Sin mayor sorpresa fue recibida por la comunidad académica seria y responsable la carta de renuncia del Vicerrector Administrativo de la UCV, consecuencia de presuntos actos de autoritarismo, corrupción y usurpación por parte de la Rectora de la UCV.
Y decimos sin mayor sorpresa porque, además de ser el autoritarismo, la corrupción y la usurpación temas recurrentes en las universidades del país, poco podía esperarse de quienes (en lugar de marcar distancia) se empeñan en defender, reafirmar y seguir (cuan borregos hipnotizados) a sujetos que, además de haber consumado la mayor estafa que país alguno haya sufrido, están asociados a narco-terroristas representados en voluntad popular y primero justicia. Y el que se hayan mantenido apoyando a narco-terroristas de voluntad popular y primero justicia nada de esto extraña porque la misma elección de la Rectora de la UCV fue fraudulenta porque no cumplía con los requisitos que para tal cargo exige la (vigente) Ley de Universidades, que ellos mismo dicen respetar.
Para nuestro país es una verdadera tragedia lo recurrente del tema de la corrupción en nuestras universidades, que abarca al menos tres aspectos: la corrupción financiera (explícita en la referida carta de renuncia), la corrupción administrativa (que se manifiesta en chantajes y extorsiones a que es sometido cualquier trabajador universitario o estudiante con entorpecerles cualquier trámite administrativo si denuncia alguna irregularidad o fraude dentro del recinto universitario) y la corrupción académica (que se manifiesta en el plagio de obras académicas, la cabalgata grupal de publicaciones, dictar y evaluar cursos al nivel inferior del respectivo programa, decir y resolver en clase los problemas que aparecerán en los exámenes, etc.).
De no corregirse, estos niveles de corrupción sin duda alguna que los mismos llevarán a nuestras Universidades a la mayor censura que universidad alguna haya padecido. Evento éste que bien puede suceder si el Ministerio de Educación Universitaria o alguna universidad extranjera (que acepte reválida de los programas de estudio de nuestras universidades) demuestra que los cursos en nuestras universidades se evalúan a nivel inferior al que indican las referencias de los programas de estudio.
Ante tan desolador panorama, es igualmente una tragedia que en los años de revolución la transformación universitaria aun se vislumbra sólo en nuestro imaginario, sobre todo porque los representantes del gobierno en las universidades siguen apuntando a que así sea. Para nadie es un secreto que la AVERU junto a las Junta Directivas de las Asociaciones de Profesores (en defensa de la autonomía universitaria) han hecho lo posible por destrozar nuestras Universidades para, en su guaidiotada, aducir que recuperar la infraestructura de las mismas solo puede hacerse si las Universidades son privatizadas. Y de ello ya se ha hablado abiertamente en chanchullos organizados por egresados afiliados a estas organizaciones narco-terroristas representadas en voluntad popular y primero justicia.
No obstante, aún ante la adversidad más adversa, la providencia siempre aparece para contrariarla. Al rescate de nuestras universidades, presentándose como una luz en las penumbras descritas, lo hace la sentencia del TSJ que ordena hacer elecciones en las universidades según se establece en el literal 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Para ello el TSJ generó un brillante esquema de elecciones que imposibilita las trampas que en tales elecciones eran comunes: viajar en primera clase a jubilados y egresados para ganarlas. Ahora pueden seguir haciéndolo, pero cada uno de esos votos tendrá que competir en igualdad de condiciones con los demás votos dentro de su comunidad o sector conformando la comunidad universitaria, ya que cada comunidad (profesoral, estudiantil, empleados, obreros y egresados) debe elegir a su candidata(o) preferida(o) y quien resulte ganador(a) en tres de las comunidades que conforman la comunidad universitaria será la autoridad elegida.
Consecuencia de una interpretación empecinadamente errónea del artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde sólo se identifica a quienes tradicionalmente hacen investigación académica en las Universidades, especificando que "El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica ...", las universidades, en lugar de generar tal reglamento de elecciones, optaron por ignorar las valientes acciones que asumieron un grupo de los integrantes de cada comunidad conformando la comunidad universitaria que, ante reiteradas y violentas negativas del status quo, no les quedó otro recurso que acudir a la sala Electoral del TSJ exigiendo tal reglamento, entre ellos están las sentencias del TSJ UNEY AA70-E-2015-000124; USB AA70-E-2013-000024; UCV AA70-E-2011-000104 y LUZ : AA70-E-2011-000022.
Paradójicamente, mientras quienes respaldaron con sus firmas las respectivas demandas fueron (y aun siguen siendo) satanizada(o)s en sus universidades, a quienes les dio diarrea el día de firmar los documentos ante el TSJ, ahora se toman la sentencia de elecciones como si fueron partícipes de la misma, respondiendo al mismo tiempo el ¿cuándo han importado los cobardes en la historia de los pueblos? que se preguntó el comandante Fidel Castro en uno de sus tantos memorables discursos. Sin duda alguna que tal escenario de aduladores cobardes alineados con el status quo al frente de las instituciones universitarias hace que la transformación universitaria se retrase aun más, si es que algún día llegare a ocurrir.
Así, finalizamos estas reflexiones recordando lo que en un discurso como Presidente de la Universidad del Estado de Arizona, USA, Michael M Crow en el 2002 le trasmitió a su comunidad "…El éxito de la nueva universidad estadounidense será medido no por a quienes la universidad excluye, sino por a quienes la universidad incluye, y como consecuencia de tal apertura de inclusión se medirá su contribución al progreso de la sociedad …", elementos que pueden lograrse con importantes medidas para, cumpliendo con el Plan de la Patria 2025, erradicar la negligencia, la desidia, la corrupción y la burocracia de la administración pública venezolana, incluyendo las universidades. Para ello, el Estado debe asegurarse que todo ente público de naturaleza supervisora accione para que ello ocurra, procesando debidamente las denuncias que reciba al respecto.
Si existe un Dios que salve nuestras almas, si alguna tenemos. Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata. Levantemos la cara y con ella nuestra mirada al infinito inspirador eterno nos guiará a que juntos hagamos que Nazca lo que tenga que nacer y se destierre la maldad de la oposición en Venezuela.