El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un organismo internacional integrado por 189 Estados y Naciones que cuentan con representación formal y oficial en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especializados adscritos. De acuerdo a sus reglamentos internos, solamente puede ser presidido (Director-Gerente) por una persona representante de Europa, propuesta por la Unión Europea (UE) y apoyada por los Estados Unidos de América (USA-EEUU). El segundo cargo en importancia siempre corresponde a un representante de los EEUU En contrapartida el Banco Mundial siempre estará dirigido por una persona propuesta por los EEUU. Desde la directiva del FMI se planifican programas y políticas orientadas a intervenir en las ejecuciones, supervisión y manejo tutoreado de las políticas económicas, monetarias e institucionales de los países presionados para que aceptan los préstamos de dinero aportado por los grandes grupos financieros privados que operan detrás y por medio de este organismo multilateral.
Los grandes grupos privados internacionales de prestamistas que se mueven desde atrás del FMI, actúan como cazadores en permanente acecho para forzar su presencia en las naciones del mundo que presentan dificultades en sus cuentas nacionales, altos endeudamientos, PIB deficitarios, fuga de capitales, altos índices inflacionarios, severas devaluaciones y graves déficit fiscales. Su actuación y condiciones son más severas, exigentes y costosas que las que imponen los prestamistas que existen en los pueblos y ciudades de cualquier país y en este caso en Venezuela. Estos prestamistas locales te aportan una cantidad de dinero, pero a cambio debes suscribir/firmar un documento privado o notariado donde se establecen los montos a reintegrar (con la sumatoria de los intereses acordados), condiciones y regularidad de los pagos, así como los activos que afianzan o avalan el préstamo que reciben los deudores. Si no pagas en los lapsos acordados, aumenta la deuda por los intereses de mora y existe el riesgo que los prestamistas se queden con los activos comprometidos en la negociación.
En el caso de los préstamos otorgados por el FMI, las condiciones específicas y detalladas están sometidas al mayor secreto entre los empleados y asesores del organismo internacional y los funcionarios de los gobiernos que los suscriben. Entre las condiciones siempre estarán presentes las obligaciones del Estado/Nación receptor para comenzar pagando los intereses establecidos desde los mismos desembolsos progresivos que el FMI hará bajo estrictos mecanismos y control de sus funcionarios/delegados. Los Gobiernos/Estados se comprometen formalmente a realizar un conjunto de acciones jurídicas, institucionales, económicas, monetarias, laborales que reduzcan los gastos públicos dirigidos a las mayorías, eliminación de subsidios a los más pobres, desempleados y de bajos salarios, aumento de los impuestos generales y reducción de las tasas impositivas a las empresas y grandes capitales, rebajas o limitaciones de los salarios, aumento de la edad para acceder al derecho a la jubilación y congelamiento de sus montos, eliminación de la inamovilidad laboral, eliminación de las prestaciones sociales, así como privatización de los fondos de pensiones y establecimiento de figuras inestables o móviles en las condiciones laborales. Se obligan por medio de estos acuerdos a eliminar los subsidios de los combustibles y liberar los precios de todos los servicios públicos. Estas medidas están orientadas a convertir en negocios privados las actividades que corresponden al ámbito de responsabilidad del Estado, de lo público como la salud, la educación, seguridad social, seguridad pública, servicios carcelarios, electricidad, agua potable, aguas servidas, manejo de desechos, puertos y aeropuertos, vialidad, telecomunicaciones, recursos mineros y energéticos, mares, lagos y ríos.
El negocio redondo a favor de los grandes grupos financieros privados que aportan parte del dinero intermediado por el FMI y también de las naciones que marcan la pauta o controlan mayoritariamente estos organismos financieros, no radica solamente en la recuperación rápida del dinero con sus atractivas ganancias con los montos de los intereses, sino que como parte de las tasas de retorno de lo invertido (recuperación de capital prestado y ganancias) reportan unos beneficios extraordinarios al aplicar las clausulas de los acuerdos que obligan a vender o privatizar los más importantes bienes o activos de la Nación que recibe el préstamo. Además, al convertir en actividades privadas sectores y áreas que eran públicas, las empresas internacionales y algunas con capital mixto nacional-internacional vinculadas, relacionadas, asociadas y/o cercanas a los prestamistas, acceden a su compra en muy favorables condiciones (como gallinas flacas) y desde allí cambian su orientación de un bien público hacia una actividad empresarial privada con tarifas internacionales cuyas mayores ganancias se transfieren hacia las naciones donde están asentados estos capitales, donde si se adhieren a sus características originarias de NACIONES ESTADOS.
En Venezuela tenemos referencias concretas de los préstamos internacionales que se recibieron en los gobiernos presididos por Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez (segunda presidencia) y Rafael Caldera (segunda presidencia), quedando el país sin una gran cantidad de activos públicos que fueron vendidos (rematados) a empresas extranjeras y otras formadas en asociaciones mixtas de capitales internacionales y nacionales. La pobreza general y la pobreza extrema siguieron creciendo junto con el alto índice de desempleo, como lo demostraron la gran mayoría de publicaciones de los más diversos centros de investigación de los temas económicos y sociales durante todos esos años comprendidos entre 1978 y 2002. La Nación Venezolana tenía una inmensa deuda pública y privada, una parte del dinero de los préstamos internacionales fueron transferidos hacia el exterior por empresarios privados en complicidad con funcionarios públicos. Durante estos años varios bancos fueron declarados en quiebra e intervenidos por el Estado, porque sus propietarios se llevaron el dinero de los ahorristas fuera de Venezuela. El presidente Rafael Caldera solicitó dinero internacional para salvar varios de estos bancos y los propietarios de estas entidades privadas se llevaron también el dinero inyectado para salvarlos y dejaron en el Fondo de Garantías de Depósitos (FOGADE) activos "chimbos" que no representaban ni siquiera el 10 % de los que se habían robado a través de los bancos, que además era dinero de personas comunes de las más diferentes condiciones y capacidades económicas, desde humildes trabajadores, empleados públicos, buhoneros, amas de casa, pensionados/jubilados, profesionales, empresarios y dinero depositado por instituciones del Estado.
Aquel fatal 27 de febrero de 1989, cuando desde diferentes regiones del país como Guarenas, Guatire, La Guaira, Caracas sectores de trabajadores y estudiantes decidieron iniciar acciones de rechazo al Plan Económico Global de corto plazo expresado a través de las medidas de ajustes económicos que el presidente Carlos Andrés Pérez le anunció al país como parte de los acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional a cambio de "dinero fresco y en divisas" que la Nación recibiría a cambio de aplicar un conjunto de medidas de gobierno orientadas a garantizar una mayor acumulación y transferencia de capitales hacia el sector privado internacional. Entre estas medidas recordamos el aumento de los combustibles (gasolina), liberación de los precios de los servicios públicos, venta o privatización de grandes activos o bienes de la Nación, aumentos de impuestos generales, congelación de sueldos y otras que por su impacto no se anunciaban o estaban protegidas por las obligadas condiciones de confidencialidad que caracterizan estas negociaciones con este organismo internacional que representa a grandes grupos de prestamistas y cazadores de activos lucrativos en todo el mundo. Fuimos testigos de una intensa y masiva represión policial y militar desplegada por el gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez e integrado de manera protagónica, entre otros por Miguel Rodríguez, Ricardo Haussman, Moisés Naím, Fernández Mottola, Antonio Ledezma, Pastor Heydra y otros. Miles de muertos, grandes cantidades de heridos, enormes listados de detenidos y muchos desaparecidos fue el saldo de las acciones represivas de este gobierno de CAP. En paralelo se registraron una gran cantidad de establecimientos comerciales grandes, medianos y pequeños saqueados en todo el país y con mayor intensidad en la zona metropolitana que conforman el Municipio Libertador y Miranda, es decir el área Metropolitana de Caracas. A partir de allí comenzó la caída progresiva del Presidente Carlos Andrés Pérez, sacudido luego por dos rebeliones militares que intentaron sacarlo del poder (febrero y noviembre de 1992), quien se fue debilitando hasta que su propio partido Acción Democrática (AD) negoció con otros partidos, las Fuerzas Armadas y sectores empresariales su destitución como presidente, buscando así evitar el quiebre del poder del Estado y el Gobierno sostenidos políticamente como Democracia Representativa por los partidos Acción Democrática y COPEI. Es oportuno e importante recordar que el candidato Carlos Andrés Pérez (CAP) gana las elecciones de diciembre de 1988 con una fuerte campaña electoral que ofrecía una gran cantidad de beneficios y medidas populares a favor de las mayorías nacionales. Las imágenes de la campaña y hasta los actos de toma de posesión presidencial, estuvieron orientados a fomentar en el imaginario y las sensibilidades de los venezolanos un gobierno de bienestar y mejoras económicas para las mayorías de habitantes de este país. Los anuncios del mes de febrero de 1989 apuntaban hacia un conjunto de medidas económicas restrictivas que golpearían de manera brutal a los trabajadores y sectores medios del país: aumento del precio de la gasolina, aumento progresivo durante 3 años de los derivados del petróleo, liberación de precios de los servicios públicos, congelación de cargos públicos, aumento de impuestos, liberación de precios de productos alimenticios, privatización de empresas públicas, eliminación de la tasa preferencial y liberación de la tasas de interés.
Cuando observamos los acontecimientos que han caracterizado la dinámica social, económica y política del Ecuador durante estos últimos días, resulta inevitable comparar esas circunstancias con lo ocurrido en Venezuela en febrero de 1989. Según el Decreto 883 que inicialmente aprobó el gobierno presidido por Lenin Moreno, se establecía una reducción de las vacaciones para los empleados públicos de los 30 días actuales a 15; los contratos de empleos renovables pueden ser reducidos salarialmente hasta en un 20 %; los trabajadores públicos aportan obligatoriamente un día de su sueldo para el Estado; aumento de los combustibles y eliminación de los subsidios públicos. Este paquete de medidas obligadas por el Fondo Monetario Internacional a cambio de los préstamos que entregará al gobierno de Ecuador, constituyen la parte más visible de estos acuerdos. Todavía está por verse el resto de lo acordado y protegido bajo las medidas de confidencialidad que aplica el FMI en todas estas negociaciones. Las aguerridas acciones populares protagonizadas por trabajadores, comunidades originarias, estudiantes y desempleados brutalmente reprimidas por fuerzas policiales y militares, dejando un número importante de muertos, muchos heridos, otros desaparecidos, numerosos detenidos y perseguidos políticos lograron echar atrás el decreto que sintetizaba este primer tramo del paquete económico preparado por el FMI y orientado a garantizar una gran transferencia de capitales y activos públicos hacia las empresas financieras prestamistas privadas mayoritariamente del exterior. Los avances extraordinarios en infraestructuras, educación, calidad de vida, elevación del PIB, aumento y consolidación de las reservas internacionales, fortalecimiento de las grandes contrataciones públicas, integración económica regional y organización territorial obtenidos durante los años de gobierno donde el actual Presidente Lenin Moreno ejercía como un Vicepresidente estrella al lado siempre del entonces Presidente Rafael Correa, intentan ser desmontados, debilitando intensamente además al Estado Nación Ecuatoriano. El actual presidente de Ecuador ganó las elecciones apoyándose en la obra de gobierno del presidente Rafael Correa, de su prestigio como gobernante exitoso, en su plataforma política de la Revolución Ciudadana y en el firme ofrecimiento de continuar y profundizar la orientación gubernamental soberanista, incluyente, multipolar, integracionista y potenciadora/liberadora de las fuerzas productivas. Varios meses después de ejercer la presidencia, Lenin Moreno comenzó a perseguir a su líder referencial Rafael Correa, presionó para lograr el encarcelamiento del VicePresidente actual Jorge Glass y también decidió perseguir a otros líderes con importante proyección y capacidad política como el ExCanciller Ricardo Patiño, refugiado actualmente en México como perseguido político.
Al ampliar la mirada hacia otros espacios como Grecia, Francia, Alemania, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y otros países, nos encontramos con una dura y dramática realidad que golpea las condiciones de vida de los trabajadores, desde los empleos menos calificados hasta los técnicos y profesionalizados. El proyecto global/mundial/universal que se viene adelantando desde hace varias décadas y donde estos organismos financieros y multilaterales (Fondo Monetario Internacional) actúan como instrumentos importantes de los grandes grupos financieros y empresariales reunidos en esquemas corporativos globales como el Club Bilderberg (bajo el liderazgo de los billonarios y más ricos entre los ricos de Europa y EEUU) para asegurar un aumento de sus ganancias, de sus activos, asegurar nuevos negocios y debilitar proyectos soberanistas que intenten levantarse y sostenerse en cualquier parte del mundo actual. Las luchas que desarrollan los trabajadores de estos países como el agitado y golpeado Ecuador, están orientadas a defender conquistas y beneficios normales a los cuales han accedido desde hace años en algunos casos y largas décadas en otros. La estrategia empresarial global es llevar a los trabajadores organizados en estructuras sindicales autónomas a concentrar sus esfuerzos defendiendo beneficios sociales, económicos y jurídicos que intentan ser reducidos y/o eliminados. El objetivo parece ser mantenerlos distraídos en estas duras luchas, evitando así que intenten plantearse la ampliación de los derechos conquistados y la solicitud de nuevos beneficios. Todas estas acciones de lucha de los trabajadores de estos países, como el caso de los griegos, los chalecos amarillos, los trabajadores argentinos, brasileños, colombianos, chilenos y ecuatorianos tienen la similitud de movilizarse para evitar que les quiten derechos conquistados. En paralelo, los grandes grupos financieros y empresariales privados del mundo (1 % de la población mundial) y los gobiernos con quienes actúan en conjunto o comunión, siguen aumentando sus voluminosas ganancias, transfiriendo grandes masas de capitales hacia sus centros matrices y acumulando activos productivos y estratégicos.
El caso actual de Venezuela merece un tratamiento aparte porque además de constituir mi espacio vital y el Estado Nación al cual adscribimos nuestros intereses estratégicos, sensibilidades y motivos fundamentales de preocupaciones, así como también de nuestro optimismo tenaz por su recuperación y avance. Por acá se ha hecho evidente como la construcción de un proyecto soberanista, incluyente, multipolar, integracionista ha resultado una tarea compleja, borrascosa, accidentada, esforzada y transversalizada por una cultura propia de los países donde el verdadero rico es el Estado con sus activos y su capacidad de generar hasta el 97 % de los ingresos de divisas con la venta internacional de petróleo. Esta es una gran ventaja que le ha permitido a la Nación integrarse y territorializar el Estado Nación, desarrollar una gran infraestructura, impulsar políticas de cobertura social desde lo público, convertir al Estado en el gran y mayor empleador de la República. Pero también representa una gran debilidad porque el acceso y control del Estado y el Gobierno se convierte en una gran objetivo de los grupos familiares, empresariales, transnacionales, geopolíticos, políticos, arribistas, oportunistas, malabaristas, y todas las variantes de intereses que los humanos podemos desplegar para conquistar ese preciado Poder Público inundado de petróleo, gas, oro, hierro, coltán, costas marinas, recursos y fuerza hídrica, tierras raras valiosas, recursos mineros, tierras fértiles y mucho más. Nuestra gran fuerza como asentamiento de grandes recursos naturales y estratégicos es también motivo de nuestras debilidades para que surjan los más miserables intereses capaces de facilitar el debilitamiento, la entrega, el bloqueo, el aislamiento, el empobrecimiento artificial de la Nación a cambio de obtener beneficios materiales inmediatos.
En Venezuela no es el Fondo Monetario Internacional con sus préstamos leoninos quienes nos tienen pasando trabajo, dificultades, limitaciones, sufrimientos a la mayoría de los habitantes de la Nación. Por acá se está desarrollando otro esquema o metodología contra los proyectos soberanistas del mundo globalizado actual. Los operadores, analistas, investigadores de las más diversas áreas profesionales y los expertos en el manejo de información y desinformación adscritos o financiados por diversas instituciones públicas, privadas y fachadas que responden a los intereses geopolíticos que adversan este proceso soberanista, se han apoyado en las graves fallas y errores en el manejo interno de la industria petrolera, la industria gasífera, la industria petroquímica, la administración y asignación de divisas subsidiadas y las políticas monetarias, todas estas ejecutadas entre los años 2007 y 2016. Por las rendijas y fisuras de esas graves fallas han cabalgado con mayor facilidad los intentos para desestabilizar a mediano plazo la Nación. Nos han aplicado aquella expresión de "esperarnos en la bajadita", después de no lograr consolidar una gran industria petrolera, capaz de mantener y aumentar la producción de crudos livianos, medianos en paralelo a las nuevas extracciones de pesados/extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, no aumentar la producción de gas asociado y no asociado, tampoco lograr multiplicar las instalaciones petroquímicas y potenciar la que ya existía para obtener una gran cantidad de los numerosos derivados que se pueden extraer del petróleo, manejar con riguroso criterio de Estado la administración y asignación de divisas subsidiadas a Bs 4,30; 6,30; 12,00 y finalmente las de Bs 10 para grandes y numerosos grupos empresariales asignados hasta años muy recientes.
Sobre estas fallas se montaron los esquemas de desestabilización de la economía venezolana, contando con la participación muy activa de venezolanos ubicados políticamente en espacios de la oposición política. Junto a grupos empresariales grandes, medianos y pequeños que recibieron enormes cantidades de divisas subsidiadas entre 2004 y 2018, y en paralelo han colaborado en forma abierta y encubierta para acelerar los graves problemas de desabastecimiento de productos, manipulación cambiaria, especulación y fuga de divisas. Los saboteos internos combinados con graves errores gubernamentales y con las duras medidas de bloqueo y asfixia económica internacional impulsadas por los gobiernos de los EEUU y sus socios nos han llevado de manera forzosa a la actual situación parecida en importantes áreas económicas y sociales a los terremotos y tsunamis sociales y económicos que va dejando a su paso el FMI por las naciones donde aplica sus recetas draconianas y leoninas. También han contado con la participación y colaboración de altos y medios funcionarios de Estado y de Gobierno (Nacional, Regional y Municipal) quienes desde adentro de estas instituciones han trabajado para afectar el funcionamiento efectivo y eficiente de las instituciones públicas. Algunos de estos se encuentran actualmente en el exterior trabajando junto a opositores venezolanos para países hostiles en actividades orientadas a socavar la estabilidad, la fortaleza y la existencia integral de la Nación Republicana Bolivariana Venezolana. Quienes dirigen las instituciones del Estado y el Gobierno en Venezuela tienen la complicada y exigente responsabilidad de ejercitar una profunda práctica ética de ESTADO y NACION para corregirse, recrearse y evitar quedar atrapados entre la mediocridad de los abrazos laudatorios y adulantes de los pequeños círculos de poder que tienen grandes habilidades para empañar y cegar las perspectivas críticas que deben mantener quienes ejercen el Poder Público.