Por ajuste económico suele entenderse el paquete de medidas que un gobierno toma para corregir los desequilibrios macroeconómicos que tienden a agravar los problemas de contracción económica, fuga de capitales, desinversión, escasez, inflación y empobrecimiento de la población. Entre las medidas clásicas que conforman un programa de ajuste económico figuran:
- La corrección del déficit fiscal a través de la reducción del gasto público y el aumento de los impuestos, cuestión que no le gusta ni a los trabajadores ni a los empresarios;
- La erradicación del financiamiento monetario del déficit fiscal que obliga a la eliminación de los aumentos de sueldos por decreto y los bonos clientelares;
- El aumento del precio de los combustibles y la sinceración de las tarifas de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y otros servicios públicos, cuestión que resta popularidad al gobierno;
- La privatización de empresas públicas deficitarias con la consiguiente reducción de nóminas que genera una férrea resistencia sindical;
- La eliminación o fusión de entes públicos inoperantes o redundantes;
- La sincronización de las tasas de interés con la inflación lo cual encarece el crédito y aumenta los costos financieros de las empresas y personas ya endeudadas.
En fin, se trata de una serie de medidas que no suelen ser bien recibidas, sobre todo cuando los costos del ajuste se cargan sobre los sectores más vulnerables como las pequeñas y medianas empresa, la clase media profesional y los trabajadores que viven de un ingreso fijo.
El ajuste inflacionario del déficit fiscal
En Venezuela, a pesar del descalabro del ingreso fiscal de origen petrolero y del desplome de la recaudación de impuesto sobre la renta (Islr) e impuesto al valor agregado (IVA) como consecuencia de la prolongada recesión de la economía, se ha mantenido la inercia de un gasto público populista que ahora es financiado con desmesuradas emisiones de dinero, cuestión que se ha convertido en el principal factor propagador de la inflación.
Al desaparecer el superávit petrolero como fuente de ingresos y, ante la reducción de los ingresos no petroleros, el gasto público no se puede cubrir ni con renta ni con impuesto. El déficit fiscal supera el 20 % del PIB y, para financiarlo, el gobierno recurrió primero al financiamiento externo y, una vez cerrados los mercados financieros, a la emisión monetaria del BCV.
Habilitado por las reformas a Ley del BCV que prácticamente lo obligaron a financiar los gastos del gobierno, las transferencias a través de la cuenta "Crédito a las empresas públicas no financieras" rellenó con emisión monetaria el hueco fiscal causado por el derrumbe en la recaudación de impuestos petroleros y no petroleros.
Sanciones obligan el ajuste económico
Maduro heredó de Chávez una deuda externa superior a $ 110 millardos, con pagos a razón de $ 8-10 millardos cada año. Al no renegociar a tiempo un cronograma de pagos que más temprano que tarde no podría cumplirse, se condenó al aparato productivo a hundirse en la depresión más larga de la historia económica de Venezuela. En efecto, para pagar puntualmente la deuda, el ajuste económico se hizo al precio de sacrificar las importaciones de materias primas, maquinarias y equipos que requería la buena marcha de la actividad económica.
Las importaciones se desplomaron de $ 74 millardos en 2013 a solo $ 19 millardos en 2018. Esta drástica reducción generó graves consecuencias para la producción nacional que se vio privada de los insumos importados para continuar su actividad. El PIB se estanca y a finales de 2013 comienza a caer ininterrumpidamente, al extremo de acumular 6 años consecutivos de contracción. Según cifras publicadas por el BCV, la actividad económica se redujo en 49,3 % entre 2013-2018. Para 2019, estimaciones del FMI estiman una caída adicional del 35 %.
A pesar de que los precios del petróleo se mantuvieron altos hasta 2014, desde 2013 la economía va mermando cada vez más. A partir de 2017 la Administración de Donald Trump comienza a aplicar una amplia gama de sanciones financieras, comerciales y económicas que agravan aún más el colapso de la actividad económica y prolongan la contracción del PIB. Diferentes proyecciones estiman que para 2020 habrá una nueva caída entre 10-12 %, a pesar de proyectar un precio promedio de la cesta petrolera en torno a 55-60 $/barril.
Ante las sanciones financieras impuestas por EE.UU. y las sanciones y congelamiento de activos a funcionarios y personas por parte de la Unión Europea, Maduro se ha visto emplazado a profundizar el ajuste económico como estrategia de sobrevivencia. Para prolongar su esperanza de vida en el poder, el Gobierno levantó los controles de cambio y de precios.
La dolarización oficiosa -aunque no oficial-, se ha profundizado al eliminar la Ley de Ilícitos Cambiarios, aprobar la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, permitir las mesas de cambio en la banca, autorizar la facturación en divisas e indexar los créditos comerciales a la evolución de la tasa de cambio oficial.
También se ha eliminado el arancel de aduanas en la mayoría de los códigos arancelarios y se han flexibilizado los permisos fitosanitarios y zoosanitarios hasta casi desaparecer, con lo cual se han abierto los puertos a toda clase de importaciones que compiten ventajosamente con lo que queda de producción nacional.
La desigualdad en las cargas del ajuste
A la larga, el ajuste económico de Nicolás Maduro resultó ser muy recesivo para el aparato productivo nacional que, por si fuera poco, ahora se ve obligado a competir con importaciones traídas a una tasa de cambio sobrevaluada, sin pagar arancel y que no cumplen con los requisitos paraarancelarios a los cuales si se obliga a la producción nacional.
Así, el peso del ajuste económico recayó sobre las pequeñas y medianas empresas, la clase media profesional y los trabajadores, desatando esas mismas olas migratorias: primero la de los empresarios, luego la de profesionales y técnicos, y finalmente la de los trabajadores y sectores más humildes.
La liberación de la economía de los controles de cambio, precios y barreras arancelarias y paraarancelarias se hace con el fin de que la economía privada resuelva por sí sola sus necesidades de divisas, bien sea a través de la repatriación de capitales depositados en la banca internacional, la inversión extranjera, las exportaciones no petroleras o de las remesas.
Para muestra un botón: si los 4 millones de venezolanos que Acnur ha registrado como migración venezolana envían a sus familiares un promedio de 100 $/mensual, esto equivale a $ 400 millones/mensual, lo que significa que el monto total por concepto de remesas pudiera ascender en 2020 a 4.800 millones anual.
Así, la diáspora venezolana se convierte paradójicamente en una máscara de oxígeno para el Gobierno. Por un lado, alivia la presión sobre la demanda de alimentos, medicinas y servicios públicos de salud, educación, vivienda, etc.; y, por otro lado, pasa a ser una creciente fuente de divisas que compensa el colapso de la renta petrolera y el impacto de las sanciones sobre el ingreso externo del país.