Estamos próximos a iniciar un nuevo año escolar, que se vislumbra difícil y conflictivo por la negativa del Estado de asumir en serio su deber de garantizar a todos una educación de calidad y retribuir dignamente a los educadores. Mucho me temo que la educación va a seguir siendo un derecho negado a grandes sectores de la población, que no tienen acceso a ella o reciben una educación de muy baja calidad. Tenemos bachilleres que no entienden un texto sencillo, son incapaces de expresarse en forma oral o por escrito con claridad, y no pueden resolver problemas matemáticos simples. La educación para los pobres es cada vez más una pobre educación, lo que contribuye a mantener y aumentar su pobreza humana, social y económica.
Las tasas de deserción alcanzan niveles muy altos y la crisis humanitaria compleja, agravada por la pandemia, ha dejado sin educación a más de un millón y medio de niños y de jóvenes en edad escolar. Nuestro sistema educativo reproduce y agiganta la desigualdad y la exclusión, y en la actualidad, la educación pública, en todos sus niveles, vive una situación lamentable. Lo más trágico es que, después de tanto discurso igualitario y tanta prédica de incluir a los excluidos, las políticas sociales y económicas tan desacertadas han favorecido la educación privada más excluyente, a la que sólo tienen acceso los privilegiados.
Los salarios de los educadores son irrisorios y no les alcanzan para sobrevivir. Cientos de miles de educadores han salido del país en busca de mejor vida, y muchos de los que todavía continúan, se dedican a otras actividades para poder comer. Se calcula que sólo una tercera parte de las escuelas públicas están en condiciones para reiniciar las clases. Las escuelas de educación están prácticamente vacías, pues los jóvenes no quieren ser educadores. Hay un gravísimo déficit de profesores y en muchos centros no dan algunas materias por carecer de profesores, y numerosas escuelas sólo trabajaron dos días a la semana.
Es urgente que trabajemos todos, como lo viene promoviendo Fe y Alegría, por una Alianza o Acuerdo Educativo Nacional para que la educación se convierta en una auténtica prioridad del Estado y de la sociedad con políticas públicas consensuadas y permanentes. Si la educación es un derecho, es también un deber y responsabilidad de todos. Para salvar la educación, requisito indispensable para salvar a Venezuela, debemos iniciar una especie de cruzada nacional en la que nos involucremos todos: Estado, familias, sociedad, medios de comunicación, empresas, sindicatos, partidos políticos, iglesias, organizaciones no gubernamentales…
Este acuerdo debe orientarse, entre otras cosas, a dignificar a los educadores con sueldos que les permitan vida digna, ejercer su profesión con buen ánimo, y seguirse formando. A su vez, los educadores deben asumir su labor con ética y entrega, y concebirse no como meros dadores de programas, sino como promotores de aprendizaje y gestores de una nueva humanidad. Junto a esto, la Alianza Educativa debe trabajar para que los centros educativos sean lugares de aprendizaje y convivencia. Para ello, deben estar en buen estado y con los servicios indispensables: transporte, agua, comida, electricidad, y con los aparatos tecnológicos necesarios y buena conectividad. Esta dotación tecnológica debe acompañarse con la debida formación pedagógica, para que las tecnologías se utilicen para promover el aprendizaje y la reflexión, pues la tecnología sin pedagogía sirve muy poco.