Recientemente en el CNU fue aprobado, solo con el voto favorable de las rectoras y los rectores agrupados en la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL), una normativa denominada: Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria y Educación Mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Mediante esta normativa son creados los "Sistemas Multimodales de Educación Universitaria". La creación de tales sistemas es ilegal en el marco del marco legal actual que rige la educación en nuestro país.
Según la Ley Orgánica de Educación, aprobada en la Asamblea Nacional en agosto del 2009, en Venezuela el sistema educativo está organizado en subsistemas, niveles y modalidades. Según la LOE, existe un único sistema educativo nacional, el cual está conformado por dos subsistemas, los cuales son: el subsistema de educación básica y el subsistema de educación universitaria. Cada uno de estos subsistemas está integrado por niveles. El subsistema de educación básica agrupa los niveles de educación integral, educación primaria y educación media. Y el subsistema de educación universitaria agrupa los niveles de pregrado y postgrado. Las modalidades del sistema educativo son: la educación especial, la educación de jóvenes, adultos y adultas, la educación rural, la educación para las artes, la educación militar, la educación intercultural y la educación intercultural bilingüe. Otras modalidades podrían ser creadas mediante reglamentos o leyes. Hasta un niño o niña de preescolar entiende la organización jerárquica de la educación en nuestro país, la cual es de la forma siguiente:
1) Sistema Educativo
2) Subsistemas
3) Niveles
4) Modalidades
Dentro de esa estructura no tiene cabida un Sistema de Educación Multimodal de Educación Universitaria, porque la educación universitaria es un subsistema del sistema educativo. A menos que la verdadera intención del Poder Ejecutivo sea crear un sistema educativo paralelo que funcione bajo nuevas reglas. Este sistema paralelo tal vez está pensado para que funcione en las zonas económicas especiales. La propuesta de crear un sistema paralelo no queda restringida al ámbito de la educación universitaria.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) publicó un documento titulado: Plan Nacional en Estudios Multimodales e Intermodales-Subsistema de Formación Continua y Permanente-I y II Fase (2021-2022). En este documento se mezclan una serie de sistemas y subsistemas, lo cual no encaja con la terminología establecida en la LOE para los diferentes estratos de la organización del sistema educativo. En dicho documento, el MPPE se propone "ofrecer alternativas formativas [a la escuela pública, J. M.] y de investigación socio comunitarias para otras formas de vivir y crear bienes y servicios para el bienestar y la prosperidad del pueblo" (p. 5). Más adelante, en este mismo documento se hace referencia al "sistema de educación multimodal" (p. 12) a través del cual se implementarían "modelos educativos a distancia, presenciales, abiertos o mixtos, donde se flexibilizan los procesos educativos promoviendo una serie de estrategias didácticas altamente mediadas por tecnologías blandas y duras, adaptadas a la morfología territorial y el metabolismo comunitario" (p. 12). Se trataría pues de un sistema paralelo al sistema educativo actual formado por escuelas públicas de "carácter reproductor impuesto por el mercado capitalista" (p. 5). Tendríamos así pues un "sistema de educación multimodal" para la Educación Básica y unos "Sistemas Multimodales de Educación Universitaria", los cuales funcionaran en paralelo al sistema educativo nacional estipulado en la LOE.
Esta propuesta del MPPE se encuentra con un problema, en nuestro país no está normada la educación a distancia para ninguno de los subsistemas educativos, sus niveles y modalidades. En la resolución aprobada por el CNU antes mencionada se asoman algunos elementos para regular la educación universitaria a distancia basada en el uso de un determinado tipo de tecnologías. Por otro lado, el MPPE autorizó recientemente, sin un marco legal regulatorio, a la empresa privada Dawere a gestionar un programa de educación media virtual y a otorgar título de bachiller. Dawere es una empresa privada financiada por empresas privadas, fundaciones y ONG’s nacionales y extranjeras. Por tanto, es imperativo aprobar una ley de educación a distancia que regule la gestión de educación bajo esta opción pedagógica en todos los subsistemas, sus niveles y las modalidades.
No se requiere de un diagnóstico exhaustivo para saber que las escuelas y los liceos públicos venezolanos no cuentan con la tecnología ni el personal técnico y académico necesario para gestionar un programa nacional de educación a distancia, de educación virtual o mixto. Tampoco se requiere de una inteligencia especial para saber que el gobierno nacional, por diversas razones (incluyendo el criminal bloqueo impuesto por los EE.UU.), no cuenta con los recursos financieros para dotar a las escuelas y los liceos de los recursos tecnológicos y el talento humano necesarios para tales planes educativos. Por otro lado, tenemos que el acceso a los servicios de comunicaciones es muy desigual en el ámbito nacional, basta echar un vistazo a las estadísticas reportadas por CONATEL sobre acceso a internet, telefonía fija, etc. También sabemos que amplios sectores de nuestra población no tienen el poder adquisitivo para comprar computadoras, y tabletas o teléfonos inteligentes que le permitan el acceso a una educación basada en las TIC, ni para pagar las tarifas para tener acceso a internet. La cuota mensual actual del servicio ABA de CANTV supera cuatro sueldos mínimos.
Teniendo en cuenta este panorama y la estrategia adoptada por el Ejecutivo Nacional de crear un sistema de educación basado en tecnologías paralelo al sistema educativo nacional, estaríamos ante la puesta en marcha de una estrategia para operar un sistema educativo al cual solo tendrían acceso las niñas, niños y jóvenes de aquellas familias que vivan en zonas urbanas con la infraestructura de comunicaciones adecuada y con la capacidad económica para pagar servicios de conexión a internet y adquirir equipos de computación y teléfonos inteligentes que le permitan tener acceso a ese sistema de educación paralelo al sistema educativo nacional establecido en la LOE. En otras palabras, se estaría preparando la vía para poner en funcionamiento un sistema de educación de gestión privada, al que solo tendrían acceso lo sectores de mayores ingresos económicos, paralelo al sistema educativo nacional consagrado en la LOE.