Dos nuevos acontecimientos acaecidos, por ahora, entre ayer y hoy jueves 22, ponen en evidencia la poca voluntad que tiene el Estado Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de cumplir con los derecho que a nivel nacional e internacional gozan los pueblos y comunidades indígenas. Resiste hasta más no poder en cumplir con sus obligaciones en materia indígena consagradas en la Constitución, las leyes nacionales y los compromisos legales contraídos en Naciones Unidas y en la OIT.
El primer hecho ocurrió ayer en Maracaibo, estado Zulia en el aeropuerto la Chinita, y el segundo hoy en la Fiscalía ubicada frente al Parque Carabobo, Caracas.
PARTE I.
Miércoles 21/09/22 de las 4:26 a 4:29 PM estuvimos en el local de PB de Interpol, CICPC y otras policías nacionales.
Marys Fernández Fernández y yo, Lusbi Portillo, estábamos sentados en la última fila de la sala de espera del aeropuerto de la Chinita y una funcionaría del CICPC nos dijo nuestros nombres y preguntó por el otro, porque estos tres. Por atrás diagonal se paró la funcionaria de la Interpol. Todas con sus respectivos uniformes.
Y nos invitó a la sede que estaba a mano izquierda de donde estábamos sentados. Como a 20 metros.
Nos sentimos y nos preguntaron por Samuel Romero Martínez. Y le explicamos que no pudo venir. No pudo llegar a tiempo a Machiques.
La funcionaria le explicó todo a una tercera persona por teléfono. Y al terminar de hablar, nos dejó ir.
Según el Fiscal de la Causa abogado Dagnis Zambrano nombrado directamente por el propio Fiscal General de la República, Abogado Tarek Williams Saab, al igual que a la Abogada Yoli Pérez, Directora de DDHH, como Fiscal Adjunta.
El Fiscal Zambrano hasta hace una semana, aproximadamente mantenía comunicación con el joven Samuel Romero Martínez en razón de limpiar el expediente montado con mala fe desde hace varios años por la hoy ex Fiscal 20 de Machiques, esposa de un rico ganadero.
PARTE II
Jueves 22/09/22
En la Fiscalía en horas de la mañana solicitamos en recepción ser atendidos por la Fiscal Abogada Yuli Pérez Directora de DDHH y por teléfonos de la fiscalía en la recepción en cuatro oportunidades un empleado del despacho de la Fiscal, luego de preguntar de qué estado veníamos, cuál es el caso, el número del Expediente o MP- y otras cosas más me informó ya al final que deberíamos ir a la Fiscalía Nacional Indígena 91 que esta a tres cuadras.
Supimos que el Fiscal General nunca nombró por oficio a los Fiscales Zambrano y Pérez con los que se reunieron el día 26/04/22 Lucía Martínez, Carmen Fernández y Samuel Romero Martínez, acompañados por Tibisay Maldonado, el Abogado Éric Gutiérrez. Ese día apareció incluso Marianne Romero Viceministro del MINPPI y comisionada en Fiscalía (operadora).
Todas las conversaciones, documentos y comunicaciones durante cinco meses fueron entregados al Fiscal Nacional de la Causa Abogado Dagnis Zambrano.
Todo fue una jugada política de dilatación de los cuatros (4) juicios que el Fiscal Tarek Williams Saab prometió a los familiares de las víctimas y a los representantes defensores de los DDHH y sociales que ese día acompañaron a los líderes y lideresas indígenas a exigir justicias por los líderes asesinados y torturados. Más de siete (7) años de mora tienen estas investigaciones e inicios de Juicios.
Iremos de nuevo a Naciones Unidas.
Sociedad Homo et Natura.