No puedo entender cómo el Estado viene demostrando tanta insensibilidad y sordera ante los justos reclamos de los educadores, que solicitan que se cumpla con ellos la Constitución, y se les garantice un salario que les permita vivir con dignidad, acudir con buen ánimo a cumplir con su labor y seguirse formando para ejercer cada vez mejor su profesión. Pareciera que los que nos gobiernan no fueran conscientes de la importancia de la educación que, en la Sociedad del Conocimiento, es el medio fundamental para aumentar la productividad, combatir la violencia y la miseria, y garantizar el ejercicio de una ciudadanía responsable. A todos nos conviene tener más y mejor educación. La carencia de este bien lleva a las sociedades al fracaso, como está sucediendo en Venezuela. Por el contrario, todos los países que han privilegiado la educación y han tratado a los educadores de acuerdo a la importancia de su trabajo, han dado el salto al progreso. Sin educación no tendremos país, y con una pobre educación sólo tendremos un pobre país.
La educación es un derecho humano y social del que todos deben disfrutar en igualdad de condiciones, pues el cumplimiento de este derecho posibilita el disfrute de otros derechos esenciales. Lamentablemente, en Venezuela, ese derecho es hoy negado en la práctica a millones de estudiantes, sobre todo de los sectores más empobrecidos, que están fuera del sistema educativo o reciben tan sólo unas migajas de educación. Nunca como hoy se ha hecho más evidente que la educación de los pobres es una pobre educación.
Si la educación es un derecho, es también un deber y responsabilidad de toda la sociedad. Los que trabajamos por el progreso y la convivencia en Venezuela, debemos unir voluntades y esfuerzos para sacar la educación del abismo en que se encuentra. Este es el clamor de Fe y Alegría que, desde hace meses, viene insistiendo en la necesidad de una alianza o pacto educativo para salvar la educación. La educación, y el esfuerzo mancomunado para que sea de mayor calidad, debería ser la estrategia fundamental del Estado y de la sociedad para reconstruir el país y garantizar el progreso y la convivencia.. El Estado, que representa el interés común y ejerce un poder conferido por los ciudadanos tiene el deber de garantizar que el derecho a la educación se cumpla en términos de equidad, lo que implica compensar las desventajas de los pobres para que las diferencias económicas y sociales no se conviertan en desigualdades y se reproduzca la pobre oferta educativa para los más pobres.
Por eso, necesitamos un Estado eficiente y eficaz en el cumplimiento de los derechos esenciales de todos, en especial de los que cuentan con menos recursos y posibilidades. El buen funcionamiento del Estado es condición para garantizar las políticas públicas y el disfrute por todos de los derechos esenciales. Un Estado incapaz e ineficiente, que confunde deseos con realidades, proclamas con hechos, y equipara la crítica a la traición es una tragedia para todos, pero sobre todo para los más pobres. El Estado no puede desentenderse de la educación o utilizarla para imponer una determinada ideología, ni decidir unilateralmente el uso de los recursos que pertenecen a todos, o premiar o castigar a los que siguen o no siguen sus políticas. Los gobiernos no son dueños del presupuesto, sino meros administradores. Administración que deben realizar con eficiencia, justicia y transparencia. Si no lo hacen, tenemos la obligación de cambiarlo.