El codirector de la ONG Acceso a la Justicia y profesor universitario, Alí Daniels, informó en una entrevista para Aula Abierta Radio el 25 de abril de 2024, que las y los universitarios forman parte de las víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad que investiga la Fiscalía de la CPI en Venezuela.
“Ha habido documentación de casos de estudiantes. Uno de ellos lo quiso utilizar el gobierno para decir que hay justicia. Fue el caso de un estudiante en Maracaibo que fue violado por policías y quisieron usar el caso para decir que hubo juicio y condena; pero el joven señaló a 11 responsables (esto está documentado por la Misión de Determinación de Hechos). De los 11 solo fueron condenados 10, de los cuales algunos están en fuga, el 11 era un supervisor; lo que nos confirma que si usted forma parte de la cadena de mando, puede quedar impune y lo demuestra el hecho de que no hubo condena, solo a policías de bajo rango”, afirma Daniels.
El profesor universitario recordó que en un escrito presentado por fiscal de la CPI, Karim Kam, en noviembre de 2023 ante la Sala de Cuestiones Preliminares, con propios datos que el gobierno venezolano le proporcionó, dijo que de 980 casos que la Fiscalía investiga, solo hay sentencias condenatorias en 2,5%, es decir, apenas 20 casos.
Visita del fiscal Kam y apertura de oficina de la CPI en Venezuela
El pasado 23 de abril de 2024, la Fiscalía de la CPI inauguró una “oficina técnica” en Caracas. El fiscal Khan dijo que, de acuerdo a los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de esta oficina serán las de apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional
“Esta oficina solo dará asistencia técnica, no tiene competencias de investigación, lo que significa que el fiscal puede ayudar a que delitos que están en el Estatuto de Roma se incorporen al derecho penal venezolano porque no han sido incorporados. Por ejemplo: la persecución, debido a que el derecho venezolano el delito de persecución no existe”, destacó el profesor Daniels.
El Estatuto de Roma tiene obligaciones y entre esas está la incorporación de los delitos y la Fiscalía puede ayudar para que legisle e incorpore esos delitos, reseñó Alerta 24.
Otra manera de prestar asistencia técnica es brindar capacitación sobre la aplicación del Protocolo de Minnesota, que es un protocolo de Naciones Unidas cuando ocurren muertes de personas en custodia del Estado, explica Daniels. “Esto lo hará un equipo que estará en Caracas y es un trabajo paralelo de investigación que hará otro equipo desde La Haya. Son trabajos paralelos y no interfiere una labor del otro”, agrega el profesor universitario.
En noviembre de 2021, Venezuela se convirtió en el primer país en América Latina investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) luego de que el fiscal Karim Khan anunciara la apertura del caso conocido como “Venezuela I”, por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, que se habrían perpetrado contra estudiantes universitarios y sociedad civil en general que participaron en las manifestaciones antigubernamentales.