LA RUIDOSA APROBACIÓN
La aprobación de la LEY ANTIBLOQUEO PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS por la Asamblea Nacional Constituyente el 08 de octubre de 2020, puso a prueba el nivel de aceptación y liderazgo del presidente de Nicolás Maduro para gerenciar la crisis que implica el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra nuestro país.
Varios de sus más fieles defensores intelectuales dudaron y se pusieron a denunciar públicamente que la propuesta era una estafa, que se estaba abriendo las puertas al neoliberalismo, que se iban a privatizar algunas empresas estratégicas del Estado, que realmente eso no cambiaría nada porque no era necesario y que el presidente se convertiría en un dictador que podría cambiar las leyes orgánicas sin pasar por la Asamblea Nacional o el Tribunal Suprema de Justicia.
Es una ley marco que buscar defendernos de las agresiones imperiales contra nuestra economía y crear las condiciones para impulsar una verdadera economía transitoria hacia el postrentismo petrolero. Donde se estimule la inversión sin ofrecer petrodólares (que no tenemos) a ningún inversionista nacional o internacional. Donde se abra el camino para el emprendimiento, la innovación, la creatividad empresarial o comunal por medio de alianzas productivas estratégicas rumbo a la industrialización nacionalista que siempre hemos deseado.
Pero los críticos del proyecto de Ley sólo quisieron ver algo que no existía (la posible privatización y entrega de nuestros activos a intereses extranjeros), algo muy difícil de ejecutar en un país altamente politizado y lleno de defensores del nacionalismo petrolero y de las empresas básicas en manos del Estado. Ellos no vieron el mundo de posibilidades que nos da esa ley para sacar el país adelante de manera independiente, sobre la base de nuestras potencialidades, riquezas naturales y la cantidad de emprendedores que ha forzado la difícil situación de guerra económica de los últimos años. Porque ya nadie quiere trabajar en la administración pública; los sueldos y salarios no alcanzan; ahora casi todos quieren ser empresarios o comerciantes. Esa es una percepción y condición social que debemos aprovecharlo como nación.
Es una ley que busca desarrollar una nueva economía no atada a los intereses transnacionales estadounidenses, de aquellos que nos hacen daño con fines políticos, hasta llegar a cometer crímenes de lesa humanidad contra nuestra población. En contraste, la Ley más bien promueve la defensa y promoción de nuestros empresarios, de los inversores extranjeros en el país no aliados a Estados Unidos y sus transnacionales, del impulso al comercio exterior y da herramientas para la defensa de los intereses nacionales.
Finalmente, busca asegurarle a la población venezolana "el disfrute pleno de sus derechos humanos, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida" (Artículo 7). Y lo que se dejó como tácito, es que se garantiza el principio de legalidad: nadie puede violentar las normas constitucionales en ningún momento so pena de ser sancionados por delitos que no prescriben.
DEFENDERNOS DE LOS QUE NOS AGREDEN
No es malo un instrumento legal que busque defendernos de quienes nos agreden y han hecho daño casi que irreversible a la población y a nuestra economía.
Si hay que aliarse, suscribir tratados, acuerdos o convenios internacionales, bilaterales o multilaterales, con cualquiera país o corporación transnacional que nos garantice el bienestar, la paz, un salario digno, un sistema de protección social y de servicios públicos de mejor calidad, que restituya el valor de las prestaciones sociales, los ahorros de los trabajadores, incluso burlar al que nos agrede para aumentar la producción nacional, disminuir las importaciones, distribuir bienes y servicios de origen nacional y generar empleo productivos, con la revolución bolivariana mandando, no puede verse como malo o perjudicial para el país.
LA LEY ANTIBLOQUEO ABRE LAS PUERTAS AL EMPRENDIMIENTO NACIONAL
Si ésta la Ley Constitucional no queda como letra muerta y se ejecuta lo que dice, entonces le estaría abriendo las puertas al EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO NACIONAL y a su vez acabando con la economía parasitaria en Venezuela.
Cuando se leen los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley Antibloqueo, se abren las puertas al empresariado nacional, al emprendimiento y las iniciativas productivas privadas, comunitarias o familiares. El Estado ahora dispone de una herramienta jurídica para diseñar mecanismo estratégicos que permitan burlar y no depender de la economía estadounidense y de sus países aliados. Ahora somos los propios venezolanos los que podemos desarrollar nuestro país. El apoyo de la pequeña y mediana empresa nacional es un camino seguro para la independencia y soberanía económica. Eso es algo que no es malo.
Lo que más gusta de la Ley es que el Estado puede firmar alianzas con entidades del sector privado nacional para desarrollar estrategias que permitan mejorar la producción de bienes y servicios en empresas estatales, mejorar su eficiencia, protegerlas contra los ataques monopólicos, de las amenazas provenientes del mercado externo, crear e implementar mecanismos creativos de financiamiento interno para superar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos.
El Artículo 33 es de avanzada para iniciar el proceso de industrialización socialista que tanto pregonó el presidente Hugo Chávez y que ha insistido el presidente Maduro. Permite desarrollar programas para el estímulo de la inversión en los emprendimientos o iniciativas sociales por parte de los profesionales, técnicos, científicos, académicos, empresarios y grupos u organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público o privado y del poder popular organizado, en proyectos o alianzas en sectores estratégicos.
LAS FUNCIONES DE LOS EMPRENDEDORES EN UN CONTEXTO DE GUERRA ECONÓMICA Y BLOQUEO IMPERIAL
Los emprendedores junto a los empresarios son claves para mejorar el desempeño económico nacional de cara a una Nueva economía postrentista petrolera y post boqueo.
La Ley Constitucional Antibloqueo precisamente es para intentar superar esas dos fallas económicas estructurales luego de 20 años de revolución: el rentismo petrolero y el bloque imperial. La primera, forzada por la realidad de nuestra industria petrolera, que en este momento no aporta casi nada al fisco nacional por las fallas gerenciales, la corrupción, la carga nominal, la falta de mantenimiento y de financiamiento, que conllevaron a la caída de la producción y, por ende, las exportaciones petroleras.
Y, la segunda falla, por las medidas coercitivas unilaterales y la persecución financiera y comercial internacional que ha impulsado el gobierno estadounidense contra Venezuela en los últimos 5 años, gracias a un Parlamento Nacional opositor, traidor a los intereses de la nación, que ha permitido nos infrinjan esos daños.
Las funciones de los emprendedores y empresarios venezolanos patriotas constituyen ese eslabón relevante para mejorar el desempeño económico, por ser agentes natos del cambio social. Están asociados con la constitución y puesta en marcha de empresas pequeñas y medianas, con la asunción de capitales de riesgo y con la introducción de innovaciones productivas y comerciales. No obstante, en tiempos de crisis o bloqueo incesante como el que padece nuestro país, su desarrollo y fortalecimiento depende del apoyo institucional gubernamental, del ambiente de seguridad jurídica y financiera para su surgimiento, de las redes de apoyo económico y social que tiendan a propiciar las iniciativas empresariales.
En términos generales, la ley Antibloqueo plantea generar políticas públicas orientadas a promocionar, fortalecer y reestructurar aquellas instituciones del Estado relacionas con el tema económico productivo requerido para incentivar el potencial de emprendimiento nacional en el corto plazo y mediano plazo. Porque no hay tiempo que perder en reformas legales, de resoluciones o debates parlamentarios para resolver eslabones fundamentales que conlleven a crear condiciones de seguridad, confianza, financiamiento y más apertura a las inversiones extranjeras para el desarrollo de un parque industrial y comercial nacional, independiente y protegido de las amenazas imperiales, que permita reiniciar un proceso de crecimiento económico sostenido, garantizando los derechos de propiedad claramente reconocidos y sancionados en nuestra Constitución.
Para lo anterior se requiere formar empresarios, darle oportunidades a las iniciativas de emprendimientos privados y comunitarias. Este es el momento para los Consejos Comunales, para los proyectos de vida de los profesionales y técnicos, para los gremios empresariales patriotas y honestos, no para los especuladores y manipuladores de precios que estimulan los niveles de inflación padecemos en la actualidad.
ARTÍCULO 26, EL TEMOR DE LOS CRITICONES DE LA LEY ANTIBLOQUEO
La Ley Constitucional Antibloqueo le vuelve a dar otra oportunidad al gobierno de Nicolás Maduro para intentar enrumbar la economía y sacarla de los niveles de estancamiento, depresión e inflación de los últimos años. En el Artículo 26, le permite reestructurar la figura jurídica, administrativa y la participación accionaria del Estado en determinadas empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, en función de mejorar su eficiencia, que sean más productivas, que no den pérdidas, garantizando los derechos laborales, todo lo anterior "sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".
La ejecución del Artículo 26 de la Ley Constitucional Antibloqueo debería entrar en debate público nacional. Es aquí donde el Presidente de la República debería forzar el debate, presentar la polémica, porque aquí precisamente es donde más de un "socialista", "comunista", "capitalista", "neoliberal" o dogmático, pondrá su grito al cielo. Porque este artículo se refiere a la cesión accionaria del Estado al sector privado.
Estamos consciente que es hora de revertir muchas de las estrategias económicas tomadas en revolución que no han dado frutos ni han sido precisamente un éxito a mostrar por la gestión pública socialista. Más bien, muchas políticas han representado un incremento del gasto público que en tiempos de crisis financiera, bajos ingresos petroleros e intensificación del bloqueo imperial contra nuestra nación, dificultan salir del atolladero donde nos encontramos.
Si bien es cierto, la participación directa e indirecta del Estado en las actividades económicas es determinante en las políticas públicas venezolanas, nunca se ha dejado de reconocer que nuestra economía es mixta y que todos los sectores (públicos, privado y de la economía social) deberían crecer. El papel del sector privado, su emprendimiento, capacidad de innovación, creador de empleos y aporte a la riqueza social siempre ha sido clave en el PIB no petrolero.
El dilema de la discusión sería: ¿Cuál de las empresas públicas o mixtas, en el territorio nacional o extranjero, el Estado debería sacrificarse, reestructurarse, abandonarse, entregárselas al capital privado o devolvérselas a sus dueños expropiados, para hacerlas más productivas, eficientes, que den ganancias y aporten al fisco nacional a través de los impuestos?
Ese debe ser el debate nacional en función de mejorar la economía entre todos. Porque el Estado se debe a un pueblo y los recursos que administra son de todos los venezolanos y venezolanas. Y ya hemos visto mucha "tela cortada" en esto últimos años en materia de ineficiencia productiva en varias de las empresas en manos del Estado; y hoy, precisamente, no estamos en las mejores condiciones para improvisar el futuro.
TODAS LAS EMPRESAS BÁSICAS DEBEN SEGUIR EN MANOS DEL ESTADO
Fijo posición al respecto: Todas las empresas básicas deben seguir en manos del estado. Valga decir, el sector de hidrocarburos en las áreas de exploración, producción, distribución, refinación, petroquímica y comercialización de petróleo crudo y derivados, deben estar en manos del Estado.
En el caso de las empresas mixtas que se constituyan, el Estado debe tener mayoría accionaria, como lo establecen las Leyes vigentes (60-40). Debería entrar en debate público la cesión accionaria (con mayoría del Estado) al capital privado de algunos sectores conexos a la industria petrolera consagradas en la Ley Orgánica que Reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos (G.O. Nº 39.173, 07/05/09).
Por ejemplo, las estaciones de servicios, algunos mantenimientos preventivos y correctivos de los pozos e infraestructuras petroleras, entre otros servicios conexos, debería cederse al capital privado para ir disminuyendo la carga financiera, laboral (parasitario), de inversión dentro de la Industria Petrolera Nacional que es de todos los venezolanos. Por mantener gente ineficiente e improductiva en PDVSA la situación se ha agravado en los últimos años.
Asimismo, la Siderúrgica del Orinoco, Cantv, las hidroeléctricas, el servicio eléctrico, servicios públicos como el Metro, ferrocarriles, Conviasa, Cementeras, los silos y grandes almacenes estratégicos, entre otras empresas básicas deberían seguir bajo control estatal.
QUE ENTRE EN DEBATE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EMPRESAS INEFICIENTES
Debería entrar en debate nacional si el Estado debería administrar en un 100% hoteles, fabricar automóviles (que benefician a pocos), empresas de bicicletas, lavadoras, de papel, centrales azucareras, plantas procesadoras de cítricos, fructíferos, lácteos, graneros, café, carne, tomates, cadenas de tiendas, etc. Allí entraría el debate de cuáles deberían ser convertidas en empresas mixtas y cuáles deberían subastadas al sector privado en su totalidad.
Debería impulsarse, financiarse y protegerse la industria nacional de alimentos. El 70% del consumo de alimentos del país sigue siendo importado, muy parasitario, todos quieren petrodólares y como sabemos ¡DOLARES NO HAY!, porque la principal fuente de divisas que es el sector petrolero está en su peor momento histórico. Los principales rubros alimenticios que importamos son: carnes y sus derivados, cereales y sus preparados, leche, productos lácteos, huevos, animales vivos, harinas y productos de pastelerías, frutas y azucares diversos.
Muchos de esos rubros son considerados parte de la canasta básica y es allí donde el gobierno revolucionario debe hacer énfasis en la ejecución de la Ley Antibloqueo: en promover la producción interna alimenticio, tomando en cuenta nuestras potencialidades y el mercado interno insatisfecho. Incorporando a los emprendedores capitalista y socialistas, a las universidades y sus proyectos, a microempresarios y pequeños agricultores organizados, de distintas formas de propiedad social, popular y comunal, que son los que están comprometidos, en la espera de la puesta en marcha de la permanente promesa electoral de la creación de una verdadera economía solidaria, incluyente y distributiva de la riqueza social.
Todo lo anterior para garantizar disminuir los niveles de importaciones y desaparezca de una vez por todas la economía parasitaria e importadora "chupa petrodólares" para siempre.
LA INDUSTRIA DE MAÍZ PRECOCIDA CONTROLADA POR EL ESTADO
Como digresión, Yo centralizaría en manos del Estado la producción del principal rubro de consumo masivo y de primera necesidad en la dieta del venezolano: la harina de maíz precocida, que ha sido objeto de manipulación continua y aún está dominada por oligopolios que usan su producción y distribución para incidir en la inflación.
La arepa, que es el principal plato de la familia venezolana, un patrimonio cultural nacional, no puede seguir siendo utilizada como un arma política de los sectores empresariales monopólicos opositores al gobierno y contra el bolsillo del trabajador. Sería uno de los sectores a proteger, subsidiar y financiar pero con las manos fuera de los monopolios tradicionales conspirativos como las Empresa Polar, S.A.
Por todo lo anterior y función del futuro del país, es necesario que todos apoyemos la Ley Constitucional Antibloqueo y nos sumemos al debate, la reconstrucción y el cambio paradigmático que propone el presidente Maduro en esta fase llena de dificultades. No dudamos que busca un mayor bienestar social, mejoras en las condiciones de los trabajadores, nuevas inversiones, el impulso del emprendimiento, el desarrollo endógeno, el blindaje económico y el aumento de la producción nacional bien alejada de los ataques y la persecución imperial y el mayor bienestar para nuestra sociedad.
¡Amanecerá, y seguiremos escribiendo lo que vemos!