Salarios, precios y ganancias
Por: Henry Escalante
Jueves, 22/08/2019 07:46 AM
Iniciando agosto, ocurrió un evento que bien merece nuestra atención. Algunas municipalidades, tomaron la iniciativa de actualizar sus tributos. En el caso del Municipio Libertador de Caracas, la alcaldía se decidió por aplicar una tasa de 2 Petros, decisión plausible tomando en consideración que la criptomoneda es de curso legal en el país, como quedó establecido en una Ley Constitucional de la República. Igual decisión, han venido asumiendo otros entes municipales del Estado Aragua, ante la queja de factores políticos de oposición, organizados en Fedecámaras y su filial de Consecomercio. Lo sorprendente, no es que no quieran pagar impuestos justos a los municipios, como es cotidiano, sino los argumentos de quienes se nos presentan a través de sus empleados y empleadas en sus cajas registradoras y puntos de ventas, implacables y severos, mediante precios que suben –semanalmente- según por culpa del dólar. La lloradera de quienes se autoproclaman como líderes de las bandas comerciales, la inician denunciando ante los medios de la derecha que tienen pérdidas y no ganan lo suficiente para pagar tales tributos. La palabra “caro”, comienza aparecer en el vocabulario de quien encarece todo, y se protege en la moneda imperialista para encarecerlo todo. Valga decir, que probar un poco de su propia medicina no es ni tan malo, a ver si se compadecen de las dolencias de este pueblo por ellos causadas. “No nos negamos a pagar los tributos, pero los niveles de rentabilidad son bajos y es imposible cumplir con esos tributos exorbitantes. De lo contrario, desapareceremos”, advierte Ricardo Clámens, presidente de Fedecámaras Aragua, para un diario de esa entidad regional. En la misma publicación, dicho personaje se auto desmiente leamos: “Una empresa establecida en la zona industrial de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua, produjo en 2016, 12,6 millones de unidades, mientras que en 2017, se redujeron a 4 millones de unidades, en el 2018 disminuyeron a 2 millones de unidades y en 2019, solo ha producido 1,2 millones de unidades…” Lo que no explica el diario, es que mientras bajan la producción, una política planificada y deliberada para generar escasez de unidades, incrementan los precios por unidad a fin de mantener la rentabilidad del negocio; así es como funciona la guerra económica de la burguesía comercial-importadora, que no es contra el Gobierno Bolivariano como pretenden vender a través de sus medios de comunicación, sino contra todo un pueblo. Por su parte, Edith Rangel, quien se identifica como supuesta vocera del Frente de Trabajadores No dependientes, en su oposición al ajuste de los tributos municipales acude a la OIT y señala: “va en contra de los acuerdos que Venezuela suscribió con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el año 2015 para la transición de la economía informal a la formal, que establecía (entre otras medidas) bajar los impuestos (no subirlos) para que los trabajadores no dependientes y la economía informal se fueran transformando a la economía formal para desarrollar el país”. La Ley suprema de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución Bolivariana, es muy clara: “Artículo 13: Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la Ley…” ¿A qué tratado se referirá que está al margen de la Constitución? No faltaron, los opinadores anónimos en la mediática derechista para mostrar un cuadro de descontento general: “A las afueras de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, una de las manifestantes expresó “no nos negamos a pagar, pero sí le pedimos por favor nos bajen un poco al Sumat. Nosotros no ganamos en dólares ni en petros tampoco”.” Insistimos, entonces, por qué esos mismos comerciantes justifican sus arbitrarios incrementos semanales de precios en la subida del dólar, si como dicen, no ganan en dólares? Esperemos, que esta experiencia de los tributos municipales, se extienda a las tarifas comerciales de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y demás servicios que presta el Estado a la burguesía comercial-industrial-financiera para ver si el cambur verde macha. Tarifas comerciales todas, que deben incrementarse también semanalmente en la misma proporción que el mismo dólar, que utilizan para justificar sus incrementos de precios semanales.
En la Venezuela actual, todo sube menos Salarios y Pensiones. El BCV, se ha auto adjudicado la Política Salarial y Social, que, por Constitución Bolivariana, es responsabilidad exclusiva del Gobierno Bolivariano. La Constitución, impone la pauta al responsable de la Política Salarial en la República Bolivariana de Venezuela: “Artículo 91: Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales…” Así, la Constitución establece la meta en materia salarial y es, en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, que se concretan responsabilidades: “El Ejecutivo Nacional podrá decretar los aumentos de salario y medidas que estime necesarias, para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras…” (LOTTT, Artículo 111). Al hablar del Poder Ejecutivo, obviamente se refiere al Presidente de la República. Está más que claro, que el BCV al autoproclamarse en Poder Ejecutivo, está usurpando funciones que no son de su competencia, según lo dictamina su propia Ley, razón de más, que debe obligar a revisar y corregir esa facultad de poder ajustar Salarios y Pensiones, mediante el mecanismo del ajuste de la tasa o el valor del Petro como unidad de cuenta. Ya, que sí la misma, consideran los directivos del BCV, está en su valor real y no debe ajustarse y el Poder Ejecutivo considera que los Sueldos y Pensiones deben reajustarse al alza, ante la avasallante guerra de precios encauzada por comerciantes y bachaqueros, se paraliza una decisión de tal envergadura por la falta de consenso entre ambas partes, en la que, sin duda, predominará la decisión política sobre la económica. Urgente entonces, reclamar al Ejecutivo Nacional, el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, entre las cuales está el decretar los aumentos salariales para darle cumplimiento a la premisa Constitucional del derecho de los trabajadores y trabajadoras a contar con salarios que les “permitan vivir con dignidad y cubrir sus necesidades fundamentales”.
Esta materia, era una de las que más enorgullecía al Comandante Hugo Chávez, cada vez que anunciaba un aumento salarial. Así, en el Aló Presidente 190, transmitido el 02 de mayo de 2004, señalaba: “En el tema de los salarios, les garantizo siempre a los trabajadores y trabajadoras de mi patria, que el Gobierno Bolivariano les reconocerá sus derechos siempre hasta donde podamos” y remataba, en su alocución, denunciando al tenebroso FMI y sus tenebrosas órdenes a los países bajo su regencia: “No incrementar el salario, la congelación del salario, liberación de precios, Cestaticket. No ‘eso es populismo’, ‘hay que reducir el déficit fiscal’. Sin embargo, aquí no dependemos para nada del FMI”. En 2012, se enorgullecía, aún más, al anunciarle al mundo un nuevo aumento salarial que ascendía a 2.047 bolívares (476 dólares): "lo que nos coloca en primer lugar en salario mínimo en América Latina, si lo ponemos en dólares". ¡Cómo no sentirse orgullosos! Concluyendo, el Comandante: "Todos los años sin falta hemos decretado incremento del salario mínimo, una manera de concretar sólidamente la justicia social y ésa es una de las razones por las cuales Venezuela también es el país con el menor índice de desigualdad en este continente".
El Presidente Chávez, al igual que el Presidente Maduro, padecieron ambos, las estratagemas de quienes hoy se niegan a pagar impuestos, para pulverizar los consecuentes incrementos salariales. Siendo ésta, una de las vicisitudes que colmaron su inquietud de qué hacer para contrarrestar la ofensiva burguesa de anular la remuneración digna del factor Trabajo. En un ambiente de guerra económica y bloqueo imperialista, imaginamos que esas mismas inquietudes, hoy se han multiplicado al infinito. Más aún, cuando han fracasado iniciativas tendientes a liberalizar la economía, atendiendo precisamente el interés de esa burguesía “nacional”. Interés, que no solo ha revertido la situación salarial que tenía Venezuela en 2012, el salario mínimo más alto del continente, y un mercado interno en ampliación, demandando mayores bienes y servicios. Lo que nos indica, que no solo es interés del Gobierno Bolivariano y los trabajadores y trabajadoras poder contar con Salarios y Pensiones dignas, sino de esa misma burguesía que ataca a ambos, valga decir, al país entero.
Es por ello, estimamos que el verdadero diálogo nacional no es Gobierno-oposición política, sino Gobierno-oposición económica. Si esa oposición económica, estima continuar utilizando el dólar para justificar sus fechorías, es hora que el Gobierno Bolivariano utilice sus mismas armas y utilice el Petro, no solo para cobrarles los tributos nacionales y municipales; sino también, todas las tarifas denominadas como comerciales de luz, agua, telecomunicaciones, gas y que se incrementen en el mismo momento en que estos agentes económicos del imperialismo, decidan incrementar sus precios. Petrolizárselas e indexarlas a sus incrementos de precios semanales. El Gobierno Bolivariano, no ha empleado todo su arsenal de misiles con que cuenta. Bien, podemos afirmar, que ha sido demasiado benevolente con quienes poco merecen benevolencia y pretenden su derrocamiento violento. Las sucesivas derrotas, que ha infringido Gobierno y Pueblo Bolivariano tanto a Trump como su agente Guaidó, crean las condiciones para ese diálogo tan necesario para regularizar la economía nacional por las buenas, en un ejercicio de ganar-ganar. De manera, que los trabajadores y trabajadoras, puedan contar con salarios dignos, precios justos, accesibles y remunerativos, y los empresarios ganancias dignas para el factor capital, producto de altos niveles de productividad en un mercado interno en expansión y fuerzas productivas desplegadas a toda velocidad. ¿Se podrá llegar allá? ¡Claro que se puede! Trump, no diferencia entre Gobierno y oposición a la hora de disparar sus misiles contra la Patria, como ha quedado evidenciado en las recientes “sanciones”, tomadas en su Orden Ejecutiva que procura la “cuarentena” del país. Es la hora de asumir un Acuerdo Nacional para reivindicar los Salarios, Precios y las Ganancias.
Un Acuerdo entre Trabajadores, Empresarios y Gobierno para dinamizar nuestra economía y frenar esa inflación inducida desde el exterior, que perjudica a todas y todos, y solo intenta beneficiar los intereses políticos de los enemigos de la Patria. Un Acuerdo para establecer la meta de inflación por alcanzar, y quienes se divorcien de dicho Acuerdo con fines de saboteo, aplicarles una severa Ley Contra la Corrupción por aprobar en la ANC, actualmente engavetada por Pedro Carreño. En la cual, se establezcan penalizaciones contra la especulación y los especuladores de prisión y expropiación de bienes. Estimamos, que sí podemos avanzar en ese Acuerdo de ganancias compartidas y el Hno. Presidente Nicolás Maduro, no solo cuenta con la legitimidad requerida sino también, con la autoridad moral para convocar a los venezolanos y venezolanas, en procura de acuerdos para proyectar al país en el camino de la grandeza y prosperidad de la Nación. Producir, solo es posible con Salarios y Pensiones dignas!
Post Scriptum: Escuchábamos por radio Alba Ciudad, un productor agrícola describir sus costos de producción del kilo de queso, describiéndolo a continuación: leche, cuajo, sal, y se detuvo en el costo de la mano de obra, el trabajador del campo, y señalaba que le pagaba 70.000,00 Bs/semana por jornadas de 6 horas diarias más los adicionales, que se corresponden con pagos en especie, valga decir, queso, leche u otro producto de la finca. La suma de todos esos factores, le permitía asignar un costo de producción a puerta de finca de 20.000,00 Bs/kilo. Es un dato interesante pues confirma, que los productores privados, los verdaderos productores y no aquellos zafarranchos que ni impuestos quieren pagar, no están negados a pagar Salarios reales y dignos a sus trabajadores. Entonces ¿Por qué el Ejecutivo Nacional, es el negado a pagar Salarios y Pensiones dignas? ¿Qué o quién se lo impide? ¿El FMI o el BCV? ¿En base a qué? Ese debate tiene que ser abierto, sin secretismos…