Ayer, 27 de mayo de 2020, en una alocución, Nicolás Maduro anunció nuevamente un futuro y próximo aumento del precio de la gasolina en el mercado interno. En sus propias palabras, "la gasolina que hemos traído la hemos pagado en dólares y debemos cobrarla", en ese sentido "estamos haciendo un grupo de encuesta para determinar el monto de cobro de la gasolina".
Más allá de toda la retórica gubernamental, desplegada con el transporte y llegada de los tanqueros iraníes al país, Maduro reconoció que la importación de gasolina al Estado teocrático de Irán fue una simple operación comercial, que fue pagada en dólares. En la actualidad, dichas divisas provienen de la exportación de oro extraído del Arco Minero del Orinoco, que implica una intensa destrucción de la naturaleza y el desplazamiento forzado de pueblos indígenas.
La distribución de la gasolina por los gobiernos chavistas en un precio irrisorio, debajo de su costo de producción e importación, ha generado distorsiones negativas como la reducción de los ingresos de Pdvsa, un lucrativo negocio para altos mandos militares que custodian las fronteras y venden la gasolina venezolana en el exterior, y un sobredimensionamiento de los vehículos y motos en detrimento del transporte colectivo y el uso de bicicletas, que convirtió a Venezuela en uno de los principales productores de gases invernaderos per cápita del mundo.
No obstante, un aumento de la gasolina a una cotización internacional, tendrá un enorme impacto en la aceleración del incremento de los precios de los productos de primera necesidad, porque afectará la estructura de costo de las empresas y comercios por el transporte de los insumos y las mercancías.
Además, los empresarios, comerciantes y prestadores individuales de servicios van a trasladar a precios el consumo de gasolina de sus propios vehículos y motos. En pocas palabras, el aumento de la gasolina a una cotización internacional es sinónimo de más hiperinflación y de una mayor destrucción de la capacidad de compra de los salarios de la clase trabajadora. Por lo tanto, su aplicación debería venir acompañada del financiamiento de un plan de importación de insumos productivos y bienes de consumo final que permita elevar la producción en el país y el salario real de la clase trabajadora; que podría financiarse con la recuperación de parte de los miles de millones de dólares robados y atesorados en el exterior, y la suspensión del gasto militar, suntuario y represivo del Estado. Esto no es lo planteado.
En la actualidad, el cobro a un precio internacional, o al menos por encima del costo de producción o importación de la gasolina, tampoco es garantía del abastecimiento del mercado interno de combustibles, y menos de la realización de las inversiones necesarias para recuperar las refinerías de Pdvsa, con la finalidad de producir los combustibles que demanda el parque automotor del país. Son ampliamente conocidos los casos de corrupción de los jerarcas chavistas en la gestión de las empresas estatales y los negocios de importación subfacturada de las diferentes fracciones de las clases dominantes venezolanas en la Venezuela petrolera.
En nuestra economía de campamento, importar con divisas subsidiadas por el ingreso petrolero Estado siempre fue el gran negocio del empresariado, ahora importar desde el Estado con divisas petroleras y mineras y obtener ganancias extraordinarias de la venta de bienes escasos en el mercado interno es el gran negocio de la burocracia estatal, civil y militar-policial.
Por ello, el aumento del precio de la gasolina a una cotización internacional, todavía es un anuncio que puede ser revertido o matizado con un incremento menor del asomado en las declaraciones presidenciales. Esto, no solo por el miedo a una posible reacción popular que se pueda transformar en el detonante de una rebelión o revuelta, sobre todo por los intereses corporativos de la única base del gobierno autoritario y antipopular de Nicolás Maduro, el aparato represivo del Estado.
Como todos sabemos, los efectivos militares y policiales que custodian las estaciones de servicio y tienen privilegios para surtirse de ese bien escaso aprovechan la escasez de gasolina para vender los combustibles por encima del precio internacional, y los altos mandos militares tienen un lucrativo negocio con el contrabando de extracción en las fronteras que se supone protegen.
En un mundo aquejado por una crisis ecológica que tiene entre sus expresiones el calentamiento global, y la necesidad básica de garantizar la sostenibilidad económica de las empresas y servicios públicos, son factores que tornan en injustificable el regalo de la gasolina, que privilegia a los propietarios de vehículos y motos antes que los usuarios del transporte colectivo. No obstante, el aumento del precio de la gasolina por encima de los costos de producción e importación no puede ser una medida aislada, sin control obrero, popular y democrático de Pdvsa, las refinerías y estaciones de servicio; y, por ello, debería ser parte de un plan económico alternativo que revierta la destrucción del salario real de la clase trabajadora y permita una reducción de la desigualdad social, con la aplicación de una reforma tributaria progresiva que grave el patrimonio y las ganancias de los grandes capitales transnacionales y locales.