No es leyenda urbana, ni mucho menos cuento de caminos pero en los inicios de esta Quinta República conocimos el caso de un rector, muy derecha él, muy afecto al pensamiento neoliberal, que se posicionó como dirigente de una universidad autónoma a la cual impuso su pensamiento a porras y porrazos, sin diálogo incluyente y mucho menos democracia. Autoritarismo y expulsiones, fueron las notas que caracterizaron su gestión. En lo económico, se asoció con la banca privada y rápidamente, los telecajeros y agencias bancarias pasaron a llenar espacios y competir con las obras de arte que hasta entonces vislumbraban en las plazas y jardines de aquella universidad. La jocosidad, no podía faltar entre trabajadoras y trabajadores universitarios y hasta se hablaba, que en la propia oficina rectoral había un telecajero exclusivo para el susodicho in comento. Esa gestión rectoral, se caracterizó por las disputas por el cargo de Vicerrector Administrativo y, a mitad de período, el que fuera electo fue obligado a renunciar y se convocó a nuevas elecciones, ganando un candidato más proclive a seguir las órdenes del rector de derecha. Él, era quién decidía qué día colocar en la banca y cuándo pagar a los trabajadores y trabajadoras sus quincenas respectivas. Durante sus cuatro años, las disputas universitarias se centraron en la lucha por el control del Vicerrectorado Administrativo, que era lo mismo que decir por el control de las nóminas universitarias. Al culminar su gestión rectoral, el susodicho pasó a ocupar un alto cargo en un banco privado, pasó de académico a banquero. Y, obviamente, todas y todos los que llegan a ese tipo de cargo de elección pública, quisieran ser como ese ex rector: banquero.
Para la historia, quedarían gestiones rectorales como la del llamado Rector Magnífico, Dr. Francisco De Venanzi o la del Rector Autonómico, Dr. Jesús María Bianco, quien fuera obligado a renunciar en tiempos del muy académico Dr. Caldera. Eran los tiempos de aquellas autoridades universitarias, que hacían de su ejercicio rectoral, un verdadero apostolado de honestidad en beneficio y engrandecimiento de la Academia universitaria. Señalaba el Rector Magnífico, Dr. Francisco De Venanzi, refiriéndose a la Autonomía Universitaria: «La vida universitaria, que es una densa concentración de tareas intelectuales, requiere del máximo posible de libertad y sólo el régimen autónomo puede ofrecer las posibilidades de que ello ocurra.», como Rector, siempre tuvo claro que: «Las Universidades 'nacionales son parte del Estado y están sometidas al ordenamiento legal específico y general; deben presentar memorias y cuentas al Congreso Nacional a través del ME; pueden ser inspeccionadas por Comisiones destacadas por el Consejo Nacional de Universidades, que ejerce además funciones coordinadoras; pueden ser sometidas a revisión fiscal por parte de la Contraloría de la Nación en cualquier momento.» En Su Mensaje al Claustro Universitario, De Venanzi, profundiza en el concepto de Autonomía: «La autonomía universitaria es el sistema que mejor protege el pensamiento crítico y por ello representa un aporte significativo en la consolidación de los factores que orientan la integración universal. Su significado es tanto más valioso cuanto mayor el grado de independencia académica que se refleja, en última instancia, en la libertad de cátedra y de investigación…» y advierte: «En nuestro criterio, es evidente que para que las instituciones superiores del saber cumplan sus labores en la mejor forma, no pueden estar bajo el control de grupos sectarios que traten de mediatizar la enseñanza o la investigación en función de intereses políticos, económicos o religiosos determinados…» Quizás, se anticipó muchos años al peligro que hoy representan, agrupaciones sectarias como la Averu que funciona como un partido político más de la oposición. Para las autoridades universitarias derechistas, la Autonomía Universitaria dejó de ser un concepto -eminentemente Académico- para transformarse en un asunto de dinero, de churupos y netamente económico. Atrás quedaría el objetivo supremo de la Autonomía Universitaria como lo concebía el Dr. De Venanzi, y que: «…responde fundamentalmente al propósito de proteger al máximo la libertad de cátedra y de investigación y conduce a la creación y fortalecimiento de núcleos de libre análisis». Le correspondería al Presidente - Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el único en toda la historia de Venezuela, quien con suficiente visión humanista comprendería la concepción académica de la Autonomía Universitaria y le otorgaría rango Constitucional, en el artículo 109 de la Constitución Bolivariana de 1999: «El Estado reconocerá la autonomía universitaria... Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley…»
La derecha, ha interpretado esa definición Constitucional de acuerdo a sus intereses político-económicos, y desde 1999 en adelante, ha procurado crear un estado dentro del verdadero Estado Social de Derecho y de Justicia, que ha prevalecido en Venezuela. Mal interpretan la Autonomía, como si la Universidad fuera un feudo bajo su dominio y sus trabajadores y trabajadoras fueran peones bajo su cuidado. Ven en la Universidad, una hacienda propia de la que esperan sacar el máximo provecho. Algunos rectores, incluso, se han atrevido a vender propiedades universitarias como si fueran propias, han perdido el sentido de lo que es propiedad Pública. Reivindican la autonomía en su relación con el Gobierno Bolivariano, más no en su relación con la embajada de EEUU a cuyas directrices se han subordinado, como lo demostró WikiLeaks al hacer público cables desclasificados (http://wikileaks.org/cable/2009/08/09CARACAS1034.html), que ponen en evidencia la asistencia a reuniones con funcionarios de dicha embajada para recibir directrices políticas para su accionar político contra el gobierno del Comandante Chávez. El mandato Constitucional, es determinante sobre la forma en que deben conducirse las universidades definidas como autónomas: «…administración eficiente de su patrimonio», un requisito que poco o nada han satisfecho aquellas universidades que se han autoproclamado como autónomas. Prueba de esto, es lo conseguido en el año 2006, por el entonces Ministro de Educación Superior, Samuel Moncada, quien en procura de cancelar deudas que mantenía dicho ministerio con trabajadores y trabajadoras de las universidades, tuvo que adentrarse en la realidad de las nóminas universitarias. ¿Qué encontró? Cito: «Estamos cumpliendo nuestro cronograma de pagos y los retardos que han ocurrido se deben a la ineficiencia administrativa de las universidades», informaba entonces, el ministro Moncada. En qué consistían esas ineficiencias administrativas? Las describe a continuación el ministro: «Estamos hablando de dinero del seguro social obligatorio que se le entrega a las universidades, se le descuenta a los trabajadores y no llega a su destino que es el Instituto de Seguros Sociales… Estamos hablando de dinero de los aportes federativos a los trabajadores para su bienestar social que se lo entregamos a las universidades y nunca llegó a la mano de los mismos… Se perdieron 2 mil 444 millones de bolívares que asignó el ministerio a las casas de estudio y que las mismas no lo entregaron a los beneficiados». (Venezolana de Televisión, 28-06-2006). Moncada, mostraba como un éxito de su gestión haberle ahorrado a la Nación la bicoca de 300 mil millones de bolívares, gracias a su política de cuentas claras.
En 2010, le correspondió a otro ministro, Edgardo Ramírez, quien para pagar otra deuda a los trabajadores y trabajadoras universitarias se vio obligado a entrar en ese sub-mundo de las nóminas universitarias. La respuesta del ministro Ramírez a las entonces vigentes autoridades universitarias, la recoge un prestigioso diario de circulación nacional en los siguientes términos: «No tenemos acorraladas a las universidades sino a un modelo de autoridades caracterizado por el desorden administrativo. Es necesario que ordenen el área administrativa de las casas de estudio […] detalló que en el proceso de revisar nóminas del personal administrativo, obrero y docente, solicitadas a las casas de estudio correspondientes a la cancelación de la primera quincena del mes de octubre, se han conseguido ciertas irregularidades. En ese sentido, ejemplificó que se consiguieron irregularidades en el caso de las nóminas de docentes que aparecen profesores con 13, 16 y hasta 25 hijos. Ramírez, resaltó que en una misma nómina aparecen 30 registros repetidos de docentes quienes presentan cuatro condiciones: fijo, a tiempo completo, contratado y tiempo convencional…» (Últimas Noticias, 08-12-2010). Se trata de un problema de vieja data, una mala práctica recurrente y aún sin corregir, en que la impunidad se ha impuesto como norma y peor aún, la corrupción y el desorden administrativo de las universidades nacionales, pulula como un cáncer que reclama la mano firme sanadora del Estado que le ponga un cese al mal manejo de los recursos que el pueblo venezolano destina para el funcionamiento de sus universidades públicas. Apenas el año pasado, 2020, los venezolanos y venezolanas, fueron conmovidos por la renuncia de un Vicerrector Administrativo de una Universidad Autónoma y sus denuncias sobre corrupción que dieron motivo a su renuncia: «Actos de corrupción, autoritarismo y usurpación de poderes por parte de la Rectora… son las razones por la cual se origina la renuncia irrevocable del vicerrector Administrativo de la casa de estudios universitarios...» (Correo del Orinoco, 16-01-2020). Lo cierto de ese caso, es que una vez formulada la denuncia por el Vicerrector in comento, la misma se archivó y ocurrió lo que ha ocurrido en todos estos años de Revolución Bolivariana, ni con el pétalo de la palabra se toca a las «honorables» autoridades universitarias de derecha, quienes –por cierto- no reconocen a Nicolás Maduro como Presidente Constitucional de la República, sino al autoproclamado delincuente, ahora bajo la protección del gobierno de Joe Biden. ¡El crimen sí paga!
Durante esta semana fuimos testigos de un nuevo intento del gobierno del Presidente Maduro de poner orden en el manejo de las nóminas universitarias, trasladando su control y distribución al Sistema Patria. La respuesta de las autoridades de la derechista Averu fue la que se esperaba, su negativa a que tocasen las nóminas universitarias y como siempre ocurre, salen enarbolando su aberrado concepto de autonomía universitaria. Autonomía con relación al Gobierno Nacional más no, autonomía de los dictámenes de Washington. Lo cierto fue, que tal negativa del partido político opositor de la Averu de entregar las respectivas nóminas al Ministerio para que se realizaran los pagos de la 1ra. quincena de marzo, mediante la plataforma Patria, se convirtió en un forcejeo entre la derecha universitaria, negada a que se les cancelaran a los trabajadores y trabajadoras universitarias su salario y pensiones de jubilación y el Gobierno Bolivariano, empeñado en que no se les vulnerara su derecho humano al salario. Por fortuna, en esta oportunidad, fue positivo para el Gobierno Bolivariano que pudo sortear las dificultades y el bloqueo de la Averu y cancelar el martes 16, las respectivas quincenas del personal universitario de todas las universidades públicas del país. Un logro del ministro César Trómpiz, sin dudas, que debemos aplaudir por impedirle a la derecha universitaria violar el derecho humano al trabajo. Esta perversidad, de las autoridades de la derecha universitaria, no obstante, tiene un trasfondo que las trabajadoras y trabajadores universitarios deben visualizar con mucha atención pues el objetivo de las mismas, no es torpedear una acción que –Constitucionalmente- es atribución del Poder Ejecutivo Nacional, sino torpedear toda tentativa de mejorar la calidad de vida del personal universitario, mejorar su contratación colectiva. Es un hecho público y notorio, que la central mayoritaria, la FTUV, ya introdujo la IV Convención Colectiva Universitaria Única y que la misma está en proceso de aprobación. Sigue, dicha contratación, la ruta que trazó la clase trabajadora petrolera de petrolizar los beneficios contractuales, valga decir, cancelar salarios y demás beneficios en Petros, con lo cual, quedarían indexados todos sus beneficios al mismo ritmo del dólar, automáticamente, y así poder neutralizar la guerra económica imperialista. De la propuesta presentada por la FTUV, una queja que bien merece corregirse, y la misma tiene que ver con la eliminación de la Prima de Antigüedad, conquista histórica de la clase trabajadora universitaria. El Comandante Chávez, siempre enfatizaba: «Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada». Y, la Constitución Bolivariana es determinante en su artículo 89.1: «Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales.» Intangibilidad y progresividad, son ambos Principios fundamentales del Constitucionalismo Bolivariano, que se empinan como un muro de contención contra todo intento de retroceder en las conquistas históricas alcanzadas por la clase trabajadora venezolana. Hoy, 19 de marzo, día de San José, labrador y carpintero, se conmemora el día de las trabajadoras y trabajadores universitarios, hacemos extensiva nuestra felicitación en su día…
Post Scriptum: Para la reflexión: «La Hacienda Nacional no es de quien os gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostraros el uso que han hecho de ellos» (Libertador Simón Bolívar, 2 de enero de 1814)