Hay que decirlo con dolor pero sin temores ni complejos: los planes «Cada familia una escuela» y «Universidad en Casa», planteados por los Ministerios de Educación y de Educación Universitaria para continuar y culminar los respectivos periodos académicos con la modalidad a distancia, estaban condenados al fracaso desde mucho antes de la pandemia que azota todos los aspectos de la vida de los habitantes del planeta.
El hermetismo, ocultamiento y maquillaje que acerca de importantes y fundamentales datos estadísticos ha mantenido el Gobierno nacional los últimos tres lustros, además de inconstitucional e ilegal, ha hecho y hace muy difícil la realización de análisis, diagnósticos y propuestas sobre aspectos vitales para los venezolanos.
Esta práctica lesiva a los intereses nacionales no ha sido sólo en temas muy mencionados como la economía y las finanzas, la producción de bienes y servicios, o el mercado petrolero y de combustibles. También es casi imposible encontrar cifras actualizadas oficiales directamente en los entes que tienen atribuciones en los ámbitos educativos y de telecomunicaciones.
Sin embargo, hay suficientes datos que el Gobierno no puede desmentir y que sustentan la afirmación inicial, no basados en la voluntad, los deseos o las aspiraciones, sino en un resultado palpable de años de desinversión y de recursos dilapidados.
Tomando como cierta la afirmación poco precisa del presidente Nicolás Maduro, el pasado 21 de abril, de que la encuesta sobre la culminación «online» del periodo académico la «han contestado más de 6 millones de venezolanos y venezolanas» y que «el 90% (…) contestaron "Sí"», este porcentaje representaría aproximadamente alrededor de 5 millones y medio de personas que respondieron de manera favorable. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los que no respondieron?
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), dependiente del pomposamente llamado Ministerio de Planificación, en 2018 la matrícula escolar, sin incluir la educación universitaria, era de 7.664.869 niños y jóvenes (http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/Educacion/pdf/EstadisticasEducativas19881989-20172018.pdf), aunque recientemente el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, señaló que eran cerca de 8 millones y medio. Sólo eso dejaría de tomar en cuenta a tres millones de estudiantes.
Adicionalmente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), agencia de Naciones Unidas especializada en indicadores y estadísticas, en su informe sobre Venezuela al cierre de 2018 (https://www.itu.int/itu-d/apis/clients/res/pdf/country_profile/report_VEN.pdf) señaló que únicamente el 45,7% de los hogares tenía una computadora y que el 33,5% del total de hogares contaba con acceso a internet.
Y no son más alentadores los datos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de Venezuela, porque en su informe más reciente, hasta el 4º Trimestre de 2018 (http://www.conatel.gob.ve/informe-cifras-del-sector-cuarto-trimestre-2018/), el 40,3% de la población mayor de 7 años no tenía acceso a internet en ninguna de sus modalidades (residencial, telefonía por celular y dispositivos móviles).
Ese mismo informe de Conatel evidencia que en 15 de las 24 entidades federales del país, los usuarios de internet no llegan ni al 50% de la población mayor de 7 años. Y no son sólo Amazonas, Apure, Sucre o Yaracuy, con 18,5%, 27,6%, 33,1% y 34,2%, respectivamente, sino también estados como Falcón, Monagas, Zulia o Mérida, con 37,5%, 44,2%, 44,9% y 47,84%, respectivamente.
Sin hablar de las consabidas graves deficiencias en la calidad del servicio y de la conectividad del internet en Venezuela; sobre lo cual existen informes que nos colocan como el segundo peor país de Latinoamérica, pero no son datos avalados por instancias oficiales o multilaterales, aunque sí por la experiencia empírica cotidiana.
Por si fuera poco, esta era la realidad ya antes del anuncio del Ministerio de Ciencia y Tecnología (https://twitter.com/CesarTrompizVEN/status/1242961864042168329/photo/1), el pasado 25 de marzo, acerca de que «debido a una falla, el satélite Simón Bolívar no continuará prestando servicios de telecomunicaciones».
Nos guste o no, estas son cifras concretas que evidencian la inexistencia de condiciones para materializar en Venezuela el discurso oficial de «continuar y culminar el año escolar 2019-2020 con la modalidad de educación a distancia», al menos con un mínimo de calidad y de alcance real al universo estudiantil.