Por más desencuentros que tenga en su relación con Javier Milei, Mauricio Macri se mantiene alineado con el gobierno libertario. Todo indica que el líder del PRO volverá a servirle en bandeja al oficialismo el apoyo indispensable de su bloque de diputados para blindar en la sesión de este miércoles el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
El expresidente había enviado señales contradictorias al respecto durante todo el fin de semana, pero finalmente este domingo fijó públicamente su posición. Lo hizo a través de un largo posteo en Twitter, en el que acusó a las universidades de “desviar fondos” hacia “la política”, entre otros malabares discursivos para justificar el ajuste en marcha en los salarios del sector. De todos modos, el poroteo es incierto y aún no está claro que La Libertad Avanza consiga reunir el tercio necesario para evitar el rechazo.
Si bien en el oficialismo están confiados en sostener el tercio de los «héroes» que ya salvaron el veto a la movilidad jubilatoria, esta vez la pelota puede pegar en el fleje y salir. «Se puede definir por uno o dos votos, muy justo», confiaron a Página/12 desde el riñón de uno de los bloques aliados.
La autonomía universitaria
Según Macri, “no se está discutiendo la autonomía universitaria”, ni los salarios docentes o no docentes que garantizan el “funcionamiento” de la universidad pública, sino que “lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”, dijo. «No presentaron una sola factura desde 2015», disparó.
Ese argumento, que apunta a una supuesta corruptela y a “la ausencia de auditorías” se inscribe en la misma línea discursiva que adoptó el Gobierno para deslegitimar el reclamo de la comunidad educativa que el miércoles pasado volvió a marchar masivamente en todo el país para rechazar el veto y reclamar mayores fondos para las casas de estudio.
Desde la Universidad de Buenos Aires salieron rápidamente a desmentirlo. «O tiene un profundo desconocimiento o falta groseramente a la verdad», le contestaron mediante un comunicado oficial con la firma del rector Ricardo Gelpi. El rector, básicamente, mandó a Macri a estudiar. «Las Universidades Nacionales son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que audita a todo el Estado Nacional y no solo a las universidades.
Discusión sobre las universidades
En el caso particular de la UBA, la última auditoría que la AGN realizó, finalizó en el año 2023, tal cual se desprende de la propia página web del organismo», le espetó. «Queremos una universidad pública a la altura de la formación e investigación que nuestra sociedad necesita y expresidentes que estén a la altura de lo que el debate público necesita: que no falten a la verdad, que no desconozcan lo que administraron», finaliza la carta.
Aún con sus torpezas, el posteo en Twitter fue la forma que encontró el expresidente de hacer pública la posición suya y la que tomarán los diputados que le responden respecto del debate que deberán afrontar esta semana.
En ese marco, todavía falta conocer qué harán los tristemente célebres «radicales con peluca» que apoyaron en su momento el veto a la movilidad jubilatoria y fueron premiados con un asado en Olivos y el mote de «héroes fiscales» que les puso el Presidente. Uno de ellos, el tucumano Mariano Campero, le pidió públicamente a Milei que esta vez les ahorre el papelón: «El Gobierno tiene que hacer una nueva oferta para mejorar la situación de los docentes», suplicó.
En diálogo con LN+, el propio ministro de Economía Luis Caputo confirmó que el Gobierno irá a la Justicia si el Congreso rechaza el veto a la ley de financiamiento universitario. «Nosotros obviamente vamos a apelar a eso, probablemente por la vía de la Justicia, siempre dentro del marco de la ley», dijo Caputo y sorpresivamente, remarcó que «a las universidades les hemos dado todo».
Del malestar al apoyo
Hasta que publicó el hilo de Twitter, Macri había dejado trascender su enojo con Milei, el mismo que viene acumulando desde hace meses, no sólo por cargos, sino también por el rumbo general de la gestión política. En la Rosada le bajan el precio a su poder de daño y se niegan a abrirle la puerta a un acuerdo conjunto de gobernabilidad.
No es nada nuevo: desde el inicio del gobierno libertario que el macrismo pide mayor injerencia en la toma de decisiones y avanzar en una suerte de proyecto político común que exceda la alianza parlamentaria vigente. Esa puerta se la vienen cerrando en la cara tanto Santiago Caputo como Karina Milei.
«Como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río, no pueden resistirse, está en su naturaleza», había tuiteado el viernes Fernando De Andreis, mano derecha de Macri. Fue más que una indirecta sobre cómo venía de tensionada la relación.
En el macrismo dicen que, más allá de lo que se discuta en el Congreso, su postura seguirá siendo la de sostener la gobernabilidad. «Les vamos a dar una oportunidad, pero esta en la última», advirtió una de las espadas legislativas del expresidente.
Mas allá del apoyo, el malestar en el PRO por cómo se desarrolló el conflicto universitario es total. Y le facturan al Gobierno falta de muñeca política: entienden que no midieron la capacidad de movilización política de las universidades y que, básicamente, se subestimó la capacidad de daño del sector.
¿Definen los ausentes?
Durante la marcha universitaria, algunos referentes de la UCR, como Martín Tetaz, aseguraron que el bloque de 33 diputados del partido centenario se mantendría unido para rechazar el veto a los fondos universitarios, pero con el correr de las horas esa ilusión se desvaneció.
En el oficialismo están confiados en que los «héroes» radicales con peluca que bancaron con las jubilaciones volverán a hacerlo con las universidades. Y apuestan a que algunos diputados que responden a los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Corrientes, Carlos Rovira, y de San Juan, Manuel Orrego, hagan su aporte.
El número es muy finito y el éxito o fracaso del Gobierno puede depender de los que peguen el faltazo: si hubiera asistencia perfecta, el oficialismo debería reunir 86 voluntades en contra de la insistencia de la ley (con la movilidad jubilatoria consiguió 87); pero ese número disminuye a medida que haya ausentes, dado que se necesitan dos tercios de los presentes el miércoles para voltear el veto.
El problema para el oficialismo es que enfrente, en la oposición, dicen tener 150 votos consolidados que se sentarán en sus bancas para votar contra Milei. Están a diez del número mágico, pero si hay ausentes, podrían imponerse. «Hay una mayoría en el Congreso dispuesta a rechazar el veto«, dijo al respecto el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.