En las dos etapas anteriormente recorridas en nuestro tour por la historia económica de Venezuela, consideramos dos indicadores, el Pib per cápita y la inflación, que son expresados en promedios, lo cual tiene la limitación que poco dice acerca de la estructura de los mismos y de la distribución entre las personas de carne y hueso. El Pib mide la riqueza global generada por la población económicamente activa y la inflación nos habla de los aumentos de los precios de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores individualmente, sean estos asalariados, jubilados, trabajadores por cuenta propia, desempleados o empresarios. Hoy trataremos otro estadístico vital para caracterizar tanto el momento que vivimos como la magnitud del desafío que nos espera para salir del atolladero de la estanflación en que ha caído la economía venezolana. Ese indicador es la desigualdad en el poder adquisitivo entre los diferentes segmentos de la población, estratificados de acuerdo a su participación en el reparto del ingreso nacional.
La medición más o menos formal de la desigualdad en el ingreso no fue posible en Venezuela, sino hasta 1957, el último año del gobierno del General Marcos Pérez Jiménez (1914-2001) cuando se determinó que el 10 % de los receptores de ingreso acaparaban el 45 % de este, correspondiéndole a los más pobres apenas el 1 % del ingreso total. «La gran papa en la boca y el negro y espeso petróleo» dicen que exclamó Fabricio Ojeda de la Junta Patriótica de 1958 para reflejar la insensibilidad de las elites, no solo del gobierno saliente, hacia la desigualdad presente en la sociedad venezolana.
En 1988 la Cepal publicó una relación de las primeras mediciones de la desigualdad entre 1957 y 1985, siendo curioso destacar que el origen de estas mediciones no fue un propósito del gobierno militar de averiguar qué pasaba en el país en materia de la distribución del ingreso. Al profesor Carl Shoup (1902-2000) de la Universidad de Columbia, New York, EEUU, lo traen para que recomendara un sistema de impuestos. (https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/6e8384b4-5e2f-4824-bedd-352e22460c74/content)
El profesor Shoup adquirió reputación en sistemas de impuestos tras integrar en 1949 el equipo que formó el General Mac Arthur para reformar el sistema de impuestos del Japón derrotado en la II Guerra Mundial. ( https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABP721.pdf). El equipo del profesor Shoup propuso exenciones fiscales para las empresas que mantuvieran registros detallados y presentaran un informe fiscal anual, quedando libres de impuestos cuando tuvieran pérdidas pero compensando estos en los años rentables. Al parecer las recomendaciones del profesor Shoup fueron «diligentemente» acatadas en Japón e incluso con alguna extensión en Cuba y Brasil, países que también recibieron su asesoría. Pero aquí «naranja china».
En Venezuela la desigualdad no ha sido un tema de central atención, salvo para algunos, no todos, académicos y en una modesta medida ha servido de eslogan para políticos afanados en buscar adeptos mediante la consigna de distribuir la riqueza de todos los venezolanos, léase, el petróleo, como una vía rápida para disminuir la desigualdad. La instauración, con reconocido profesionalismo, de la Encuesta semestral de hogares por muestreo, permitió recopilar una modesta base estadística usada por nuestro referente historiador de la economía, el insigne Asdrúbal Baptista, para dejarnos la medición del Índice de Gini para el período 1975-2008.
Este índice, nacido en Italia en 1912, cuando en Venezuela nuestros padres y abuelos eran casi todos pobres, algo secular desde el propio nacimiento de esta Tierra de Gracia, vino a medirse sistemáticamente cuando ya reinaba el petróleo en la economía del país. Gracias al petróleo y a su distribución rentística, consensuada por casi todos los venezolanos, nos hizo creer que éramos ricos y si bien se puede decir, sin ser fusilado, que en la época de oro del rentismo, 1945-1975, los pobres en Venezuela eran los menos pobres de los más pobres de América Latina y el Caribe, también hay que decir que nuestros ricos no eran los más ricos entre sus vecinos. He aquí la ilusión de armonía que vivimos y que fue magistralmente registrado en el seminal libro del IESA, Venezuela, una ilusión de armonía, de 1984.
Pero la renta petrolera distribuida a veces bajo el signo de un bautizo con manguera eludió la adopción de un sistema tributario que permitiera la sostenibilidad fiscal de un Estado ante el cual se reclaman políticas de gasto público que den iguales oportunidades y condiciones para todos. Francisco Rodríguez y Clara Ortega desde la academia (https://frrodriguez.web.wesleyan.edu/docs/academic_spanish/politica_fiscal_venezolana_1943_2001.pdf) nos regalan un sintético análisis de la precariedad fiscal del Estado venezolano. En particular, nos recuerdan estos estudiosos que a la par del nacimiento del impuesto sobre la renta nacieron las exenciones fiscales que surgieron para dizque estimular el desarrollo económico, pero que mutaron a derechos adquiridos y en consecuencia objeto de presiones de los actores beneficiados a veces abusivamente de la renta petrolera.
Al presentarse el náufrago del rentismo petrolero, las cifras de la desigualdad medida a través del índice de Gini se volvieron irregulares, clandestinas y objeto de la pugnacidad político-partidista. Así, para el INE, que publica en su web el Índice, nos invita a creer que a pesar de la crisis en el Pib la desigualdad no solo no ha aumentado sino que ha disminuido. Una posible explicación a ese curioso resultado sería que tanto pobres como ricos y por supuesto la amplia clase media han experimentado reducciones sustantivas en sus ingresos. Todos somos ahora más pobres pero más iguales. Lamentablemente, esa igualdad en la pobreza no sirve para ir a un bodegón donde se venden, bajo la mano invisible del mercado, a unos pocos variados productos importados con los pocos dólares petroleros que el BCV le inyecta a los bancos religiosamente, pues si no !ay papá!.
La ausencia de credibilidad en las cifras oficiales lleva a considerar otras mediciones, aunque no se sabe cuál es su sustentabilidad estadística. Por ejemplo, en la muy divulgada, comentada y alabada ENCOVI 2022 se señala que para ese año el índice de Gini escaló a 0,602 y para el 2021 fue de 0,567. ¿Dónde estará realmente el valor mas o menos exacto y creíble del bendito Gini para la Venezuela post hiperinflacionaria, pero con inflación alta aún y con estancamiento económico?. Nos convendría referenciar que Colombia con un Í. de Gini que secularmente ha estado por encima del 0,5 no termina de salir de décadas de violencia que aupó por varios años a muchos de sus connacionales a mudarse para nuestra tierra. Hoy una gran parte de esos inmigrantes, o sus descendientes, retornan a su país, huyendo de las calamidades de nuestra economía. Chile, otro país que destaca por secular desigualdad, exhibe crecimiento económico, pero con cincuenta años a cuesta del recuerdo amargo de una dictadura.
Desde que el francés Thomas Piketty y el desaparecido Anthony Atkinson (1944-2017) irrumpieron con sus investigaciones sobre la desigualdad en la riqueza, la medición de la desigualdad basada en ingresos, que por lo general logran ser medidos a través de los salarios devengados, pierde su fuerza a la hora de analizar la situación de la distribución de las oportunidades y de las condiciones en los países. (https://wir2022.wid.world/)
Aunque no se dispongan de cifras actualizadas y verificables, es relativamente factible consensuar que en Venezuela no alcanzamos las cotas de Chile, ni de Colombia, ni de Brasil. Pero si andamos transitando una oscura, casi negra, etapa en la cual ni crecemos económicamente, al mismo tiempo que padecemos una inflación arraigada en la estructura económica del país. Es reconocido por tirios y troyanos que la inflación es un distribuidor efectivo de desigualdad. Lo que no se reconoce es que esta desigualdad creciente puede acercarnos a la violencia social, que es peor que la violencia política.
Si el liderazgo político, junto al empresarial y al social, no asume una comprensión de la creciente desigualdad en ingresos (salarios) y en riqueza que se aprecia por doquier, no se podrá convenir en una deseable y factible ruta de salida a la crisis. Una comprensión de los patrones de consumo y de la privación padecida por los distintos estratos de ingresos y de riquezas podría dar luces sobre las prioridades en atacar la inflación. Mientras no dobleguemos la inflación, estaremos danzando en un equilibrio bajo de estancamiento con desigualdad, macabro para todos. ¿Por qué es tan difícil concertar una estrategia anti-inflacionaria de Estado-nación? ¿Volveran a negar el aumento de salarios argumentando que es inflacionario, aunque esa negación aplaste la demanda?