¿Por qué se debe anular la deuda de Ucrania?

Sushovan Dhar: ¿A cuánto sube la deuda pública de Ucrania y quiénes son sus principales acreedores?

Éric Toussaint: La deuda externa pública y privada de Ucrania asciende a cerca de 130.000 millones de dólares, la mitad de esta deuda es del gobierno, la otra mitad es del sector privado. Los poderes públicos tienen también una deuda interna de más de 40.000 millones de dólares. La deuda pública externa en forma de títulos soberanos ascendía en 2021 a 20.000 millones de dólares, todos sus títulos (ha habido 14 emisiones de títulos) se rigen por la legislación inglesa y en caso de litigio es a la justicia británica la que se puede recurrir. En 2021, la deuda con el FMI superaba los 13.000 millones de dólares. La deuda con el Banco Mundial (BM), con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y finalmente con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) superaba los 8.000 millones de dólares. Las sumas a devolver en 2022 tanto de la deuda externa como interna son enormes e insostenibles ante la situación de guerra.

Y por último, hay que añadir la deuda externa bilateral de Ucrania con China, con Francia, con Alemania, con otros países de la UE, con EEUU y una deuda de 3.000 millones de dólares con Rusia. Desde el inicio de la invasión rusa, la deuda pública de Ucrania ha aumentado claramente, porque el FMI y el Banco Mundial han concedido nuevos créditos de 5.000 millones, las otras instituciones financieras multilaterales también han concedido créditos de emergencia. Y el Gobierno ha emitido más de 2.000 millones de dólares en nuevos títulos de deuda, llamados ‘títulos de guerra’ (war bonds).

Sushovan Dhar: ¿Cuál es el historial del endeudamiento de Ucrania?

Éric Toussaint: Resumo un corto historial del endeudamiento de Ucrania desde su independencia, hace un poco más de 30 años, cuando se produjo la implosión de la Unión Soviética a finales de 1991. Ucrania no heredó deuda por parte de la Unión Soviética, por lo tanto comenzó su andadura en una situación favorable, pero el proceso de restauración capitalista fue tan brutal que los burócratas ucranianos que lo hicieron agotaron las cajas del Estado. Los oligarcas se enriquecieron de una manera extraordinaria en detrimento de los bienes del Estado, al igual que pasó en la Federación de Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán, etc. Mientras que los oligarcas se enriquecían de una manera extraordinaria, se beneficiaban del apoyo del gobierno que les permitía adquirir bienes públicos por migajas. El gobierno financiaba mediante la deuda una gran parte del presupuesto ya que los habitantes más ricos de Ucrania casi no tenían cargas impositivas, y prácticamente no pagaban impuestos. El gobierno ucraniano utilizó el recurso del endeudamiento, incluido ante los bancos privados creados por los oligarcas. Mientras que estos aprovechaban las ayudas de todo tipo del Estado, prestaban una parte de ese dinero a ese mismo Estado con un tipo de interés que les permitía obtener importantes beneficios.

Sushovan Dhar: ¿El gobierno también recurrió al endeudamiento externo?

Éric Toussaint: Sí, el gobierno recurrió a los préstamos externos. Emitió títulos de la deuda en los mercados financieros internacionales. También pidió préstamos a bancos extranjeros. Se endeudó con el FMI y con el Banco Mundial. La deuda aumentó constantemente durante los años 1990 y 2000. El FMI condicionó la concesión de crédito a Ucrania a la aplicación de la estrategia del shock, con las medidas neoliberales típicas: liberalización y promoción del comercio exterior, liberalización de los precios, reducción de las subvenciones al consumo para las clases populares, degradación de toda una serie de servicios de base. El FMI también alentó la aceleración del proceso de privatización de las empresas públicas. Cada vez, el FMI fijaba un objetivo de reducción del déficit público. El FMI agregó la precarización del mercado de trabajo al facilitar los despidos en el sector privado y en el sector público. Los efectos de las políticas recomendadas por el FMI fueron dramáticos. Hubo un empobrecimiento extremadamente grave de la población. Hasta tal punto que Ucrania, en 2015, tenía el nivel de salarios reales más bajo de todos los países de Europa.

Sushovan Dhar: ¿Hay una parte importante de la deuda reclamada a Ucrania que es ilegítima?

Éric Toussaint: La respuesta es afirmativa: una aplastante mayoría de la deuda reclamada a Ucrania, probablemente toda la deuda reclamada a Ucrania, es ilegítima. Esa deuda no fue contraída en interés de la población sino que fue acumulada para favorecer los intereses del 1 % más rico y de los acreedores internacionales. El precio pagado fue la degradación dramática de los derechos sociales y de las condiciones de vida de la población.

Incluso antes de las dos agresiones cometidas por la Federación de Rusia, dirigida por Vladimir Putin, la de 2014 y la de 2022, la deuda reclamada a Ucrania era una deuda que no benefició a la población y era absolutamente normal considerar que esa deuda no debería ser pagada por el pueblo ucraniano.

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Sushovan Dhar: ¿Qué deudas deberían anularse prioritariamente?

Éric Toussaint: La deuda reclamada por el FMI, que es por lejos la más importante entre las deudas multilaterales, debería ser anulada ya que ese organismo tuvo un papel directo en el proceso de destrucción progresiva de la economía ucraniana y en la degradación dramática de las condiciones de vida de una gran parte de la población. El FMI también favoreció el enriquecimiento del sector más rico de la población y estimuló el aumento de las desigualdades.

Es necesario abrir un capítulo particular en relación a la deuda reclamada por Rusia a Ucrania. En diciembre de 2013, cuando el país tenía a Viktor Yanukovich como presidente, muy ligado al régimen de Putin, la Federación de Rusia convenció al ministro de Finanzas de Ucrania para que emitiera títulos en la bolsa de Dublín, Irlanda, por un monto de 3.000 millones de dólares. Se trataba de una primera emisión que habría podido ser seguida por otras, para alcanzar progresivamente los 15.000 millones de dólares. Por lo tanto, la primera emisión de títulos se elevó a 3.000 millones y el conjunto de los títulos vendidos en Dublín fue comprado por la Federación de Rusia por medio de una empresa privada que la Federación había creado en Irlanda. El tipo de interés a pagar era del 5 %. Al año siguiente, Rusia anexaba Crimea que hasta ese momento formaba parte de Ucrania. El gobierno ucraniano cambió como consecuencia de las movilizaciones populares, de las que podemos debatir la naturaleza ya que había, al mismo tiempo, una auténtica rebelión popular y una intervención de la derecha y de la extrema derecha. También estaba la voluntad de las potencias occidentales de obtener beneficios del descontento popular. Todo eso es bastante complicado y no me siento capaz de hacer acá un análisis de lo que se llamó la revolución naranja. El nuevo gobierno continuó durante un tiempo corto el reembolso de la deuda con Rusia, y en total, se le pagaron 233 millones de dólares en concepto de intereses. Luego, a partir de diciembre de 2015, el gobierno decidió suspender el pago de esa deuda.

En resumen, el gobierno ucraniano justificó la suspensión de pagos explicando que Ucrania tenía el derecho de tomar contramedidas contra Rusia ya que esta había agredido a Ucrania y anexado Crimea. Efectivamente, en el ámbito del derecho internacional, un Estado tiene el derecho de tomar contramedidas y suspender la ejecución de un contrato en esas circunstancias.

La Federación de Rusia denunció ante la justicia del Reino Unido, en Londres, la suspensión de pagos por parte de Ucrania. Efectivamente, estaba previsto que los títulos emitidos cumplieran con la ley inglesa, y que los tribunales británicos serían competentes en caso de litigio. Por consiguiente, Rusia presentó una denuncia contra Ucrania al demandar a la justicia británica que condene a Ucrania a retomar el pago de la deuda. El proceso judicial comenzó en 2016. En el momento de esta entrevista, la justicia británica todavía no dictó sentencia definitiva, y esta debería emitirse dentro de pocas semanas o meses.

Hubo una primera sentencia, seguida de una apelación. Luego, finalmente tuvo lugar, el 11 de noviembre de 2021, una sesión de la Corte Suprema del Reino Unido (esa sesión puede verse íntegramente en la página web de la Corte Suprema del Reino Unido).

Es importante subrayar que en un primer momento los magistrados británicos no fueron del todo ecuánimes, y en especial el magistrado principal, William Blair, que estaba a cargo del comienzo del proceso judicial. William Blair, hermano de Tony Blair, quien estaba, hasta hace poco, muy ligado con la Rusia de Putin, y ese magistrado se mostró favorable a dar la razón a Rusia. Y es que la justicia del Reino Unido quiere mantenerse atractiva para los inversores. El hermano de Tony Blair emitió una sentencia en marzo de 2017 en la que no aceptaba una serie de argumentos presentados por Ucrania que, sin embargo, eran evidentes. [1] William Blair consideró que no existía una verdadera coacción por parte de Rusia sobre Ucrania. Ese magistrado estimó que no era un conflicto de Estado contra Estado. Estuvo de acuerdo con el punto de vista de Rusia según el cual la sociedad que compró los títulos ucranianos (The Law Debenture Trust Corporation P.L.C) es una sociedad privada. Pero, en realidad, esa sociedad actúa directamente por cuenta de Rusia, y fue Rusia, el país que compró todos los títulos.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones cuestionó la sentencia emitida por William Blair y ahora, este juicio llegó a la última etapa: la Corte Suprema.

Como Rusia invadió Ucrania desde febrero de 2022, provocando enormes pérdidas humanas y cometiendo crímenes de guerra, no se entiende cómo la Corte Suprema del Reino Unido podría dar la razón a Rusia en contra de Ucrania en la cuestión de la deuda. La sentencia que se dictará estará fuertemente influenciada por el cariz dramático del conflicto entre Rusia y Ucrania. Si la Corte reconoce que Rusia ejerció coacción contra Ucrania y si la Corte reconoce que Ucrania tiene el derecho de tomar contramedidas, eso sienta jurisprudencia y otros Estados podrán apelar a esta jurisprudencia en sus conflictos con los acreedores. Por lo tanto, es una cuestión importante.

Sushovan Dhar: ¿Cuál es la posición del CADTM en lo que concierne a la anulación de las deudas reclamadas a Ucrania?

Éric Toussaint: El CADTM considera que todas las deudas reclamadas a Ucrania deben ser anuladas. Se trata por una parte de deudas que están en manos de acreedores privados y que representan el 80 % de la deuda exterior. Además están las deudas que son reclamadas por el FMI y el Banco mundial, y otros organismos multilaterales y las deudas que son reclamadas por los Estados, llamadas deudas bilaterales. El CADTM reclamando la anulación de la deuda ucraniana se une a una petición internacional lanzada después de la invasión de Ucrania por movimientos sociales y personas que están en Ucrania y resisten la invasión. Con toda la razón del mundo, los firmantes de esa petición declaran: «Los préstamos caóticos y la imposición de condicionalidades antisociales, que acarrea la deuda, eran el resultado de una oligarquización total: poco deseosos de luchar contra los ricos, los dirigentes del Estado se endeudaban en forma creciente. Los préstamos fueron concedidos bajo la condición de la reducción de los gastos sociales, y su reembolso fuerza a economizar en las necesidades vitales y aplicar la austeridad a sectores vitales de la economía.» Esa es una razón suficiente para exigir la anulación de la deuda ucraniana.

Sushovan Dhar: ¿Qué hace el gobierno ucraniano?

Éric Toussaint: Efectivamente, es muy importante plantearse esa pregunta: ¿Qué hace el gobierno ucraniano? En lugar de suspender el pago de la deuda para poder atender a las necesidades de la población y con el fin de resistir a la agresión exterior, el gobierno ucraniano, dentro de una pura lógica neoliberal, mantiene el reembolso de la deuda, a excepción de la deuda reclamada por Rusia. Por lo tanto, se está ante una situación extremadamente grave. A pesar de que debería suspender el pago de la deuda, el gobierno quiere absolutamente mantenerse creíble ante los mercados financieros y ante los diferentes prestamistas, y, por ende, continúa a extraer de su presupuesto sumas considerables para reembolsar los intereses de la deuda.

También este gobierno procede a tomar nuevos empréstitos. Ahora emite bonos de guerra que se venden en los mercados financieros. Por lo tanto, este gobierno ucraniano aumenta la deuda, también aumentó sus demandas de créditos ante el FMI, ante el Banco Mundial, ante el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, ante el Banco Europeo de Inversiones y ante otros acreedores bilaterales. Además, continúa aplicando políticas neoliberales de austeridad antisocial, siendo su argumento la necesidad de acometer esfuerzos extraordinarios para resistir a la invasión rusa. El gobierno decretó que los trabajadores deben trabajar más tiempo, que deben coger menos permisos y permitió a los patrones a despedir trabajadores más fácilmente en plena situación de guerra. Pienso que es necesario denunciar la política del gobierno actual. Habría que adoptar una política totalmente distinta: suspender el pago de la deuda, demandar al país donde se encuentran los haberes de los oligarcas ucranianos la expropiación de esos haberes y su devolución al pueblo ucraniano. Por supuesto, también es necesario expropiar, y es una prioridad, a los oligarcas rusos y utilizar sus patrimonios para un fondo de reconstrucción de Ucrania bajo el control de los movimientos sociales. Pero, aunque la prensa internacional pone el acento justamente en los oligarcas rusos, no hay ninguna razón para que el CADTM considere que los oligarcas ucranianos son aliados del pueblo ucraniano. La lucha de clases durante la guerra continúa. Los oligarcas ucranianos deben rendir cuentas y deben ser expropiados, mientras, que en realidad, con la complicidad del gobierno ucraniano y de las potencias extranjeras, estos oligarcas se siguen enriqueciendo de manera absolutamente escandalosa.

El gobierno ucraniano debería también decretar un impuesto de guerra sobre los más ricos, el 1 % más rico, para financiar el esfuerzo de guerra. Se debería hacer una auditoría de la deuda con participación ciudadana, ya que esta deuda alcanza tales proporciones que es absolutamente inconcebible no designar a los responsables del endeudamiento, totalmente irresponsable, efectuado por el gobierno precedente y por el actual.

*Traducido por Griselda Piñero

Notas

[1] Véase el comentario de Mónica Feria-Tinta y Alister Wooder, «Sovereign debt enforcement in English Courts: Ukraine and Russia meet in the Court of Appeal in USD 3 bn Eurobonds dispute»
(https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ee2a9c0d-a27f-4b31-8e25-2f1e70c37f79)