Estoy consciente de que plantear lo que señalaré en las próximas líneas es llover sobre mojado. Me refiero a la política salarial del gobierno. Pero como la situación se repite año tras año, a cada aumento le sigue un incremento de la inflación, creo que vale la pena insistir. Venezuela debe tener el récord de ser el país que aumenta con más frecuencia el ingreso de los trabajadores públicos y con incidencia en el sector privado, incluso en tiempos de bloqueos y pandemias, llegando en ciertos momentos hasta incrementos trimestrales.
En cada anuncio de aumento los empleados se alegran, pero casi simultáneamente también se elevan los precios de todos los productos alimenticios, de manera que al salario se le hace imposible alcanzarlos. Es un círculo vicioso donde el control lo tienen los empresarios, los intermediarios y los comerciantes, y el país no avanza.
Nadie en el gobierno parece comprender que los aumentos de salarios por si solos no funcionan, si no hay autoridad ni mecanismos eficaces para impedir que los mercaderes se apropien del ingreso de los trabajadores, porque la referencia es el dólar, moneda cuya paridad cambiaria en la economía real la determinan agentes externos, a pesar del infructuoso intento del BCV por ajustarla. Entonces, un salario integral de 800 mil bolívares apenas equivale a poco más de 4 dólares norteamericanos, al cambio vigente para el 28/04, de 197.242 Bs/$. Con ese dinero un trabajador podría adquirir 1 kg de queso popular (blanco duro, para rallar) y 2 kg de harina de maíz precocida, si consideramos la tarifa que mantenía el mercado de Quinta Crespo para la fecha señalada: 2,61 $/kg para el queso y 0,74$/kg para la harina, según reseña "Últimas Noticias".
Si los comerciantes aceptaran la tasa oficial del BCV, del orden de 170 mil Bs/$, quizás sería posible agregar media unidad de mortadela especial, cuyo precio es de $0,55, según la misma fuente. Y no hablemos de la carne, pollos y pescados distintos a las sardinas, porque dependiendo de los negocios y con la movilidad limitada que impone el coronavirus y la escasez de gasolina, el solomo llega a costar hasta 920 mil bolívares el kilo. No hay salario mínimo que pague eso.
Recientemente, con la proximidad del primero de mayo, el jefe de Estado reiteró su empeño en proteger a los trabajadores, y palabras más, palabras menos, manifestó reservarse esa tarea: "ustedes hagan el resto, que de la defensa de los trabajadores me ocupo yo". Pero la práctica reiterada de aumentos salariales frecuentes y de "precios acordados" que luego no se respetan, simplemente no funciona. Muchos trabajadores preferirían que los aumentos salariales no fuesen tan habituales, con tal de que un buen control permanente de la especulación permitiese mantenerla a raya, con precios justos, razonables, que no se traduzcan en la acumulación exacerbada de dinero por unos pocos, a costa de la mayor pobreza y la subalimentación de muchos. El nuestro es quizás el único país del mundo con economía dolarizada donde reina una especulación en dólares, asfixiante. El primer paso para una "Venezuela bella" debería ser combatir el hambre.
El problema de la especulación no puede ser resuelto directamente por la gente, porque en el intercambio entre compradores y vendedores estos últimos tienen gran ventaja y en particular con los alimentos no perecederos. "Lo paga o lo deja", es la respuesta agresiva de los dependientes ante cualquier reclamo, y nunca falta quien compre enseguida lo que un comprador rechaza, porque la oferta no abunda y porque en fin de cuentas los comerciantes se cartelizan. Pero, además, muchos negocios "formales" ni siquiera dan facturas de compra, con lo cual evaden enterar el monto del IVA al SENIAT y niegan una constancia legal de pago al comprador, a quien apenas muestran el monto de la transacción en la pantalla del punto de venta, con la excusa de que no hay papel para eso.
En Venezuela existe un marco legal para la contraloría social, incluyendo una ley orgánica sancionada en 2010, que en sus artículos 2 y 3 destaca su importancia como mecanismo de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos, para garantizar transparencia y eficiencia en las actividades públicas y privadas, de modo que no afecten negativamente los intereses colectivos. Sin embargo, ha sido tan escaso el éxito logrado por esa vía en relación con el suministro de bienes y servicios por el sector privado, que el tema cayó en desuso, al igual que el de la agilización de la burocracia, que se esperaba con un decreto ad hoc del 2014.
En relación con la participación de la gente en la lucha contra la especulación, los consejos comunales serían ideales, por ser la célula organizativa a la escala del vecindario, donde muchos de los integrantes se conocen. No obstante, las frecuentes denuncias públicas sobre sus fallas en la gestión del programa de los CLAP, que se escuchan casi a diario en emisoras de radio y que dan cuenta del desvío de productos para su venta particular, tienden a descalificarlos. El recurso de las denuncias telefónicas del tipo 0800- Quéjate, tampoco han resultado eficaces y sólo algunos operativos con objetivos y momentos políticamente rentables, como el de la intervención de grandes tiendas por el SUNDDE en diciembre de 2016, han resultado exitosas. Por un rato nada más.
Ante una nueva versión de "precios acordados" que a la fecha aún no han sido divulgados, el gobierno debería imponer autoridad para garantizar esta vez su cumplimiento. Mas aún, cuando desde ya, voceros empresariales agrupados en CAVIDEA afirman que algunos de los 27 productos a ser considerados tendrán precios inferiores a los costos de producción, y desde Fedecamaras alguien clama por la invasión norteamericana para acabar con un gobierno que está "boqueando". Que descaro.
(*) Profesor universitario