¡Yo escribo lo que veo!
Me parece muy bajo el incremento del ingreso mínimo integral anunciado el 1ero de Mayo de 2024 por el Presidente Nicolás Maduro. Además, que la indexación no la están aplicando como debería ser, en detrimento de los intereses de la clase trabajadora.
¿Por qué digo eso?:
1. Porque si los bonos son indexados y la inflación acumulada de los últimos 12 meses (De mayo 2023 a Abril 2024) fue de 68,7%, porqué aumentó tan sólo el 30%.
Si los bonos son indexados entonces el aumento debió haber sido del 68,7% y no del 30%, de tal forma, se recuperara el poder adquisitivo perdido por la inflación.
2. Lo mismo ocurrió en enero cuando aumentó los bonos en 40%. La inflación acumulada de enero a diciembre de 2023, había sido de 190% y solo aumentó 40%.
Por lo tanto, LA INDEXACION DE LOS INGRESOS LABORALES NO LA ESTÁ APLICANDO EL GOBIERNO COMO DEBERÍA SER, dado que el ritmo de la inflación es mayor que el ritmo que aumentan los ingresos laborales, incremenando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Como consecuencia los empresarios se enriquecen más y del Estado aumenta sus ingresos al recaudar cada vez más debido a la inflación.
Creo que al Presidente obrero también lo están engañando en materia laboral. ¡No encuentro otra explicación hasta la fecha de esas decisiones que afectan al pueblo trabajador votante!
El Estado desde el año 2015, se convirtió en un incumplidor del Artículo 91 de la Constitución. Ahora, se ha convertido en un Estado fraudulento que le conculca o se apropia de los beneficios laborales de los trabajadores al pagarles de manera frecuente un Bono de "Guerra Económica" por la contraprestación de sus servicios en la administración pública que según el Artículo 104 de la LOTTT es parte del salario. Y no solo eso, además el Gobierno ha permitido que ese fraude lo cometan también los empresarios del sector privado.
Son bonos devengados de forma regular y permanente, que ingresan al patrimonio del trabajador y pueden ser utilizados según su voluntad, y en el caso de Cesta Tickets su destino no está solo limitada a la obtención de alimentos.
Cómo se observa, el Gobierno, en alianza con el sector privado, ejecutan una política económica que sacrifica al pueblo, cuyo principal resultado es una salario mínimo de 3,6 dólares, la bonificación del ingreso. Situación que ha conllevado prácticamente a la desaparición de las prestaciones sociales, utilidades, bonos vacacionales y otras prestaciones contractuales.
El Gobierno tiene más de dos años sin ajustar el salario mínimo, incumpliendo de manera abierta su obligación constitucional (Art. 91) de ajustarlo anualmente, tomando como una de las referencias a la Canasta Básica.
La misma situación la viven los jubilados y pensionados, que tampoco logran cubrir sus gastos de sobrevivencia.
En ese sentido, seguimos exigiendo que el Gobierno se aboque a aumentar el salario mínimo e indexarlo, así como las pensiones y jubilaciones. Se salarización de los bonos, se impulse las negociaciones de contrataciones colectivas represadas. Se garantice la autonomía sindical y que se les reconozca a todos los trabajadores y trabajadoras como un pasivo laboral todos los salarios que se han decretado por debajo de la canasta básica que establece el Artículo 91 constitucional.