El Hno. Presidente Nicolás Maduro, ha abierto las compuertas para la participación popular, con la finalidad de construir en conjunto, Pueblo-Gobierno Revolucionario, un Plan Nacional de Cambios, Renovación y Rectificación, incluyente y participativo. Un Plan para abordar la actual coyuntura, caracterizada por la más brutal ofensiva imperialista contra el Estado-Nación, procurando su destrucción mediante estrategias de caos y shock, que afectan en todos los espacios vulnerables, muy especialmente, sobre su población. Si bien, el Gobierno Revolucionario, ha evidenciado fortalezas extraordinarias en su accionar para contrarrestar los ataques externos, no ha ocurrido lo mismo en el plano interno, en especial, en el terreno económico. La especulación, se ha convertido en la principal arma de guerra con la que la burguesía local, ataca –reciamente- la paciencia del pueblo, pulverizando sus ingresos y esperanzas de mejoras, en sus deteriorados niveles de vida; obteniendo, esa burguesía, importantes ganancias económicas, producto de sus ataques a la población en su conjunto. Ello, es posible, gracias a la naturaleza monopólica de la economía venezolana, en la que determinados rubros alimenticios, se concentran: producción, distribución y comercialización, en unas pocas empresas privadas. Tal cualidad, les permite a los monopolios, fijar precios a su conveniencia.
En el caso venezolano, los monopolios surgieron de la mano de Estado, que por más de un siglo de existencia de nuestro Estado-Nación, le han protegido y financiado sus actividades. Los alimentos, fundamentales para la vida del pueblo venezolano, se han monopolizado y concentrado en unas pocas empresas, que disponen de los mismos a su conveniencia, incluso, el caso venezolano es inédito en la utilización de los alimentos como armas de guerra para torcer la opinión de Gobiernos que no complazcan, las apetencias de maximización de ganancias de los monopolios en cuestión. La Constitución Bolivariana de 1999, prohíbe la existencia de monopolios en nuestra economía. No obstante, dicho mandato Constitucional, ha sido letra muerta en los años de vigencia de la Constitución Bolivariana. Poca o ninguna, ha sido la disposición gubernamental en cumplir y honrar dicho mandato Constitucional. A tal punto, que parecieran –los monopolios- contar con poderes supraconstitucionales. Su funcionamiento en nuestra economía, se sustentó en la obtención de la renta petrolera como su fin supremo. Compran baratísimo (A) al productor primario –el campesino- y luego de procesar la materia prima y empacarla, le colocan el sello de marca que, generalmente, venden a un inversor privado externo (franquicia), para justificar su demanda de dólares al Estado. Dólares, que una vez recibidos, una pequeña porción de los mismos son invertidos en la marca, y el máximo posible sale del país, fuga de capitales, para ser ahorrados en cuenta en el exterior o invertirlos en empresas foráneas, en Colombia o EEUU. Pero, volvamos al ciclo productivo, la materia prima procesada y empaquetada, ya adquiere un valor de 10.000 A. Entra entonces, en escena, el distribuidor, que en oportunidades lo realiza el propio monopolio o lo terceriza, agregando un costo adicional que eleva la inversión inicial y, en consecuencia, el costo final a un monto estimado de 15.000 A. El distribuidor, lleva el producto a las cadenas de comercialización donde se le agrega una ganancia, sugerida por el propio monopolio, y el producto llega a un costo final, que alcanza finalmente los 20-25.000 A, según le plazca al comerciante, obtener como ganancia. En la cadena, antes descrita, el objetivo de la ganancia del monopolio no es otro sino el beneficio de la renta petrolera, obtener los dólares regalados que le obsequia el Estado. En la actual coyuntura de bloqueo financiero-comercial del imperialismo de EEUU, el circuito ha cambiado en mucho pues el Estado, ya no puede darse el lujo de financiar las ganancias en dólares del monopolio. En consecuencia, el monopolio debe obtener sus dólares trabajándolos. Es por ello, que para garantizarse una buena ganancia de dólares, los monopolios privados han optado por el mecanismo de la súper especulación, ganancias extraordinarias, para garantizarse suficientes dólares para satisfacer las expectativas de ganancias de sus socios en el exterior. Con ello, pervierten la actividad económica, mediante la obtención de ganancias brutales, solo comparables con la usura de los banqueros-delincuentes. De allí, que el Estado Bolivariano, debe actuar para frenar las apetencia de ganancias máximas de los monopolios de alimentos, quienes mediante la especulación restringen el acceso a los alimentos a la población toda, sometiéndoles a la indigencia.
¿Qué proponemos?
En primera instancia, los Alimentos y el acceso a los mismos y a las medicinas, deben declararse como Derecho Humano, en la propuesta de nueva Constitución. De ello, se desprendería que la especulación, se convertiría en un acto de violación de derechos humanos fundamentales y como tal, debe ser sancionado –severamente- como delito de lesa humanidad.
En segunda instancia y con la finalidad de desestimular el monopolio, proponemos un Impuesto al Monopolio Privado de Alimentos, que lo peche con el veinte por ciento (20%) de sus ganancias brutas anuales. La distribución del IMPA, sería: diez por ciento (10%) para financiamiento de los CLAP, motivar su producción; y el restante diez por ciento (10%), para financiar la democratización del rubro alimentos. Crear nuevas empresas, que vayan a competir con el monopolio, y resquebrajarle su posición de dominio del mercado.
Dejar a su libre albedrío a los monopolios de alimentos, es renunciar a garantizar el mandato Constitucional de plena Soberanía Alimentaria para el pueblo venezolano. Desmercantilizar los alimentos, debe convertirse en un objetivo estratégico de la Revolución Bolivariana. Hugo Chávez, no titubeaba a la hora de honrar el mandato Constitucional: "No podemos permitir que sigan existiendo monopolios, eso está prohibido por la Constitución. Ayer ordené la intervención de las grandes empresas de café" (HCHF, 04-08-2009). El economista Luis Enrique Gavazut, es concluyente: "El proceso inflacionario en Venezuela está muy influido de manera coyuntural por el tipo de cambio ilegal, pero estructuralmente lo que está detrás de esa práctica es la condición monopólica u oligopólica de la economía en el país". A lo que se añade, una forma antinacional de ejercicio económico: "En la actualidad para las corporaciones resulta un contrasentido elevar la capacidad instalada, porque se trata de una estructura oligopólica que, según la teoría económica, se ponen de acuerdo para reducir la producción de manera de elevar el precio de los productos". En fin, en coincidencia con Gavazut, la hiperinflación se inicia en la empresa monopólica, allí se concreta y fortalece, ante la mirada esquiva del Estado Bolivariano, lo que ha significado –en resumidas cuentas- que hasta el presente, la Revolución Bolivariana ha venido perdiendo esa batalla, más no la guerra, contra los monopolios. Y, los efectos de tal derrota, los ha venido sufriendo el pueblo quien aprecia cada día, como los alimentos y medicinas, sumado al bloqueo imperialista, se le hacen cada vez más, inaccesibles…