En el neoliberalismo no existe compatibilidad entre política nacional y economía liberalizada. Todo intento de construir un Estado inserto en el liberalismo económico es inversamente proporcional a una política social y económica soberana y nacionalista.
Para salir de este dilema, en el coloquio de Walter Lippmann (Alemania, 1938), se inventa la fórmula del Ordoliberalismo: arte de gobernar lo social (tecnocracia) imponiendo la legitimidad de la libre competencia como modelo, reduciendo a su mínima expresión al Estado, instrumento táctico y estratégico en manos de unos cuantos países para alcanzar una hegemonía en lo económico e imperialista en lo político, con respecto al resto del mundo (List).
Plantean que debemos abstenernos de modificar la competencia tal como existe, no intervenir frente a las desigualdades iniciales, a lo sumo impedir que la competencia sea alterada por el monopolio, pues la intervención de los poderes públicos en la economía a través de privilegios aduaneros o impositivos, genera distorsión, al favorecer a algunos actores económicos.
Se oponen a las políticas sociales, estas no pueden ser un objetivo del Estado. Tampoco la igualación social y la distribución equitativa para el acceso a bienes de consumo, mucho menos controlar precios pues es la autorregulación económica y no la igualación la que genera equilibrios en el mercado
Opinan que "es preciso que haya algunos que trabajen o no, salarios grandes y pequeños, precios que suban o bajen para que la autorregulación del mercado actúe, por ello toda política social cuyo primer objetivo sea la igualación aún relativa, es antieconómica, y debe permitirse que existan desigualdades como regulador general de la sociedad, por cuanto eliminarlas afectaría la ganancia destinadas al ahorro (acumulación) y a la inversión y la volcaría al consumo" (Von Mises)
Lo racional es eliminar la política de pleno empleo y la inversión pública, garantizando que una parte de los ingresos más elevados dedicada al sobreconsumo, se transfiera un mínimo vital a los más débiles, depauperados y marginados: administración de las migajas del Estado artefacto.
Proscriben a la política social que estimula el consumo y los ingresos –reparto equitativo de la riqueza- y defienden a la economía como único garante de proporcionar los medios suficientes para que cada quien auto asegure su ahorro, y enfrentar los riesgos y fatalidades de la vida: adiós a las pensiones, sistema de salud, educación y vivienda.
El impedimento de los neoliberales para aplicar sus políticas de ajuste y cambio estructural en el país, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene como fin supremo remediar situaciones de inferioridad, superando las desigualdades, neutralizando sus consecuencias, removiendo obstáculos, garantizando igualdad material y real de oportunidades y condiciones, donde el Estado es expresión del pueblo, la economía de mercado no es el principio regulador del resto de la sociedad (Pareto eficiente), y las políticas sociales no son compensatorias o de asistencia mínima vital, sino una política de producción social, felicidad, bien común y autovaloración.
Nuestro modelo de Estado democrático Social de Derecho y de Justicia se fundamenta en el bien común, proporcionando una vida digna, con soberanía e independencia, utilizando como palanca el dominio público de los recursos naturales y el ideario Bolivariano humanista, emancipador, que continentalizó la unión de espacios de poder privilegiando a la comunidad, a la familia y a la patria.
Cualquier política contraria a nuestra Constitución, destinada a abandonar el papel de Estado al servicio de la ciudadanía, desregulando y privilegiando al libre mercado y la competencia, congelando salarios y retrogradando beneficios laborales, privatizando recursos naturales, renunciando a intervenir en la economía, estaría al margen de los fines supremos de nuestra Constitución.
Venezuela con su historia, su ubicación geográfica privilegiada y sus recursos naturales y humanos, aún con el asedio, restricciones y persecución que sufre no puede ni debe asumir una política económica, cultural y social ordoliberal como única alternativa, necesita una estrategia proteccionista nacional, nos dé coherencia en el tiempo, para perdurar sin deshacernos en el entorno hostil. Este debe ser el supremo interés de la Nación