Uno
Qué son las "privatizaciones productivas". En tiempos de Castro Soteldo se usó como excusa la ineficiencia para privatizar las "empresas de propiedad social" o socialistas, calificadas por este ministro de improductivas – no obstante la mayoría no lo eran –. Hay que recordar que las empresas socialistas fueron plantas abandonadas o paralizadas por sus propietarios en una conspiración empresarial contra la revolución, expropiadas luego por el gobierno de Chávez. El comandante aprovechó la ocasión para adelantar el proceso de radicalización del socialismo: confiscó las empresas e implementó un sistema administrativo de rotación donde todos los trabajadores tenían la oportunidad de pasar por todos los procesos de producción y administración de la empresa, incluyendo la distribución, y venta a través de las redes de PDVAL y MERCAL. No obstante, estaban adscritas a la presidencia de la república y obligadas a rendir cuenta y centralizar sus ganancias (produjeron ganancias) en los fondos de recursos del Estado. Todo esto sucedió después de otra conspiración, la llamada "autogestión", descartada por Chávez. En un Aló presidente en Guayana, los trabajadores de la siderúrgica alentados por el ensayo de la "autogestión obrera" – promovido por Rodolfo Sanz, en aquel momento ministro de industrias básicas – y por la ambición personal, le cortaron el audio al Presidente en una transmisión "en vivo", queriendo marcar su territorio como un negocio a parte del país.
Muere Chávez, y las empresas socialistas cambian a empresas privadas. La "administración rotatoria" de los trabajadores se sustituyó por militares, y luego pasan a manos privadas, a la "burguesía revolucionaria" de Castro Soteldo, a nombre de la "productividad y la eficiencia".
La supuesta ineficiente de las empresas socialistas es reemplazada por la "eficiencia" de las "empresas privadas". La diferencia verdadera entre un modelo y otro está en que, el socialista rendía cuenta al Estado central, y sus ganancias eran invertidas en planes sociales, su objetivo final no era el lucro, abaratar el costo de la vida, garantizando la seguridad alimentaria. Mientras en "El Tunal", es decir, en las "empresas privatizadas", las ganancias se quedan en el bolsillo de sus dueños, su objetivo principal y final es el lucro, poco les importa abaratar el costo de la vida (al contrario), tampoco garantizar la soberanía alimentaria de la población; todas pasaron de ser socialistas a ser empresas capitalistas, "exportadoras", apoyadas para generar divisas, ganancias que nunca han aportado nada a los fondos del Estado, menos a la sociedad.
La excusa de la eficiencia siempre fue un mito, puesto que los responsables de la "eficiencia en las empresas socialistas" fueron los mismos que las quebraron y más adelante las privatizaron, en el mismo gobierno de Maduro.
Así funcionó la traición a Chávez en términos concretos: Rodolfo Sanz, Castro Soteldo, Jesse Chacón, el abominable Juan Carlos Loyo, etc., precursores de las "privatizaciones productivas". Mientras los artífices fueron Maduro, Jorge y Delcy Rodríguez, destructores de PDVSA y de la política de "soberanía petrolera", demoledores de la base material de la revolución y artífices de la destrucción de la "propiedad social" impulsada por Chávez.
Dos
La actividad minera en el mundo produce mucho dinero, y donde hay tanto dinero en juego rara vez hay respeto por la vida, humana o de la naturaleza. La entrega de recursos naturales a transnacionales "desarrollistas", después de la muerte de Chávez, comienza con la restitución de la mina a cielo abierto de Las Cristinas, a la empresa canadiense Gold Reserve, la cual fue expulsada del país por el comandante, por maula y por destruir el ambiente, y restituida e indemnizada por Maduro. Luego continúa con la concesión otorgada por Maduro a "Barrick Gold" para explotar diamantes, una transnacional asociada al difunto Gustavo Cisneros (entonces, director externo de la empresa) expulsada de África, de Santo Domingo, de Centroamérica, Argentina. Acusada de enterrar vivos 30 mineros en África y de prácticas destructoras del ambiente y contaminación de fuentes de agua y tierras en todos los demás países, es decir, una empresa con un prontuario de delitos ambientales de terror. Igual, las 100 mil hectáreas (10% del territorio nacional) que tiene el Arco Minero, son ahora el lomito para empresas extractoras de África, China, Asia, América y Europa, donde en términos prácticos, ni el Estado venezolano ni los nativos originales de ese territorio, ejercen alguna soberanía sobre él. Lo más cercano a ejercer "soberanía" quedó en manos de CAMINPEG (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas), una empresa militar que es un verdadero misterio para el ciudadano común y para una porción del mismo gobierno, por el poder que ejerce sobre ese territorio con tanto oro y minerales valiosos, la cual hace de "vigilante" de la zona (según se lee en las noticias) acumulando sus empleados militares infinitas denuncias de maltratos, persecución, extorsión, hasta de "ejecución" de mineros artesanales y pobladores autóctonos de ese inmenso reservorio natural.
Para el gobierno acometer un plan de extracción tan devastador del ambiente, movido por la codicia y la irresponsabilidad, le bastó llamar a la autoridad responsable, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, publicitar una inmensa estafa con un nombre pomposo, la mejor manera que encontraron para disimular la verdadera naturaleza de ese despropósito, del gobierno nacional asociado con transnacionales, en una actividad que no es ni ecológica ni socialista.
Revertir todas estas concesiones hechas al capitalismo trasnacional y nacional en los dos casos expuestos, implica luchar en contra del fascismo, pero no el de los discursos, sino en contra de un fascismo real, rudo y sanguinario: para muestra el mundo. Si nadie se resiste y denuncia los desmanes del capitalismo, la humanidad, tal y como la conocemos ahora, desaparece.
¡SOCIALISMO O BARBARIE!, ¡VOLVAMOS A CHÁVEZ!