta del esclavismo. Cierto es que el proceso no se completó y el poder popular campesino no resultó tan favorecido como era de esperarse. En algunos casos los campesinos son ahora asalariados del Estado en tierras rescatadas. Otras tierras hoy engordan la terrofagia militarista, que también necesita asalariados para operarlas. Otras tierras han sido ocupadas por comunas que se defienden del "regresionismo" que ha pretendido judicializar a sus ocupantes. No ha sido gratis para la masa campesina la lucha por la tierra; se estima que sobrepasan los 150 campesinos (as) asesinados, crímenes que se atribuyen a órdenes de antiguos pisatarios de tierras rescatadas.

En todo caso, es aceptado que el rescate de tierras no afectó significativamente la estructura de la tenencia de tierras en Venezuela, donde muchos tienen poca tierra ( 350 mil familias campesinas disponen de menos del 20 % de la superficie agrícola), pero fue sin duda el signo de un proceso de justicia social por la tenencia y uso de la tierra. En segundo lugar, si se revisa la superficie cosechada para 1998, punto letal de la Cuarta República, esta alcanzó la pírrica cifra de 1.638.295 ha, es decir cerca de un tercio del total de la superficie que se dice fue rescatado por el Estado. Esto avala la otra tesis, que el rescate ocurrió mayormente sobre tierras ociosas, o cuando menos de uso ineficiente.

Por estas simples razones, si fuese cierto que la agricultura está muerta o agónica, el arma asesina no fue el rescate de tierras. Revisaremos otras causas posibles.