Los políticos y administradores a cargo de los entes con competencia en materia de educación por lo general dan declaraciones rimbombantes plagadas de citas tomadas de extractos de las obras de nuestros destacados pedagogos e intelectuales de otros campos, nativos o de otros países de América. Entre estos últimos, Simón Rodríguez ha ocupado un puesto destacado. Se podría decir que se trata de uno de nuestros intelectuales más citados y menos leído. Me atrevo a afirmar que la expresión más citada en la historia del discurso político y educativo de Venezuela es: "O inventamos o erramos". Esta expresión le ha servido tanto a los gobiernos social demócratas así como los más a la derecha.
Otra característica de los políticos y administradores del sistema escolar es la creencia de que la realidad se corresponde con lo que dictan las leyes y que todos los problemas de la educación se resuelven promulgando leyes, reglamentos, resoluciones y circulares. Un caso ejemplar lo constituye el Decreto de Instrucción Pública Gratuita y Obligatoria promulgado, el 27 de junio de 1870, durante uno de los períodos de gobiernos bajo el mando autoritario del General Antonio Guzmán. Este decreto es considerado por muchos políticos y educadores como un hito en la historia de la educación venezolana. Este reconocimiento es compartido por políticos y educadores de diversas tendencias ignorando que este decreto nunca se ha llevado a la práctica y que fue promulgado por un dictador militar. Por si fuera poco, los educadores seleccionados reciben con orgullo la "Orden 27 de Junio", creada por el dictador General Marcos Pérez Jiménez para conmemorar el decreto antes mencionado, obra de otro dictador y un gran acto de hipocresía.
Cuando digo que el Decreto de Instrucción Pública Gratuita y Obligatoria, promulgado durante uno de los periodos de gobierno autocrático del general Guzmán Blanco, nunca se ha cumplido, me refiero exacta y literalmente a eso. Tampoco han tenido efecto real en la práctica sus versiones más populistas, mediante las cuales se extiende el período de la educación gratuita y obligatoria hasta la educación media, y la gratuita hasta el pregrado universitario. Muchos consideran estas políticas "expansivas" como progresistas, incluso algunos como de izquierda. No se dan cuenta que se trata de una expansión chimba, porque toda la educación ofrecida en todos los subsistemas, niveles y modalidades por instituciones públicas, es decir financiadas con dinero público, debe ser gratuita. Enfatizo, ninguna institución educativa pública, sea del subsistema, nivel o modalidad que sea, debería cobrar por los servicios que presta. Menos aún en este último cuarto de siglo, en el cual el Estado Docente fue asumido por los gobiernos de este período e incluso fue incluido explícitamente en la Ley Orgánica de Educación del 2009, por cierto, una vieja aspiración de los líderes educativos de Acción Democrática.
El concepto de educación gratuita divulgado por políticos, administradores y muchos educadores produce un doble encubrimiento. Por un lado, populariza la idea de que mantener el sistema educativo público no cuesta nada. Encubre la realidad que, en nuestro sistema escolar se invierten, en forma directa e indirecta, una gran cantidad de recursos materiales y financieros proveniente de los presupuestos nacional, estadal y municipal. Es decir, hacer funcionar el sistema escolar es una operación muy costosa, no tiene nada de gratuita. Por otro lado, populariza la idea de que la gratuidad de la educación es sinónimo de instituciones educativas libres del pago de aranceles, principalmente de matrícula, o de aranceles muy bajos. Oculta la realidad que la gratuidad de la educación no se limita a la exoneración de pago de matrícula y de otros aranceles. La gratuidad debe entenderse como acceso libre, sin costo para las familias, a la alimentación, el vestido, la salud, el transporte y todos los materiales escolares.
En conclusión, en Venezuela no ha existido educación gratuita, hemos tenido una educación pseudogratuidad, entendida exclusivamente como enseñanza en instituciones públicas libres del pago de matrícula.