La educación es la suprema contribución al futuro de la humanidad puesto que tiene que contribuir a prevenir la violencia, la intolerancia, la pobreza, y la ignorancia. Una población bien educada es crucial si queremos tener democracias prósperas y sociedades fuertes. La educación es el pasaporte a un mañana mejor. En la actual sociedad del conocimiento, la carrera económica, cultural y geopolítica pasa a ser una carrera entre sistemas educativos. La fortaleza de un país radica en el grado de educación de sus ciudadanos. En consecuencia, a todos nos conviene tener más y mejor educación y que todos los demás la tengan. La carencia de este bien lleva a las sociedades al fracaso. De ahí que el profundo colapso de la educación en Venezuela se traduce en subdesarrollo, violencia, marginalidad y ruptura de la convivencia.
La educación es un derecho humano y social del que todos deben disfrutar en igualdad de condiciones, pues el cumplimiento de este derecho va a posibilitar el disfrute de los otros derechos esenciales. En consecuencia, el derecho a la educación implica derecho de todos no a cualquier educación, sino a una educación integral de calidad. Una pobre educación para los pobres reproduce la pobreza, y en vez de contribuir a democratizar la sociedad, agudiza las diferencias y agiganta las desigualdades. Y esto es lo que está sucediendo en Venezuela, donde el abandono por el Estado de los servicios públicos ha ocasionado que sólo un grupito de privilegiados y enchufados disfruten de ellos. Las políticas estatizadoras, las soflamas contra lo privado, y las proclamas inclusivas e igualitarias han profundizado, como nunca antes, las desigualdades y los abismos sociales, y han reducido a la miseria a los empleados públicos. No es posible que los salarios en el sector privado lleguen a ser hasta 70 veces los del sector público.
Si la educación es un derecho, es también un deber humano fundamental, lo que implica que todos somos corresponsables y debemos colaborar para que este derecho se cumpla, lo que supone que todos debemos levantar nuestras voces y unir nuestras manos para rescatar a la educación y garantizar a los educadores un salario que les permita vivir con dignidad y seguirse formando. La defensa de los derechos humanos para todos se convierte en el deber de todos de hacerlos posibles. Resulta de un gran cinismo proclamar derechos y mantener unas condiciones de vida que impiden su realización. Mientras no pasemos de los derechos a los hechos seguiremos aturdidos por una retórica complaciente, estéril y empobrecedora.
El Estado, que representa el interés común y ejerce un poder conferido por la sociedad, debe garantizar que el derecho a la educación de calidad se cumpla en términos de equidad, lo que implica compensar las desventajas de los más pobres para que las diferencias de origen no se conviertan en desigualdades. Es evidente que el Estado que ha permitido el colapso de la educación pública en todos sus niveles y ha convertido a los educadores en mendigos, está raspado en educación. Nos toca exigirle que asuma su papel de gobernante, que deje de culpar a los demás de su fracaso y retome su papel de educador. A su vez, nosotros debemos estar dispuestos a apoyar toda iniciativa orientada a mejorar la educación, pues se trata, nada más y nada menos, de salvar a Venezuela y garantizar a todos una vida digna y en paz.