Esta normativa fue publicada en Gaceta Oficial el 5 de febrero y establecía una serie de restricciones y requisitos para los prestadores del servicio de entregas que se ofrecieran por redes sociales.
Además de obligar a las empresas registrarse y obtener un permiso de Ipostel, pretendían cobrar un impuesto de 1% por cada delivery.
Debido a las implicaciones económicas para el sector, este miércoles, representantes de varias empresas como Yummy y Pedidos Ya, se reunieron con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para encontrar una solución al problema.
La solución fue derogar por el momento la normativa, como lo explica el comunicado.
De igual forma, el ministro Ñáñez destacó que el Gobierno y las empresas acordaron mantenerse en constante diálogo para trabajar en el bienestar de los venezolanos.