En la serie de publicaciones donde intentamos que los universitarios y la población tome conciencia sobre la grave situación que vive la Universidad Central de Venezuela, institución de ese nivel de más vieja data, hemos señalado la responsabilidad que en esa situación tienen tanto las Autoridades Actuales, los organismos del Estado competentes en la materia y en general la pasividad y resignación de la comunidad frente a estos graves hechos.
No es por azar que la Universidad Central de Venezuela, vive uno de los momentos más críticos de su historia, diagnóstico que puede extrapolarse sin lugar a dudas, con mayor o menor gravedad según el caso concreto a otras universidades.
No se trata solamente del desfase a todos sus niveles por instituciones que deberían renovarse sistemáticamente para irse acoplándose a los nuevos tiempos, que nos presenta la Ciencia, la Técnica y la Cultura en general, sino, de la responsabilidades concretas, porque ni siquiera en sus propósitos tradicionales, contemplados en la Ley y reglamentos respectivos (Docencia, Investigación y Extensión), por donde deben regirse.
¿Y a quien le corresponde de alguna manera velar por el cumplimiento de la Ley y ser custodios de su cumplimiento a nivel universitario?
Si nos remitimos a la Ley vigente, basada en la Reforma realizada por Acción Democrática y Copei, desde el otrora Congreso Nacional y otras reformas posteriores, es al Consejo Nacional de Universidades, el órgano encargado de asegurar el cumplimiento de la Ley vigente, así como de coordinar las relaciones de estas instituciones con el resto del sistema educativo nacional, en materia docente, cultural científica y planificar sus desarrollo de acuerdo a las necesidades del país (subrayado nuestro).
En el caso del deterioro de la UCV y de otras instituciones universitaria hay responsabilidades colectivas, porque de acuerdo a la Ley, el Consejo Nacional de Universidades, además del Ministerio de Educación que lo preside, los Rectores de todas las demás universidades nacionales y privadas, con representatividad también de las Universidades Experimentales. También lo integran representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).
Por lo que hemos observado, ni el Organismo en particular (CNU) ni ninguno de sus integrantes por separado, han fijado posición por ejemplo, por la violación descarada de la Ley, ante la ausencia de Convocatoria de renovar las autoridades y como es el caso súper conocido de la UCV, sus autoridades ya van por los tres períodos, por entrar en el cuarto, con algunos de ellos renunciantes (Vicerrector Administrativo) y no se avizora, por los vientos que soplan ningún medida que obligue a legitimar nuevas autoridades. Al respecto el CNU, tiene atribuciones de convocar elecciones en el caso que el Consejo Universitario o la Comisión Electoral no lo haga en la oportunidad legal correspondiente. Pero como hemos visto, esta disposición pasa por debajo de la mesa y las autoridades ilegítimas continúan en sus cargos, cometiendo otras irregularidades como es la designación de Decanos y Directores de Escuela y hasta de autoridades centrales de Escuela, sin consultar a las comunidades respectivas.
Si realizáramos un paneo de todas las atribuciones del Consejo Nacional de Universidades, observaríamos la falta de cumplimiento de muchas de sus responsabilidades para con el sector universitario, pero no limitaremos sólo a algunas, por razones de espacio.
Está entre sus funciones, verbigracia, designar contralores internos en cada una de ellas, los cuales deberían presentar periódicamente los informes correspondiente al CNU, relacionados con la Ejecución de los presupuestos que le son asignados. En ningún momento, y por ningún medio hemos podido conocer si se ha cumplido con esta importantísima función. El país y muy en particular los universitarios estaría muy interesados en conocer los detalles de esa ejecución, pero al parecer esto es un secreto bien guardado y bien reservado. Si eso es así, con el presupuesto asignado por el Estado, imagínense, con los llamados ingreso internos que se obtienen en dólares por el alquiler de sus instalaciones, ergo, (Estadios de Beisbol y Fútbol de la UCV), administrados por fundaciones que nunca presentan a la comunidad balances de su gestión, ni mucho menos el destino de los fondos obtenidos.
El Consejo Nacional de Universidades, tiene por ejemplo, facultades para exigir a las respectivas autoridades las informaciones que considere necesarias en el cumplimiento de sus respectivas misiones, pero no se ejercen esas facultades y la UCV continúa al margen de la Ley, sin que ninguna autoridad intervenga.
Tiene también el Consejo Nacional de Universidades facultades para suspender a autoridades centrales por incumplimiento de deberes contemplados en la Ley, pero como Uds. Pueden observar si ni siquiera, toman medidas para que se hagan elecciones y se legitime la autoridad interna en una universidad, mucho menos aprobaran sanciones ( Por mucho menos de lo que han hecho estas autoridades fue presionado y destituido el Rector Magnífico, Dr. Jesús María Bianco, precisamente aplicando esta reforma a la Ley, hecha con ese propósito).
Así que invito a los lectores de estas reflexiones a pasearse por la Ley de Universidades y la Ley Orgánica de Educación, vigentes, para que puedan apreciar en su magnitud la irregularidades que hoy persisten en las universidades y sobre las cuales, sobre todo, sobre su corrección, parece haber un manto de complicidad, que impide tomar medidas efectivas para rescatar la Institucionalidad y Democracia interna de las máximas instituciones educativas del país.