La pandemia global del COVID-19 ha agravado las consecuencias de la crisis estructural del modelo dependiente y atrasado del capitalismo rentista venezolano.
Las debilidades y vicios de la economía nacional y de la sociedad venezolana –tras los últimos casi 50 años de invariable consolidación de nuestro país como monoproductor y multi-importador–, se incrementan exponencialmente ante cualquier situación que afecte el mercado internacional de combustibles fósiles.
La producción del gas natural, doméstico y otros derivados, está íntimamente ligada a los destinos de la industria petrolera.
En Venezuela, la escasez del gas doméstico que hemos sufrido por más de 10 años y que se ha agudizado en estos meses, es la secuela de: las graves deficiencias de inversión, administración y contraloría transparente; la generalizada corrupción; el uso dispendioso de recursos económicos, sobre todo en proyectos no petroleros; la caída de la producción petrolera; las pésimas condiciones laborales y la consecuencial pérdida de fuerza de trabajo calificada; y el contrabando de extracción de hidrocarburos.
Según el trabajo del académico Nelson Hernández (marzo de 2019), "La Crisis Gasífera en Venezuela y su Solución", la producción de Gas Natural pasó de 177 mbd (miles de barriles diarios), en el 2006, a 98 mbd en el 2018; una pérdida de 79 mbd. En lo que respecta al Gas Licuado de Petróleo (GLP, que es el de uso doméstico), su producción cayó a menos de la mitad, de 2006 al 2018, pasando de casi 85 mbd a 40 mbd, obligando a la importación para subsanar las necesidades internas.
En ese mismo lapso, mientras la producción gasífera se desplomaba, la población de Venezuela pasó de 26.444.921 habitantes a 32.605.423, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Para finales del año 2007, cuando el Gobierno creó PDVSA Gas Comunal, el mercado de la distribución del gas doméstico estaba regido por cerca de 40 empresas privadas, como Vengas, Tropigas, Pérez Gas, entre otras. A principios del año siguiente la filial estatal controlaba 48% de las operaciones y el mercado interno, y en poco tiempo se hizo con el 100%.
En 2008, cuando ya se empezaban a ver los síntomas de la crisis económica que aún no se ha superado en Venezuela, el Gobierno nacional anunció que su control total del mercado permitiría una rápida expansión y distribución masiva del gas doméstico, conexiones directas, precios razonables, y la desaparición de la tradicional bombona de gas.
Pero nada de esto ocurrió. Desde entonces se ha evidenciado: incapacidad de producción masiva de bombonas metálicas; fracaso de los planes de producir cilindros plásticos; conexiones directas en las casas que se quedaron sólo en discursos; distribución deficitaria; y graves dificultades para adquirir las bombonas. Todo lo cual ha traído como consecuencia el encarecimiento abrupto de las bombonas y la aparición de mafias de la distribución.
Simultáneamente, las propias denuncias del Ejecutivo nacional sobre el contrabando de derivados de la explotación petrolera (como gasolina, gas natural y GLP), incluso señalando al personal de buques de PDVSA en altamar, evidencian las características de una industria de hidrocarburos que desde una década atrás ya hacía aguas por todos lados.
Además, una política irracional de congelación de precios de los derivados de los hidrocarburos, que llevó a mantener precios estancados por 20 años, ignorando los costos de producción y manteamiento de PDVSA; seguida de la antipopular política de elevación desmesurada de precios, que han llevado a una bombona de 10 kg, que valía 50 bs a valer 50.000 en cuestión de semanass lo cual equivale a ahorcar al pueblo en medio de una crisis planetaria.
Los grandes beneficiarios de los bajísimos precios –como lo es ahora también de los enormes aumentos– de los combustibles derivados de la industria petrolera (gas natural, GLP, gasoil o gasolina) fue la burguesía venezolana, y es ella a quien hay que extraerle de sus bolsillos las ganancias acumuladas con el saqueo de los recursos naturales.
Cualquiera puede entender que el precio de una mercancía, como la bombona de gas, incluya el valor del trabajo socialmente necesario para su producción –tanto el capital variable como el constante–, pero cualquier aumento de precios, especialmente en un momento de crisis socioeconómica como el que vivimos, debe ser paulatino y no apuñalando el bolsillo de la clase obrera venezolana.
En 1999 exportábamos 60 mbd de GLP. Quienes llevaron esta estratégica industria a la ruina, deben enfrentar los tribunales de la historia y de la clase obrera, por dos crímenes; no sólo la destrucción de la infraestructura del gas doméstico sino además por haberlo hecho supuestamente nombre del "socialismo".
Claro está que la recomposición de una eficiente industria de producción y distribución de gas no podrá ser hecha de la noche a la mañana, pero Venezuela, que posee el 73% de la reservas de gas natural de América Latina, tiene las potencialidades necesarias para crear una poderosa red gasífera, cuya mayor garantía será que su propiedad y administración estén en manos del pueblo trabajador.
La clase obrera venezolana debe rescatar el espíritu de lucha de la Huelga Petrolera de 1936, levantando una industria del gas al servicio del pueblo y no de los capitales nacionales o foráneos.