Del manejo responsable de las industrias del Petróleo, energías y minería depende la existencia del Estado Nación Venezolano actual.

Fragmentos de la realidad actual.

La Nación Venezolana y el Estado que tiene la responsabilidad constitucional de administrarla, hacerla sustentable, garantizar las mejores condiciones de vida a sus integrantes y defender su integridad, permanencia y las posibilidades de crecimiento, han dependido en estos últimos 100 años (1914-2019) fundamentalmente de la explotación y comercialización internacional del petróleo. A estas alturas de nuestra historia democrática (1958-2020) cuando han transcurrido 61 años consecutivos de gobiernos electos por medio del voto directo, universal y secreto de los mayores de 18 años, resulta difícil explicarnos cómo esta Nación no cuenta con una gran industria petrolera, gasífera y petroquímica que sea capaz de procesar y obtener los más diversos productos de comercialización nacional e internacional, utilizando estas tres importantes actividades industriales. En otras naciones que no cuentan con producción propia de petróleo y gas, logran elaborar una inmensa cantidad de productos altamente comercializables derivándolos del petróleo, utilizando el gas asociado y no asociado para impulsar una Gran Industria Petroquímica.

Llama la atención como en Venezuela entre los años 1999 y 2019 se han creado desde el Estado, es decir desde lo denominado como Poder Ejecutivo Nacional, una gran cantidad de instituciones universitarias sectoriales y definidas como Universidad Militar, Universidad de las Artes, Universidad Campesina, Universidad de los Trabajadores y Universidad Evangélica o Protestante entre otras. Sin embargo, en una nación cuyos ingresos de divisas que dan la requerida sustentabilidad presupuestaria nacional dependen en un 97 % de la investigación, perforación, extracción, refinación y comercialización del petróleo, sus burocracias y élites gubernamentales no han sido capaces durante estos años de plantearse la creación de una Universidad de Alto Nivel dedicada fundamentalmente a las Energías y la Minería. Se trata de construir un gran centro de enseñanza/formación de profesionales y técnicos en pregrado y postgrado, con una alta y exigente orientación hacia la investigación y elaboración de patentes. Diseñar un Proyecto con mínima estructura burocrática, con tres facultades o departamentos orientados a cubrir las áreas de: 1.- Petróleo, Gas y Petroquímica; 2.- Recursos de Minería y Protección Ambiental; 3.- Energías Eléctrica, Eólica y Otras Alternativas. En estas graves y abultadas carencias estratégicas han coincidido, por sus omisiones, los gobiernos que desde 1958 hasta la actualidad han dirigido la Nación a nombre de unas narrativas doctrinarias derivadas de las dos guerras multinacionales del siglo XX iniciadas por Alemania, nos referimos a la Socialdemocracia, el Socialcristianismo y el Socialismo.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció hace pocos días la conformación de una Gran Comisión para reestructurar la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) intentando rescatarla del grave proceso de deterioro donde ha venido cayendo desde los años 2008-2009 hasta la actualidad, situación agravada aún más por las extremas medidas de bloqueo y ahogamiento económico/financiero/tecnológico y de servicios internacionales contra la NACION y la POBLACION, solicitados insistentemente por destacados dirigentes políticos y empresariales estrechamente relacionados con un importante sector de la oposición venezolana. Consideramos que en estas materias tan delicadas NUNCA es tarde para tratar de corregir/enmendar los graves errores cometidos desde las más diversas responsabilidades humanas por diversos funcionarios públicos que durante estos años no cumplieron efectiva y eficazmente con sus responsabilidades establecidas en la Constitución Nacional, Leyes y Reglamentos de la Nación, supervisando, vigilando, auditando, ejerciendo control, alertando y castigando cualquier hecho o actividad irregular que implicara daños a los bienes y recursos de la Nación Venezolana. Más allá de la lista de funcionarios públicos y dirigentes sindicales que el Presidente incorporó en ese equipo de intervención/restructuración de PDVSA con sus responsabilidades específicas, es indispensable aplicar todas las medidas de control, evaluación, supervisión, corrección, sustitución, clasificación y castigos establecidas en toda la legislación venezolana, superando las inevitables presiones de grupos de poder y negocios que siempre han estado allí, acechando y cazando lucrativos contratos y beneficios sin importar los daños que le ocasionan a los intereses de la Nación y los integrantes actuales y futuros de esta Sociedad Venezolana. Sin la aplicación de estrictos controles previos, durante y posterior a las compras y contrataciones públicas, no será posible detener esa masiva hemorragia de pérdida de recursos públicos por la vía de los más variados y sofisticados procesos de corrupción.

Cuando se realiza una simple sumatoria de las enormes cantidades de dólares y euros que según el Fiscal General de la República de Venezuela, se sustrajeron ilegalmente desde PDVSA por parte de funcionarios y contratistas/proveedores que se encuentran algunos detenidos y otros fugados del país, junto con las cantidades reportadas por fiscales de países como los EEUU y España que adelantan investigaciones y procedimientos judiciales contra venezolanos y extranjeros acusados de lavar grandes cantidades de divisas desde PDVSA hacia diversos paraísos fiscales internacionales, nos acercamos a cifras que superan los 40.000 millones de dólares (CUARENTA MIL MLLONES DE DOLARES). En el último caso internacional reseñado recientemente desde los medios de comunicación españoles con respecto a un contratista/proveedor del sector eléctrico público nacional, se afirmaba que en los EEUU se lleva a cabo una investigación por el lavado de alrededor de 1.200 millones de dólares y en España esta misma persona es investigada por el lavado de unos 4.000 millones de euros.

Las sociedades humanas, desde las más antiguas hasta las más actualizadas, han construido diversos mecanismos, procedimientos, investigaciones, prevenciones, controles y castigos para garantizar que el manejo delictivo y corrupto de los bienes públicos o bienes del común, no se convierta en una acción predominante, que ponga en riesgo la propia existencia de esas culturas y naciones. Por ello, más allá de los nombres, sus perfiles profesionales y éticos, se requiere que los instrumentos de control de la Administración Pública (el ESTADO) funcionen de manera efectiva y eficaz.