Hace pocos días, Trump desenmascaró, de nuevo y por si hiciera falta (…y "a confesión de parte, relevo de pruebas" dicen los litigantes) el inmenso parapeto, la maniobra descarada y ruin que ha constituido la farsa de "gobierno interino", o "presunta presidencia de Guaidó". Una gran estafa, cuyo propósito (al menos, ése ha sido su principal logro) fue la apropiación de riquezas nacionales para el beneficio de unos pocos, a costa del empobrecimiento y los padecimientos de todo un país; de millones de venezolanos… Un crimen que quedará grabado en la historia y en la conciencia de los venezolanos, para vergüenza de muchos, y marcará -no tengo dudas- un hito importante en la memoria política de Venezuela. Es imposible, que tal situación no traiga consecuencias; de hecho, las tiene en una serie de ámbitos: sociales, económicos, familiares, nutricionales, sicológicos; así que, en la medida en que la sociedad asuma mayor conciencia de lo acontecido -lo que viene ocurriendo- seguramente las tendrá. Los tiempos históricos son muy relativos, a veces instantes parecen años; otras veces, varios años no son sino el preludio de instantes decisivos. La significación de los acontecimientos ocurridos; para mí, estos acontecimientos tienen origen no sólo en 2019, sino más atrás; y, forman parte de una estrategia política arribista, irracional, muy primitiva o violenta, adoptada al menos desde 2013-2014 (tengo la convicción de que realmente es previa, pero fijemos éste -por convención- como el inicio de los acontecimientos más virulentos) adoptada por diversos factores, inclusive, alentados por la intervención de factores externos. Sin embargo, no pienso ahondar sobre estos aspectos. Prefiero escribir de política en positivo y dedicarme a realizar unas breves reflexiones, que considero más importantes, sobre las condiciones y posibilidades de reanudar el crecimiento económico y el desarrollo de Venezuela (desarrollo es más que crecimiento económico) de manera rápida, sostenible en el tiempo, amigable con el ambiente y, también, más justa en términos sociales.
La condición inicial sigue siendo para mí y de manera más que obvia, la denuncia de las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Las medidas adoptadas contra el país, tienen consecuencias colectivas y usan a todos los venezolanos como rehenes, sometiéndoles a un chantaje que, como ha dicho Trump, no tiene tanto propósitos políticos democráticos, sino que forman parte de una estrategia de factores, principalmente, extranjeros para apropiarse de recursos y riquezas nacionales de importancia estratégica, también para los venezolanos. De manera que, la unidad en la denuncia de estas medidas ilegales y agresiones contra al menos la gran mayoría, sino la totalidad de los venezolanos es la condición inicial de una estrategia de desarrollo nacional. El expediente de las sanciones contra Venezuela es una herencia de actitudes imperialistas y neocolonialistas que no pueden ser reconocidas ni alentada por algún habitante de estas tierras sin traicionar gravemente la condición de ciudadano de una nación independiente. Sin duda que, la denuncia de estos mecanismos internacionales debe estar acompañada en todo momento de un proceso de diálogo y concertación entre todos los factores democráticos en Venezuela. Para mí, factores democráticos son todos aquellos quienes renuncian a hacer uso de mecanismos violentos y aceptan participar en las reglas del juego democrático y la consulta democrática al electorado. Por lo que la convocatoria a elecciones y la definición de las condiciones y fecha de éstas es contrapartida de estas condiciones iniciales, las cuales tienen como punto de partida también la bases consagradas conformes con la Constitución de la República. Ése es el punto mínimo de partida común.
Las sanciones han tenido una grave consecuencia inmediata sobre millones de venezolanos, destacando la caída, a niveles inconcebibles, de los salarios y demás ingresos de los trabajadores y sectores sociales de menores recursos, así como la afectación a grupos más vulnerables de la población, destacando entre estos niños, adultos mayores, hogares con un solo padre, principalmente, madres solas jefes de hogar, personas enfermas o con discapacidades, desempleados y autoempleados y pequeños empresarios, etc.
Es imposible reanudar el crecimiento económico en Venezuela, al menos, en términos socialmente preferibles (rápidamente y de manera sostenible, también con el ambiente, y justa socialmente hablando) sin ocuparnos de estas necesidades. Ello pasa necesariamente, por adoptar una política decidida a recuperar los salarios en el corto plazo y una política social activa, sistemática, eficiente y efectiva, para atender las necesidades sociales de los grupos más vulnerables.
La condición para acceder a realizar estos fines, pasa por recuperar el acceso y control de las riquezas nacionales y ponerlas, principalmente, al servicio de objetivos colectivos que apunten al desarrollo nacional y al logro de los fines estratégicos que hemos mencionado: crecimiento económico sostenible en el tiempo, amigable con el ambiente y con justicia social.
Para ello, será necesario además adoptar una reforma de la política fiscal y tributaria. Lo que la Cepal misma está promoviendo para nuestra América denominándolo, un "nuevo pacto fiscal". Aún más necesario es en el caso venezolano, en dónde los sectores de ingresos más elevados han sido tradicionalmente más beneficiados por los ingresos petroleros, acostumbrándose entre otros aspectos a una baja tributación y a la obtención de divisas baratas procedentes del Estado. De manera que, históricamente, empresas y dueños de grandes fortunas se han beneficiado de la existencia de bajo niveles de contribución fiscal en Venezuela. Debe quedar claro que, la condición para el crecimiento sostenible, en este caso, estable y con paz social, pasa necesariamente por la adopción de un compromiso fiscal o tributario con toda la sociedad. Especialmente, para apoyar las ineludibles necesidades nacionales en términos de renovación y ampliación de servicios públicos y atención de la población, sobre todo, aquella más necesitada. No hay viabilidad de ningún proyecto nacional, en cualquier lugar del mundo, sin pasar por esta condición. De hecho, un ámbito en el que se mide el grave impacto de las sanciones es en la grave medida como, tales acciones han agravado la situación social y las necesidades presentes de los venezolanos en materia de, por ejemplo, infraestructura, salud, educación, pensiones y ayuda social… , además de las necesidades mismas de remuneración adecuada y un nivel ajustado del empleo público, para garantizar una mínima eficacia y eficiencia del Estado nacional. Así que, indíqueme usted si, ¿es posible atender estas necesidades con las sanciones, que ya he calificado de ilegales y agresiones ilegítimas contra los venezolanos, particularmente, contra la mayoría más vulnerable? ¿No es obligante, acaso, lograr entonces unos acuerdos mínimos, a favor de un gran consenso nacional que fuerce la derogatoria de tales medidas? Para mí que, esto es absolutamente lógico y necesario; y, absolutamente, conveniente además en términos de lo que es beneficioso, sino para todos, al menos para la amplia mayoría de los venezolanos.
¿Es viable esta condición? Por supuesto, es viable. Históricamente, como ya he dicho, los niveles de tributación en Venezuela -excluyendo al petróleo- se han mantenido por debajo de los del resto de nuestra América. Empresas y particulares venezolanos han acumulado no sólo en un pasado que hoy luce remoto, sino también en años aún recientes, fortunas en divisas o moneda extranjera. Una suma que, estimamos, en ningún caso, es inferior a 400 mil millones de dólares; sólo una fracción de la misma serviría para reactivar la economía venezolana y enrumbarla en la dirección de un crecimiento sostenible. Y esto lo harían, no gratuitamente; no aspiramos a una "donación", sino a por lo menos que inviertan en su propio país. Por otra parte, ¿no resulta, acaso, natural que quiénes se beneficien más de cualquier arreglo social, contribuyan más, por su parte, al mantenimiento del mismo? Resulta lógico, por ello, que quiénes reciben más beneficios del orden social, paguen entonces más impuestos; contribuyendo además a la reducción de desigualdades que resultan inaceptables en una sociedad democrática y a ampliar las bases de cualquier crecimiento futuro.
Si bien este nuevo pacto fiscal implicaría, por un lado, el compromiso a pagar mayores impuestos, por parte de los individuos y empresas, especialmente, aquellos con patrimonio más elevado; también involucraría un nuevo acuerdo institucional para la fijación, control y seguimiento del gasto estatal. Especialmente, sobre los niveles, modalidades y requisitos del endeudamiento público. Mayores exigencias y potenciales sanciones sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de la administración de los fondos públicos y que toman decisiones sobre el monto, dirección y el modo de ejecución del gasto público y, muy especialmente, sobre el endeudamiento estatal, entre otras medidas u objetivos. Es notable la necesidad y conveniencia de adoptar medidas en este ámbito, además de que, sin su adopción, el logro de los objetivos de desarrollo de Venezuela se vería impedido o limitado.
Por ello, una reforma de la política fiscal o "un nuevo pacto fiscal" – en términos de la Cepal- es un elemento imprescindible de una estrategia de desarrollo sostenible para Venezuela.