La remuneración al trabajo y los trabajadores, sus sueldos y salarios, constituyen una preocupación central permanente de toda sociedad y alimentan un debate necesario que involucra a todos sus ciudadanos. En Venezuela, el creciente debate sobre este tema revela, precisamente, que los salarios en nuestro país, hoy día, no son ni por lejos satisfactorios, y que se ha producido un gran deterioro en los mismos debido a la elevada inflación que ha caracterizado estos años. Hemos dejado claro en otros artículos, precisamente este hecho, así como el impacto que, en esta situación, están teniendo las "sanciones" gringas, alentadas por un sector antidemocrático y fascista (hay que ser muy fascista, para someter al asedio de manos foráneas al pueblo más humilde, para lograr fines políticos particulares). Estimamos que, las sanciones gringas cuestan a los venezolanos anualmente, aproximadamente, unos 150 mil millones de dólares; este costo debe contabilizarse al menos desde 2015 en adelante.
En términos de remuneraciones y calidad de vida de los trabajadores, tal cifra ha significado una pérdida cuantiosísima, que se traduce en el aumento de la pobreza y los problemas asociados con ésta (desnutrición y enfermedades asociadas, crisis de los servicios, salud y educación, criminalidad, desempleo, migraciones y separación de familias, etc.). Los trabajadores han renunciado al menos a unos 7 a 10 puntos porcentuales del PIB. Vuelvo a decir, que las sanciones nos han hecho retroceder 70 años en términos de indicadores económicos y sociales. También ha provocado un incremento enorme de la desigualdad social en el país.
Algunos piensan que debemos hacer frente a esta situación reduciendo los salarios, sin embargo, esta medida sólo puede establecerse temporalmente y de manera parcial, pues es muy difícil e injusto trasladar de manera permanente o demasiado prolongada en el tiempo, todo el costo del ajuste por la caída de los ingresos nacionales a los trabajadores. Mucho más, cuándo los demás precios de la economía crecen y lo hacen además aceleradamente. Aún, si tomamos como comparación la situación que se vive en el resto del mundo.
Por ello, consideramos necesario, es urgente y es completamente justo, buscar opciones para recuperar la calidad de vida de los trabajadores venezolanos. A este propósito, se orientará el resto del artículo que me propongo escribir.
Hemos dicho en otras partes, que es necesario avanzar en una reforma tributaria que modernice el sistema fiscal y tributario venezolanos, para lograr objetivos de racionalidad, transparencia, sostenibilidad, eficacia y eficiencia recaudatorias de los impuestos, progresividad y equidad en la tributación, etc. También, hemos recomendado que se exija a los bancos actualizar sus balances y revaluar sus activos, pues es obvio que el valor en libros de los mismos ha sido afectado por la hiperinflación, por lo que es necesario restablecer su valor en libros y reactivar la oferta de créditos.
Hemos llamado, especialmente, la atención sobre el cuantioso valor de los activos que mantienen algunos venezolanos en el extranjero, los que estimamos -muy conservadoramente- en unos 400 mil millones de dólares. Colocar en Venezuela, sólo una fracción de estos fondos, serviría para reactivar en gran medida el funcionamiento de la economía. Demostrando con ello, además, merecer la confianza que los venezolanos depositan en esta élite social, económica y política.
Sin embargo, deseamos introducir un elemento adicional en nuestra propuesta: la creación de un FONDO PARA LA COMPENSACIÓN SOCIAL Y EL AHORRO. Dirigido, precisamente, para proteger a los trabajadores, quienes han visto limitados el valor de sus remuneraciones en el presente, afectados muy seriamente, como hemos querido reconocer y enfatizar, por las sanciones. Las fallas de las políticas, e incluso, los hechos de corrupción que han denunciado en los órganos judiciales, entre los cuales destacan varias investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República por estafa a Pdvsa y a la Nación, no habrían bastado para ocasionar el inmenso daño que han ocasionado las sanciones. Y esto debería ser evidente, para un país en el que, lamentablemente, los casos de corrupción en su historia han sido demasiado frecuentes y han acompañado por mucho tiempo, un país con una riqueza abundante y relativamente fácil como son la petrolera y minera.
En particular, con nuestra propuesta se trataría de constituir un FONDO SOCIAL DE COMPENSACIÓN Y AHORRO, del que formarían parte una porción de las empresas nacionales activas y la porción impaga de los salarios de los trabajadores venezolanos hoy día, lo que les permitiría a éstos no ver perdidos irremediablemente sus salarios y patrimonio actuales, sino que pueden -al contrario- tener la posibilidad de conservarlos y aumentarlos en el futuro más o menos próximo, como resultado de la porción de ahorro de sus sueldos (impagos) que pasan a constituir este FONDO SOCIAL DE COMPESACIÓN Y AHORRO, para ser invertido exclusivamente en inversiones productivas (no en papeles, títulos, deuda o acciones, etc.), sino en inversiones públicas muy rentables. Este fondo pudiera incluir también inversión privada, siempre que la empresa privada participe (con fondos propios, divisas nuevas y frescas). Luego de un tiempo, que depende del lapso medio en que las inversiones empiezan a dar resultados, los trabajadores podrían retirar parte de sus ahorros como rendimientos realizados o, incluso, una parte del principal. Obviamente, que los trabajadores que decidan mantener sus ahorros por más tiempo, tendrían derecho a obtener más rendimientos de este fondo.
Pensamos, que la constitución del FONDO SOCIAL DE COMPENSACIÓN Y AHORRO, permitiría contribuir a reactivar la capacidad productiva del país, con el aporte de los trabajadores, transparentando la inmensa contribución que los trabajadores están realizando actualmente para ello (al menos, 10% del producto diríamos), ofreciendo a los trabajadores garantías a cambio de su sacrificio actual, generando perspectivas a los trabajadores de que no están perdiendo sus salarios y patrimonio actuales y que éstos pueden conservarse y aumentar en el futuro más o menos previsible o conocido.
Creemos que este FONDO SOCIAL DE COMPENSACIÓN Y AHORRO constituiría un mecanismo eficaz, para hacer frente a la crisis social ocasionada por las sanciones gringas, y le daría un vuelco productivo a la porción de los salarios que los trabajadores han cedido en estas circunstancias y produciría además un efecto compensatorio de las desigualdades sociales que a corto plazo están teniendo estas circunstancias. Con la ventaja central, de que el fondo pueda tener un efecto positivo en la orientación de recursos para la reactivación de la productividad nacional.
Finalmente, para concluir esta contribución, hago de nuevo un llamado a la élite política venezolana, a favor de que se unan en el rechazo a las sanciones del gobierno de Estados Unidos y exijan el levantamiento inmediato de las mismas, lo que redundaría siempre a favor de la solución democrática y pacífica de nuestras diferencias. La extensión o prolongación de las sanciones sólo puede generar odios y divisiones entre los venezolanos y crea, además, condiciones para la intervención de factores foráneos atraídos por las grandes riquezas de nuestro suelo. La élite política venezolana tiene frente a sí una prueba de su capacidad, méritos y derechos para gobernar Venezuela por los próximos años de progreso y bienestar.