Que el gobierno declare una emergencia de cualquier cosa no es nada extraño. En eso se la pasa y no hace más nada. En todo caso sería un reconocimiento de la emergencia en que está Venezuela desde hace ya varios años: mínimo desde 2013. ¿Acaso no es una emergencia la paulatina desaparición del signo monetario nacional? La inexistencia de bolívares circulantes: ¿No es una emergencia o por lo menos algo para preocuparse? El gobierno acabó con el signo monetario histórico, que lleva el nombre del Libertador y que es además el establecido constitucionalmente. El bolívar no tiene existencia real y la gente prefiere que los pagos en efectivo no se hagan con él.
Ahora la moneda es el dólar. Y no porque lo decidiera una página por años anatemizada por quienes luego dijeron públicamente, sin ninguna vergüenza, que "gracias a Dios, José Vicente, existe el dólar", para luego afirmar que no se ve la dolarización como un problema, sino como una tabla de salvación. ¡A dónde hemos llegado! ¿Y no es emergencia acaso lo que ocurre con el sector eléctrico? Y no sólo en el Zulia, prácticamente desprovisto de electricidad desde hace años, sino en muchos otros lugares, como consecuencia del descarado robo y corrupción de quienes manejaron las adquisiciones de plantas termoeléctricas, en conchupancia con diputados opositores actuales.
Vivimos en permanente emergencia aunque Maduro no lo declare. La indetenible hiperinflación, la gigantesca y cotidiana devaluación monetaria, los abusivos precios en dólares, la ausencia de producción nacional, el precario suministro de agua, la inestable recolección de basuras, la inexistencia de hospitales y otros centros de salud y las carencias de medicamentos. Los salarios de hambre, el colapso del suministro de bombonas de gas, los asesinatos de las FAES y del CICPC, el matraqueo de la Policía Nacional, el increíble precio de los pasaportes, la elevación inaudita de los impuestos municipales y la total pudrición judicial. La generalizada corrupción oficial y de quienes pretenden substituirlos, el alarmante deterioro sanitario, las aberraciones educativas del sistema escolar, la desaparición de las universidades, la inexistencia de investigación científica.
Todo está en crisis: el transporte urbano, interurbano e internacional; la Internet, las telecomunicaciones, la red vial, el sistema ferroviario, el control territorial por parte del Estado, la seguridad personal y urbana, la construcción de viviendas, la alimentación y la integridad de las familias. Y no se diga de la ética, la moral, los valores humanos, la solidaridad, la justicia, la equidad, la verdad y la información debida y oportuna. Pero Maduro no se preocupa de nada de esto. Hablan de revolución como si hubieran hecho algún cambio positivo en la vida de la gente, en el bienestar de la sociedad o en el desarrollo del país. No saben qué significa revolución y sólo practican la demagogia más descarada. Viven en otro mundo junto con sus cómplices, sus ingenuos adoradores y los aprovechadores de siempre.
Pero Maduro decreto una emergencia energética y designó una Comisión Presidencial, que parece más una suerte de Asamblea por el número de sus integrantes, con carácter plenipotenciario, para tratar el tema que incluye la reestructuración de PDVSA. La integran muchos ministros, lo que desde ya la hace inoperativa o por lo menos sin real participación del alto gobierno; supuestos expertos en la materia, directivos y ex directivos de PDVSA, militares de alto grado que saben de todo y dirigentes sindicales. Y aquí dejo nuestra preocupación. Para salvarse, para mantener el poder, esta gente es capaz de todo. De vender su alma al Diablo, de hipotecar Venezuela, de destruirla como hacen en el Arco Minero, de entregar pedazos de nuestro territorio en concesiones extraterritoriales, de permitir la dolarización salvaje de la economía. Repito: son capaces de cualquier cosa.
¡Cuidado! De la reestructuración puede salir la entrega inconstitucional y antinacional de PDVSA a grandes capitales extranjeros.