Por definición y ley la Universidad Central de Venezuela (UCV) es una universidad autónoma, pública y gratuita, sin embargo, se viene avanzando aceleradamente en el cobro de altos aranceles en dólares a los estudiantes. Incluso nos cobran hasta por el uso de las instalaciones deportivas y culturales. Es un retroceso nunca visto. Pongamos en pie un movimiento en defensa de la universidad pública y gratuita.
Asambleas de estudiantes en Sociología (FACES) y Plaza Cubierta de la UCV
Mercantilizando la educación en una universidad pública, expulsando a los estudiantes de menos recursos
Si bien en la UCV ciertos cobros se venían realizando, lo que ha hecho explotar el descontento estudiantil ha sido la decisión de los decanos, aglutinados en el autodenominado "Núcleo de Decanos", de un vertiginoso cobro de aranceles por procesos administrativos indispensables para la prosecución académica. Las nuevas tablas a pagar pueden ir de 10 dólares por una inscripción, 20 dólares por un examen de recuperación, 2 dólares por retirar una materia, 30 dólares por constancias de equivalencia u otras constancias, 60 dólares por constancia de horario o por una copia de las notas certificadas.
Es un paso drástico en la mercantilización el hecho educativo, en una universidad pública. El que pueda pagar la mercancía-educación que lo haga, el que no, que se quede en el camino, expulsado por vía de hecho de la educación universitaria pública. ¿Quiénes vienen sufriendo y van a sufrir más esta expulsión por vía de hecho? Aquellos provenientes de las familias trabajadoras y de sectores populares que, con la brutal y larga crisis que hemos padecido, si acaso logran resolver la alimentación, medicamentos y el pago de servicios básicos.
La mayoría de los estudiantes que trabajan apenas ganan salario mínimo (que ya sabemos que es algo prácticamente simbólico, humillante) más algunos bonos que si acaso les alcanzan para sobrevivir, menos para pagar esos aranceles. Sin contar con que la realidad de la juventud trabajadora, tal como la del conjunto de la clase trabajadora del país, es la de unas jornadas de trabajo extenuantes, la mayoría de las veces si acaso con solo un día libre a la semana, que hacen cas inviable combinar estudio y trabajo. Unas condiciones en las que la opción que se les ofrece es matarse más trabajando para ver si logran pagar la educación, en una universidad que es pública, no olvidemos eso, o incluso, tener que desistir de hacer una carrera universitaria.
A esta brutalidad arancelaria se le suma que a los estudiantes ahora se nos cobra por el uso de instalaciones deportivas y culturales de la universidad, que desde siempre han sido de uso libre de estudiantes, profesores y trabajadores, como es lógico en cualquier universidad pública. Para usar canchas deportivas o auditorios, para eventos organizados por los propios estudiantes, se cobran de 200 dólares y más. Hace poco, estudiantes solidarios con un compañero que tiene una enfermedad grave, intentaron organizar un evento para recaudar fondos, pero la universidad les cobraba ¡500 dólares por hacer uso de un auditorio! Insólito. Esto es lo que produce el descontento estudiantil.
En Agronomía dieron un paso al frente contra esta avanzada privatizadora
El primer paso serio para oponerse a esto lo dieron en Agronomía, en el núcleo Maracay, el 10 de mayo un grupo representativo de estudiantes tomaron el Consejo de Facultad para exigir la nulidad inmediata de los cobros. Hasta entonces los cobros ya se habían comenzado a implementar en algunas escuelas y facultades, bajo el silencio cómplice de los dirigentes de la FCU (Federación de Centros Universitarios), en otras palabras, cobros avalados por estos representantes.
Luego de esta acción, hubo una asamblea estudiantil sobre el tema en la escuela de Sociología. Esto llevó a quienes dirigen la FCU a reubicarse parcialmente y convocar una asamblea en Plaza Cubierta, aunque lo que están planteando en discutir los montos, más no cuestionan el hecho fundamental de que se esté cobrando por la educación en una universidad pública. Peor aún, algunos defienden abiertamente que hay que pagar.
Esto ha salido a la luz aquí en la UCV, pero no se descarta que algo similar esté pasando en otras universidades públicas. De este arancelamiento de procesos administrativos básicos y obligatorios, a que los estudiantes tengan que pagar por matrícula y semestre hay solo un paso, y cuando se venga a ver, tendríamos consumada la privatización de la universidad, aunque esta y toda su infraestructura pertenezcan al Estado.
De la asfixia presupuestaria a la privatización como consenso en las alturas
El gobierno actual ha asfixiado como nunca a la universidad pública, algo que no es exclusivo de los gobiernos del chavismo, sino que venía ya desde los años 80’s, en las últimas décadas del puntofijismo, como parte de los planes de ajuste, que recortaban el gasto público para cumplir con los pagos de la deuda externa a los capitales usureros internacionales. Pero esta asfixia llegó a niveles extremos con el gobierno de Maduro.
Ese es un aspecto neurálgico del colapso y severo desmantelamiento de la universidad, su terrible precariedad presupuestaria: en el último ejercicio la UCV recibió apenas un 2% de lo que solicitó. Eso está en la base del colapso del bienestar estudiantil (comedor, transporte, servicio médico, becas, pasantías, etc.), la miseria salarial de sus trabajadores (tanto profesores como empleados y obreros), el inédito deterioro de su infraestructura, la deserción forzada y masiva de estudiantes, docentes y demás trabajadores, la clausura o funcionamiento casi simbólico de muchos centros de investigación, etc.
Con la política arancelaria por parte de las autoridades universitarias, en lugar de la exigencia del aumento del presupuesto público para un funcionamiento óptimo y que garantice la gratuidad establecida en la Ley de universidades y hasta en la propia Constitución Nacional, se busca que la UCV, en este caso, sea sostenida por los propios estudiantes.
Esta política es avalada por el Gobierno que, tan presto a intervencionismos en la universidad cuando así le conviene, no solo no se opone a esto –aunque no habría que descartar que, por demagogia electoral de cara a las presidenciales, tome alguna medida temporal-, sino que sus figuras en la UCV promueven estas políticas reaccionarias: la propuesta de los aranceles cuestionados por los estudiantes de Agronomía, surgió de la propia decana de esa facultad, que fue la candidata apoyada por el chavismo gobernante. Más aún, la UCV está bajo ocupación de una Comisión Presidencial que impone su control en la gestión de la infraestructura, los espacios, la seguridad y los recursos que, paralelo al casi inexistente presupuesto, destina el Gobierno a la UCV. La privatización que aplican buena parte de las autoridades de la universidad avanza con plena conciencia y aval del Gobierno.
Pero no solo es avalada por el Gobierno nacional, sino también por dirigentes y partidos de la oposición patronal: es el caso de Benjamín Rausseo, que abiertamente planteó suprimir el carácter gratuito de las universidades públicas, pero también el de los demás partidos, que no se oponen ni denuncian estos, como el caso de Fuerza Vecinal, partido al que responde el presidente de la FCU. Algunos de estos dirigentes son aún, o lo eran entonces, de los partidos que a finales de los 90’s buscaron imponer el Proyecto de Ley de Educación Superior (PLES) que contemplaba, entre otras cosas, que comenzaran a pagar por la educación los estudiantes "que tuvieran posibilidades", manteniendo "el subsidio" a quienes no pudieran pagarla (un anzuelo para instaurar la privatización parcial de las universidades públicas).
En 1998 fue derrotado el intento de imponer lo que hoy venden como "solución"
Lo que algunos proponen hoy parece calco y copia del viejo PLES, con la desgracia de que ahora las representaciones estudiantiles de la FCU y de muchos Centros de Estudiantes lo avalan, contrario a ese entonces, cuando una férrea resistencia por parte del movimiento estudiantil impidió la aplicación de esa política profundamente reaccionaria.
Como afirma Ángel Arias, egresado de la UCV y dirigente estudiantil entre finales de los 90’s y parte de la década entrante, en aquel entonces "el proyecto privatizador encontró la firme oposición de un movimiento estudiantil tanto en liceos como universidades. Importantes movilizaciones y acciones se dieron a nivel nacional, en una buena parte de la juventud estudiantil de entonces no estábamos dispuestos en modo alguno a aceptar una cosa tan regresiva como que se redujera más el ya reducido acceso que tenía la juventud de las clases populares a la educación universitaria."
Frente al argumento que plantean los dirigentes estudiantiles de hoy como los de la FCU y de muchos Centros de Estudiantes (¡oh, casualidad, muchos de ellos ligados a partidos patronales!), de que se debe pagar, aunque con la pose de que no los actuales montos elevados, y hacer estudios "socioeconómicos" para que los que no puedan pagar sean subsidiados, Ángel Arias recuerda que en los 90’s:
- No nos comimos el cuento de la "sensatez" de que "el que pueda pagar que pague y se subsidia al que no pueda pagar"… aceptar la condición de mercancía de la educación era renunciar a una cuestión de principios, aceptar ese proyecto era aceptar la existencia a partir de allí de dos categorías/jerarquías de estudiantes (los que pagan y "los subsidiados"), era aceptar la racionalización mercantil del hecho educativo, que se manejaran las universidades y el acceso a ellas por la lógica de la rentabilidad, lo que las llevaría a buscar cada vez mayor rentabilidad.
Ponerse de pie para pararle la mano a esa política profundamente regresiva
Como declara Suhey Ochoa, estudiante de Estudios Políticos, "entre otras tantas consecuencias regresivas de la actual estructura arancelaria, es una drástica exclusión de las y los adolescentes de la clase trabajadora y de los sectores populares de la educación universitaria, expulsando estudiantes de la UCV que no pueden pagar. Las consecuencias serían una profunda regresión social en materia de derechos y oportunidades, serían profundizar (¡más!) las desigualdades de clase que reina hoy en el país." Por eso, ante esta situación, platea: "estamos ante un curso privatizador, al que hay que oponer una firme resistencia, oponernos a cualquier estructura arancelaria y luchar por un mayor presupuesto para la universidad, convocando asambleas por escuelas y facultades, levantando la organización estudiantil desde la base, como mejor forma de pelear por nuestros derechos, empezando por derrotar la política arancelaria. Una lucha que debemos dar junto a los trabajadores y profesores que cobran salarios miserables".
La necesidad de la lucha por el presupuesto universitario acorde a las necesidades de los estudiantes, trabajadores y profesores está en el primer plano en estos momentos, y que dicho presupuesto sea administrado y bajo el control de comités tripartitos de estudiantes, trabajadores y profesores.
Es fundamental que los centros de estudiantes convoquen a asambleas en sus distintas escuelas y facultades. La lucha por una universidad pública y gratuita y mayor presupuesto universitario se hace fundamental. En lugar de abrir el curso privatizador, la universidad debe avanzar en la gratuidad universal y que más estudiantes hijos de los trabajadores y de los sectores populares puedan acceder. Es fundamental generar un gran movimiento en la UCV en defensa de la universidad pública y gratuita junto a las y los trabajadores y las y los profesores.
Ángel Arias también recalca: "sepan los y las estudiantes de hoy de las universidades públicas, que propuestas como esas van en contra de todo aquello que históricamente lucharon generaciones estudiantiles que les precedieron, en contra de todas las conquistas que se lograron, conquistas que permitieron que muchos de sus madres y padres hicieran estudios universitarios, y algunas de las cuales sobreviven a duras penas, en medio de todo el desmantelamiento a que llevó a las universidades el fracaso y debacle del chavismo. La tarea que deberían darse no es la de renunciar a esas conquistas, sino recuperarlas". Esta lucha es la que está planteada.