Me encuentro entre quienes piensan y están convencidos de que la política económica del país debe estar sometida a revisión y ser objeto de profundo debate. El propósito de ese debate es, en nuestro caso, revelar las debilidades de ésta, evitar que se repitan los errores pasados y asignar las responsabilidades que correspondan. Un debate efectuado de esta manera permitiría reforzar nuestras instituciones y democracia.
Es evidente -y resulta indudable- que, las agresiones del gobierno de Estados Unidos y sus aliados internacionales contra la economía venezolana han tenido un gran impacto en el empeoramiento de los indicadores económicos y sociales; sobre todo, en el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Para descrédito de quienes auparon, solicitaron y celebraron tales medidas, desde la vergonzosa Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 (título con el cual es conocida esa Asamblea por los venezolanos). Tales consecuencias han sido ya demostradas en varias investigaciones, por profesores e investigadores destacados, a nivel nacional e internacional. Tampoco debe dudarse de ello, pues resulta ocioso pensar que el gobierno estadunidense adoptara tales acciones, sin que estuviera seguro de su efecto perjudicial en las condiciones de vida de los venezolanos y en el incremento de las posibilidades de lograr un cambio de gobierno, por vías ilegales e inconstitucionales, en Venezuela. Existe igualmente suficiente evidencia histórica que relata la adopción en el pasado -remoto y, también, cercano- del mismo tipo de medidas, por parte del gobierno estadunidense, para acabar con gobiernos en la región (México, Guatemala, Cuba, Chile, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Haití, etc.) y en el resto del mundo (China, URSS, Vietnam, Corea, Indonesia, Angola, etc.) Si los planes del gobierno de Estados Unidos no se han logrado, es -precisamente- porque la mayoría del pueblo venezolano ha reaccionado de manera valiente y se ha empeñado en defender su derecho exclusivo a decidir el gobierno de Venezuela.
Sin embargo, resulta igualmente cierto que, el diseño y ejecución de la política económica ha sido insatisfactorio y acentuado las vulnerabilidades y defectos estructurales de la economía capitalista, dependiente y subdesarrollada de nuestro país. Para estar a la altura y corresponder, precisamente, con la valentía y el noble empeño del pueblo venezolano, deberíamos esforzarnos en asegurar la calidad óptima de las políticas (particularmente, la económica) que se pongan en ejecución para enfrentar las dificultades que han promovido factores antidemocráticos y proimperialistas.
Es evidente, que la política económica ha encontrado problemas para reiniciar el crecimiento. El crecimiento económico está siendo limitado por la caída de los ingresos externos, la restricción del crédito y el alza general de los precios o inflación; esta última ha alcanzado niveles tan elevados que se conocen técnicamente como hiperinflación. El alza de los precios está afectando particularmente a los trabajadores, pensionados y demás sectores populares; elevando los niveles generales de pobreza y necesidades de la población. Los ingresos fiscales son insuficientes para estimular el crecimiento, garantizar la continuidad de los servicios públicos y brindar asistencia y seguridad social a la población. La desconfianza en la moneda y creciente uso de divisas en las transacciones comerciales internas limita las posibilidades de hacer uso de las políticas monetaria y cambiaria, para contribuir a estimular la actividad económica.
El desempeño de la economía venezolana ha estado afectado, igualmente, por la fuga de divisas y por la contratación de una significativa deuda externa, por parte tanto del sector público como del sector privado; sobre todo este último utilizó la contratación de deuda externa como un mecanismo para extraer capitales de la economía interna al resto del mundo.
Estos son, a mi juicio, en términos generales, los principales problemas de la economía venezolana.
Las soluciones a estos problemas de la economía venezolana pasan, en primer lugar, por estabilizar la situación política interna; alcanzando un acuerdo entre los sectores democráticos, para asegurar la paz interna, y ofrecer además condiciones mínimas que favorezcan el reinicio del crecimiento y la continuidad de la actividad económica productiva. Además de los acuerdos políticos, este acuerdo debe contener -como mínimo- un consenso sobre la necesidad de recuperar rápidamente el poder de compra de los salarios y pensiones de los venezolanos. Hemos dicho ya que, consideramos absolutamente injusto e insostenible, desde cualquier punto de vista, el actual deterioro de los ingresos de este sector de la población; sobre todo, a la luz de la significativa fuga de divisas nacionales que ocurrió en los años del boom de ingresos externos y se mantuvo -de manera indolente- hasta los últimos años.
Otro elemento que debe contener este acuerdo es una reforma tributaria y fiscal que asegure la recaudación efectiva de ingresos suficientes por parte del Estado venezolano; de manera además progresiva, transparente y eficiente. El dinero recaudado debe ser utilizado de manera adecuada en la provisión de servicios públicos, en calidad y cantidad suficientes, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, proveer asistencia a los necesitados y apoyar la producción y productividad nacionales. Este aspecto tributario y fiscal es central para hacer frente a la inflación que nos perjudica tanto.
Otro aspecto, igualmente central, de este acuerdo consiste en adoptar una estrategia nacional con respecto a la deuda externa. Un paso central de este componente de la estrategia es la auditoría de la deuda externa y el establecimiento de límites para su servicio.
Un aspecto fundamental que debe también contener este acuerdo es la defensa de nuestra moneda; condición ésta para poder a la vez hacer uso prudente de la política de expansión del crédito y la cantidad de dinero, con el fin de contribuir a estimular la actividad económica. Un paréntesis sobre este asunto nos permite subrayar la importancia de la defensa de la moneda nacional, sobre cualquier política alterna que apunte, por ejemplo, a la dolarización, debido a que adoptar una moneda extranjera implica en la práctica la renuncia a aplicar una política económica soberana y pasar a depender de la política monetaria y cambiaria de la potencia extranjera, para determinar la estrategia de crecimiento y desarrollo económico nacional.
Por último, pero quizás lo más importante, es necesario continuar defendiendo e impulsar más el carácter nacional de la industria petrolera, la cual es la base -sin duda lo seguirá siendo por muchos años- de cualquier estrategia de desarrollo económico y construcción de la justicia social en nuestra nación. Por ello, esta industria ha sido objeto de ataque, por parte de verdaderas mafias criminales, de dentro y fuera del país, para limitar su capacidad de funcionamiento y anular sus aportes al financiamiento de los esfuerzos nacionales al proyecto de construir un futuro distinto y mejor para todos.
No quiero terminar estas breves notas, sin llegar a invitarles a todos a votar, en las elecciones parlamentarias nacionales convocadas este 6 de diciembre. Hagámoslo masivamente, conscientemente, responsablemente y decididamente. Votar ese día será otro evento histórico, de esta historia que hemos decidido construir juntos. Y que estamos haciendo juntos con aciertos y con defectos -y no debe pasarnos inadvertido- como cualquier otra obra humana. Por lo que tú más quieras, este 6 de diciembre VOTA.