Luego de tantos años de controles y políticas antagónicas al fomento de la inversión privada, los empresarios extranjeros y nacionales siguen esperando. Aguardan por un cambio de gobierno que ofrezca garantías sobre lo invertido, y sobre todo que les permita operar en un entorno saludable, de equilibrios y confianza.
Desde muchos lugares del planeta hay inversionistas atentos al desenlace del dramático panorama político que hoy en día enfrenta el país. Pero son los discursos explosivos por parte de los gobernantes de turno, los que cada día ahuyentan más, su tan necesaria participación en el deteriorado sistema económico de la nación.
A los inversionistas y empresarios del país, se les acusa de especuladores, fomentadores de odio, aprovechadores, estafadores, y a los que aun no llegan se les reconoce como mal intencionados que se quieren apoderar de lo poco que queda en Venezuela. Discusión que se ha diluido, dando la razón a quien la tiene. El país ha llegado a niveles extremo de escasez y atraso debido al acoso permanente a la propiedad privada y a la privación de libertades económicas para su desenvolvimiento, lo que a su vez ha dejado al desnudo la evidente incapacidad del Estado en su rol de empresario.
En contraste con las aseveraciones gubernamentales, los empresarios están conscientes del papel fundamental que cumple el sector privado en las economías y el desarrollo que promueven. Y para cerciorarnos de ese nivel de conciencia basta echar un vistazo a Corea del Sur, potente país que forma parte de los llamados "tigres asiáticos" y que ha mantenido significativas tasas de crecimiento industrial y económico durante las últimas dos décadas, y compararlos con Corea del Norte, quien bajo el sometimiento del comunismo y la dictadura ha quedado en el oscuro esquema del pasado. Indiscutiblemente, los países con libertades económicas y condiciones claras, crecen tecnológicamente, aumentan y mejoran su educación, generan empleos, aumentan la sensación de estabilidad y prosperidad de sus ciudadanos y además aportan al Estado.
En ese sentido, el sector privado debe ser reconocido como eje fundamental del despegue económico del país, y su actividad se hará patente en resultados, es decir, en calidad de servicios y bienestar hacia la población. Pero para ello, se deben establecer reglas claras y condiciones que estimulen la producción y devuelvan la confianza. En pocas palabras, nadie va a colocar un dólar en alguna actividad económica dentro del país, si no se garantiza que el mismo será devuelto, y menos si ese dólar no se remunera con alguna ganancia para aumentar el capital.
En consecuencia, el gobierno debe volver a su actividad natural, fundamentada en mantener la estabilidad económica, el incentivo de la competencia y la flexibilidad del mercado, lograr el equilibrio de algunas variables como inflación, tasas de cambio e interés, estimular la libre competencia y la aplicación de la ley de oferta y demanda. Hay que mencionar además que el Estado no está diseñado para ser empresario, dueño de siderúrgicas, bancos, Empresas de alimentos, servicios públicos como agua, electricidad e internet, cuestión que ha causado grandes pérdidas dinerarias, debido al manejo ineficiente de las mismas, y todo como consecuencia de ocuparse de actividades propias del sector privado, bien refiere el dicho; ¡zapatero a su zapato!
En síntesis la confianza no se decreta, es mediante un proceso de garantías y respeto a la propiedad privada, sin que ello implique más expropiaciones de bienes y se continúe persiguiendo a quienes invierten y producen dentro del país. Los empresarios esperan menos discursos incendiarios y mas condiciones claras para emprender.