A raíz de la implantación del Control de Cambios en 2003, proliferó una amplia gama de leyes, decretos-leyes, decretos, reglamentos, resoluciones ministeriales, providencias que sustituyeron a las leyes de la oferta y la demanda y al mecanismo de los precios como reguladores de la actividad económica. La arbitrariedad en la interpretación de la norma, así como los abusos en la aplicación de las sanciones, creó un ambiente de mucha inseguridad jurídica. Los allanamientos a establecimientos industriales y comerciales, la confiscación y remate de los inventarios, la violación de los derechos de propiedad y en el encarcelamiento de gerentes y propietarios conformaron un entorno cada vez más hostil al emprendimiento productivo.
El entramado de controles y sanciones degeneró en un caldo de cultivo en el que proliferó el tráfico de influencias, la extorsión y el cobro de comisiones y "vacunas". Los trámites oficiales para cualquier emprendimiento no solo se enfrentan al cumplimiento de complicados requisitos, sino a la arbitrariedad de funcionarios corruptos que retrasan los trámites para finalmente imponer su soborno.
exceso de controles y regulaciones, la debilidad institucional y la discrecionalidad de los funcionarios públicos se convirtieron en tierra fértil para la corrupción. Las instituciones públicas terminaron convertidas en feudos donde se articulan mafias que trafican y cobran por cualquier trámite, desde la solicitud de un pasaporte hasta un permiso para la exportación, pasando por el apostillado de un documento o el cobro de una factura en un ministerio.
El fin del rentismo
El rentismo se basó en la captación de una renta petrolera que pagaban los compradores del petróleo en el mercado internacional y que luego se distribuía internamente, atendiendo a las presiones de la clientela económica, social y política que tuviera el gobierno de turno. Pero la renta petrolera se ha derrumbado y no por una baja pasajera de los precios de los crudos, sino por el deterioro estructural de la industria petrolera. Ni éste ni el próximo gobierno podrán utilizar la renta petrolera como un mecanismo de dominación para premiar a los incondicionales, comprar a los indecisos y castigar a los opositores.
En adelante, para cumplir con sus funciones esenciales, el Estado está emplazado a evolucionar de la cultura rentista en la que todo lo pagaba el petróleo, hacia una nueva cultura tributaria en el que el gasto público se financie con los impuestos que paguen los contribuyentes. Por mucho dinero inorgánico que emita el BCV, éste siempre será insuficiente y cada vez más hiperinflacionario. La supervivencia y continuidad de este gobierno depende cada vez más de una recaudación tributaria no inflacionaria, pero esta fuente de ingresos fiscales está asociada a la reactivación de la economía privada. En efecto, para aumentar la recaudación de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, arancel de aduanas, tasas y tarifas a la actividad económica, comercial y financiera, se requiere liberar las fuerzas productivas para dar lugar a una economía pujante, en permanente crecimiento.
La liberalización económica
El régimen sabe que para aumentar su esperanza de vida tiene que conseguir más apoyo y recursos de unos aliados que le exigen corregir las desviaciones y errores de la política económica. Para atraer inversiones chinas, rusas, turcas o iraníes el gobierno está emplazado a mejorar el marco legal y el entorno institucional, tiene que bajar el riesgo país, ofrecer seguridad jurídica y garantizar los derechos de propiedad. De lo contrario, por muy aliados políticos que sea los gobiernos de esos países, sus inversionistas no vendrán a Venezuela.
El gobierno no cuenta con los recursos para evitar el colapso de los servicios de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y de la infraestructura de autopistas, ferrovías, puertos, aeropuertos, etc. Promover la inversión en estos sectores exige una profunda modificación y actualización del actual marco legal y regulatorio, plagado de aberrantes controles y requisitos que propician la corrupción. Requiere también el fortalecimiento de la eficiencia institucional a través de la simplificación y automatización de los trámites y procedimientos administrativos.
La liberalización de la economía comenzó con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, el Convenio Cambiario N° 1 que permite la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, la Resolución 1905-01 del BCV que autoriza la libre compra-venta de divisas entre privados a través de la banca, y la Providencia Administrativa N° 00071 del Seniat que permite facturar en divisas. El relajamiento del marco legal e institucional para atraer inversiones en el Arco Minero del Orinoco es otra de las maniobras de un gobierno urgido de recursos para sobrevivir.
El régimen también se plantea privatizar empresas expropiadas que terminaron quebradas por la corrupción. Voceros oficiales informaron estar dispuestos a ofrecer un esquema de asociación con la inversión extranjera, incluso en sectores considerados de importancia estratégica que estaban reservados a la inversión estatal. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, planteó que la distribución y comercialización eléctrica podría pasar a manos del sector privado para que se administre con criterio eficiencia, incluyendo el cobro del servicio, y así generar ingresos para mejorar su calidad. En América Latina, cada KWh se factura en promedio 0,10 $/KWh, una familia que consume 500 KW/mes paga 50 $/mensual, mientras que en Venezuela paga 0,10 $/mes. Con estas tarifas Corpoelec no puede pagar la nómina ni cubrir los costos de mantenimiento.
La sobrevivencia de un gobierno que ya no cuenta con el caudal de la renta petrolera –y cuyo descalabro se ha visto agravado por las sanciones financieras y comerciales-, lo obligan a aflojar los controles y liberar la economía. El régimen permite mayores grados de libertad para que las empresas e inversionistas construyan sus acuerdos sin la intervención de los entes públicos, tal como lo hizo con la activación de las mesas de cambio en la banca, medida que erradica el control que venía ejerciendo el BCV a través del Dicom. Sin lugar a dudas, el régimen intenta compensar la caída de la renta y el impacto de las sanciones a través del levantamiento de los controles y de una creciente liberalización de la economía para que esta se reactive y le genere los ingresos fiscales que ya no le aporta el petróleo ni puede obtener a través del impuesto inflacionario. En eso anda.