En mi trabajo anterior, Apuntes para la historia de la ignorancia petrolera en Venezuela, discurrí sobre sobre lo que considero la promoción interesada de esa peculiar discapacidad… desde los propios espacios académicos donde se debían vencer las sombras.
Ejemplifiqué el proceso "modernizador" llevado a cabo en las universidades nacionales, bajo el paraguas de los criterios difundidos con el nombre de "Consenso de Washington", con los cambios implantados en mi Escuela de Economía, la de la UCV, entre ellos la eliminación de la Cátedra de Economía y Política Petrolera y Minera, precisamente a partir de 1989, en una puesta a tono con el nuevo mundo globalizado y unipolar que surgiría desde entonces.
Sin embargo, tal exposición, motivada en mucho por mi propia participación en la lucha infructuosa que se libró entonces contra los aspectos castradores del conocimiento de la realidad nacional que tal modernización incorporaba, resultó ser, por eso mismo muy parcial.
Y ello porque omití citar incidencias similares y paradigmáticas en otras áreas del conocimiento y, en particular, en los estudios jurídicos, de los cuales se extirpó el Derecho Minero y Petrolero, para sustituirlo -en una copia al carbón del proceso simultáneo ya referido, en las Escuelas de Economía del país- por una materia general, donde se difuminaron los contenidos reglamentarios, legales y constitucionales específicamente petroleros y mineros, dentro del universo de todos los asuntos atinentes a la administración pública y privada: Derecho Administrativo III.
El fin era el mismo, minimizar la importancia del conocimiento legal básico y específico de la materia petrolera, confinándolo a los espacios de futuros estudios especializados, de postgrado.
Debo traer a colación este desarrollo paralelo en materia jurídica, porque el mismo confirma que lo sucedido en las Escuelas de Economía del país no se vinculaba solamente a caprichos noveleros, de economistas hipnotizados por la potencialidad analítica y prospectiva de las nuevas técnicas cuantitativas, sino de la puesta en vigor, en el ámbito local, de una estrategia global, de mucho mayor monta, originada en los centros generadores del pensamiento único de la nueva era globalizada.
Pero ahora, sobre todo porque éste es un campo de batalla contemporáneo, cuando el proceso de desconocimiento de nuestra tradición reglamentaria, legal y constitucional en materia de hidrocarburos se agudiza, su consideración toma ribetes de emergencia con las propuestas legislativas mediante las cuales se quiere instaurar en el país instituciones propias la "common law" -el derecho anglosajón- con la pretensión de que ello facilitará la incorporación de Venezuela y su petróleo al nuevo mundo globalizado.
A estas circunstancias he dedicado varios trabajos, en uno de los cuales he comparado estas pretensiones con el establecimiento de una "Nueva ley orgánica para regular el comercio de esclavos en Venezuela" , propicia para aprovechar la situación de postración en la que se encuentran el país y todas sus instituciones.
Ese y no otro es el caso, para mí, de las propuestas "modernizadoras" que pretenden anular, en la práctica, a las actuales instancias públicas con pertinencia en materia de hidrocarburos, tales como el Ministerio de Energía y Petróleo, junto a la minimización de PDVSA y de la incumbencia de los poderes públicos nacionales, legislativos, judiciales y contralores, en los negocios y contratos que se establezcan con el capital petrolero internacional de ahora en adelante, dejándolo todo al arbitrio de una omnímoda Agencia reguladora de la actividad petrolera, autónoma e independiente de esos poderes, inspirada en las instituciones privadas que desde hace 100 años hacen lo propio en los Estados Unidos.
Estos modelos han sido promovidos, desde los tiempos en los cuales emergió el referido "Consenso", en los centros académicos difusores del pensamiento neoliberal y, recientemente como dije, se han concretado en los proyectos de nueva legislación de hidrocarburos que cursan en la Asamblea Nacional.
Precisamente por ello, ahora, cuando se necesita tener una mayor claridad sobre un ordenamiento legal y constitucional en materia de hidrocarburos , podemos percibir la gravedad del abandono de su estudio específico y de la fundamentación de sus principios.
Para ir a las fuentes y exponer los alcances de estas propuestas, las cuales ahora se presentan envueltas en un engañoso celofán de reconocimiento formal de las normas constitucionales vigentes, púdicamente encubiertas, pero con un decidido desconocimiento de las mismas, citaré por enésima vez a un autor que ha difundido profusamente esa receta, el Académico Ingeniero Diego González Cruz, quien expone abiertamente y sin tapujos los mecanismos y propósitos liquidadores. :
Proceder a crear el Ente Regulador de los Hidrocarburos, órgano del Estado, independiente del gobierno de turno, autónomo y autárquico, responsable de la administración, implantación y vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas correspondientes, y regulación de las actividades; otorgar las licencias y permisos para abrir todos los negocios "aguas arriba y abajo", elaborar la estadísticas, aplicar las multas, calcular y distribuir las regalías, entre otras actividades
…
Será preciso que PDVSA deje de ser una operadora y convertirla en una excelente administradora de los Contratos de Producción Compartida ("Production Sharings"), en nombre de los propietarios del recurso, todos los ciudadanos.
La significación y consecuencias de esta nueva modalidad de relaciones del capital petrolero internacional fueron expuestas, sin los tapujos demagógicos con los cuales se presentan las mismas propuestas en el ámbito legislativo, vale decir sin anestesia, por el mismo Ingeniero González Cruz en un evento organizado por la Facultad de Ingeniería de la UCV, CEDICE, la Academia Nacional de la Ingeniería y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, vale decir, el corazón de los técnicos y especialistas puros y duros, quienes no andan con devaneos leguleyos, ni especulaciones sobre factibilidades y perspectivas del mercado de economistas trasnochados:
Las actividades, desde la Exploración hasta la Comercialización, no podrán ser realizadas por el Estado, por la sencilla razón que el Estado no debe ser empresario.
¡Santa Palabra! ¿Quién se atreverá a discutir esta sentencia sagrada?
Las actividades, desde la Exploración hasta la Comercialización, podrán ser realizadas bajo las figuras de las Concesiones, Contratos de Producción Compartida, Contratos de Ganancias Compartidas, "Joint Ventures", o Contratos de Servicios, según sean los casos que decida el ERH, bajo las figuras de Concesiones, Licencias o Permisos
Los Sistemas de Regalías e Impuestos serán variables, y las Normas serán elaboradas por el ERH, siguiendo las políticas del Ministerio y las recomendaciones de la CNE.
Dejar explicito que los hidrocarburos podrán ser comercializados en todas sus formas por las empresas productoras y manufacturadoras.
El resultado económico de este nuevo esquema en el futuro próximo, en 2026, que pudo haber sido logrado si esas recomendaciones de 2016 hubieran sido puestas en ejecución entonces, habría sido el siguiente:
Si, tal como usted lo puede ver, apreciado lector:
En 2026, PDVSA no produciría con esfuerzo propio ni uno solo de los tres millones de barriles previstos para obtener de las actividades extractivas en el país.
Ellos serían generados por las diferentes formas de asociación mencionadas por el Académico González Cruz, las cuales, como hemos visto, comportan un retroceso en la capacidad de control y aprovechamiento soberano de esos recursos.
Asociaciones tales que, como se contempla en los proyectos de Ley en discusión, estarán resguardadas por la santidad de contratos suscritos según las normas del arbitraje internacional y respecto a los cuales no regirá el Artículo 151 de la Constitución Nacional, el cual establece la competencia exclusiva de los tribunales de la República para conocer y resolver sobre los litigios suscitados en contratos de interés público.
Tales son apenas ejemplos de los retos que plantea la modernidad a economistas y abogados de la República, a quienes se les ha privado, por varias generaciones, del conocimiento básico sobre la estructura y relaciones jurídicas y económicas vigentes en el país en materia petrolera, aquellas que fueron producto de una lucha centenaria en la defensa de la soberanía nacional sobre los que han sido, hasta ahora, su principal recurso natural y su principal industria.
Reitero aquí que las reformas universitarias que he comentado se insertaron en un proceso general de promoción de la ignorancia, al confinar una materia como la petrolera -sobre la cual deben estar vigilantes, por razones obvias, todos los ciudadanos de este país- a los reducidos espacios de los especialistas y "expertos" que producen resultados como los expuestos en los párrafos anteriores.
Debo hacer un paréntesis aquí para reparar una omisión en el trabajo anterior:
La convicción de que todo lo referente a la actividad petrolera en nuestro país es materia de interés público, que no puede ser confinado a cenáculos especializados, no es nueva. Muchos analistas económicos y políticos del pasado lejano lo entendieron así y dieron verdaderas batallas de opinión pública para la difusión del tema y de sus implicaciones para la Nación.
Es por ello que, en ese sentido, quiero referir un evento de los tiempos en que se estaba planificando el cambio de la Escuela Primaria del régimen de 6 grados a la Escuela Básica de 9 años.
En esa oportunidad, el equipo de profesores de la Escuela de Educación de la UCV que participaba en el diseño de ese tránsito, envió a representantes suyos al Postgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos de la UCV -coordinado entonces por su fundador- el Profesor Francisco Mieres, para solicitar su asesoría en la elaboración de los contenidos petroleros y mineros para 5º y 7º año de la Educación Básica.
El resultado de esa colaboración lo constituyeron los programas correspondientes, los cuales fueron expuestos y comentados con recomendaciones didácticas y bibliográficas, en un texto elaborado por la Profesora Aurora La Cueva Teruel, quien formaba parte del citado equipo de especialistas educadores.
El programa de cambio de los estudios primarios 6 a 9 años fue aprobado por el Ministerio de Educación, como consta a todos los menores de 40 años. Pero, en otro signo de los tiempos descritos, esos contenidos petroleros nunca fueron incluidos, ni previstos de manera alguna.
Pues bien, muy a propósito de reseñar los intentos de transitar un camino alternativo, también parcialmente frustrado en los tiempos que corren, acabo de citar al Postgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos de la UCV, para dejar otro testimonio de la búsqueda de esa senda, tal como se intentó en esa instancia académica.
Ese postgrado fue establecido en 1974, bajo la rectoría del Profesor Francisco Mieres e inspiración en la trayectoria y enseñanzas directas de Juan Pablo Pérez Alfonzo -en cuya fuente abrevó directamente, desde su inauguración y durante sus primeros cinco años de existencia.
Fue concebido como un espacio multidisciplinario, no para la formación de expertos, sino para la integración del conocimiento atinente a todos los aspectos involucrados en el desarrollo de esa industria en nuestro país.
En ese postgrado confluimos, como cursantes, profesores y conferencistas, profesionales de todas las ramas académicas, funcionarios públicos y representantes del sector privado nacional, involucrados todos, de una u otra manera, en las actividades directas y conexas de la explotación petrolera, y en el estudio de su impacto nacional.
De sus especialidades individuales, vienen a mi memoria: administradores, ingenieros, geólogos, químicos, economistas, contadores, abogados, internacionalistas, polítólogos, geógrafos, historiadores, educadores, sociólogos, matemáticos, estadísticos, comunicadores sociales, licenciados en letras, médicos…. lo cual puede constatarse en su archivo de cursantes durante las cuatro décadas y media transcurridas desde entonces.
Consecuentemente, el pensum de estudios de ese postgrado fue concebido para la aprehensión y el análisis de los fundamentos de las múltiples actividades involucradas, tanto en el proceso productivo específico, como en sus implicaciones nacionales e internacionales: Técnicas de Hidrocarburos (Tres materias con nociones básicas de los principales procesos de exploración, producción y refinación), Comercio Internacional de los Hidrocarburos, Marco Legal de los Hidrocarburos, Economía de los Hidrocarburos, Los Hidrocarburos y la Economía Venezolana, Política Petrolera Internacional, Análisis de Estados Financieros Petroleros, Geopolítica de los Hidrocarburos, Seminarios OPEP I y II, Métodos Cuantitativos Aplicados a los hidrocarburos, Inglés técnico, los Hidrocarburos como Insumos Industriales, Metodología de la Investigación Documental y varios Seminarios dedicados al análisis de la coyuntura en cada oportunidad.
Estas características, en medio del ambiente de desinterés académico descrito en éste y el anterior trabajo, convirtieron a este postgrado en un incordio, un generador de críticas y revelador de todas las trapacerías antinacionales que se urdían dentro y fuera de esa industria.
Desde luego que eso no era bien visto en las esferas oficiales.
Ya mencioné en el trabajo anterior la fórmula del chantaje académico, con el fin de acallar las críticas a la apertura petrolera procedentes de los postgrados de la UCV y LUZ, instrumentada por la PDVSA de esos tiempos, utilizando como anestésico moral el otorgamiento condicionado de "un campo petrolero" a cada universidad.
Ahora añado el relato de otro incidente puntual, pero revelador del signo de aquellos tiempos: Las amenazas vociferadas por el viceministro de Energía y Minas de finales de los 90, contra nuestro Profesor Mazhar Al Shereidah, de aplicarle métodos parecidos a los utilizados por Saddam Hussein contra los disidentes, si continuaba refiriéndose a la desmesurada violación, por parte de Venezuela, de las cuotas OPEP.
En consonancia con esa amenaza, fue ordenada ministerialmente su persecución policial, tal como quedó registrado en el libro "El Informe Poseidón" , cuyo autor es el mismo funcionario de inteligencia militar que recibió las órdenes y se encargó del seguimiento.
Allí, de paso, retrata muy poco favorablemente a Ministro y Viceministro de la época, y presenta al mencionado profesor de nuestro postgrado como un peligroso terrorista internacional, del cual buscó referencias con agentes del Mossad israelí en Venezuela, según su fábula y la reseña de Amazon:
"…la saga del audaz coronel Claudio Turchetti, cuyas investigaciones pusieron al descubierto una vasta red de espionaje en la industria petrolera de Venezuela, en la era de Luis Giusti.".
Pues bien, es con el espíritu beligerante de aquél postgrado de fines de siglo, comprometido en el batallar contra la ignorancia vestida de estrechez especializada, que me refiero a la "experticia" petrolera con comillas. Porque, repito, el problema no es un asunto de expertos y especialistas, en tanto que ninguna realidad social es abarcable con miradas microscópicas.
Cualquier actividad social, sea en colectividades humanas o en colmenas de abejas, es múltiple y plena de complejidades. En el caso del petróleo, para Venezuela lo es más, por las características que adquirió en estos últimos 106 años y por el oscuro panorama que confronta hoy.
Al respecto, en agosto 1999, en medio de otro debate con muy pertinentes reminiscencias para la contemporaneidad, escribí un artículo, cuyas primeras cuartillas transcribo, porque encajan en lo que quiero decir respecto al reduccionismo de las gríngolas especializadas:
La "Verdad Petrolera", un Elefante y Siete Ciegos
Hace muchos años, aposentado en uno de esos sitios "donde toda incomodidad tiene su asiento", disfruté de la lectura de una antología de cuentos de la India.
Uno de ellos, pleno de moralejas sobre la imposibilidad de captar completamente la realidad a partir de visiones parciales de la misma, se refería, precisamente, a las descripciones que siete ciegos de nacimiento hacían de un elefante frente al cual fueron colocados.
Un ciego, tocando la trompa, lo describía como un animal alargado, flexible, etcétera. En otras palabras, atribuía a todo el animal las características de la trompa.
Igual evaluación parcializada hacían cada uno de los otros seis ciegos: el que abrazaba una de las patas, el que tocaba los colmillos, las orejas, el rabo, etcétera.
Fueron siete descripciones precisas de cada uno de los órganos que palpaban y cada uno de los siete ciegos hacía la misma extensión de la parte al todo, negando ardorosamente la versión de los otros seis, en medio de una discusión inconciliable.
Algo parecido sucede con la realidad petrolera: cada quien la interpreta de acuerdo con su particular forma de ver las cosas.
Pero en esta materia no se trata de ceguera de nacimiento, sino de los anteojos de la conveniencia o de las gríngolas de la ignorancia.
Y para muestra, un botón.
Los dirigentes petroleros venezolanos impusieron, desde hace más de una década y hasta el pasado mes de febrero una verdad, su verdad: las políticas de restricción de la producción para defender sus precios son una cosa del pasado; la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ya no tiene poder sobre el mercado; el mercado está ahora en manos de los compradores, quienes lo controlan con sus inventarios, sus mercados especulativos y la coordinación de sus políticas a través de la Agencia Internacional de Energía; apoyado todo ello en el control de los canales de comercialización e instalaciones de refinación en los mercados finales, que todavía detentan las grandes corporaciones transnacionales.
Esa visión de la realidad, que toma aspectos parciales de la misma y los convierte en toda la realidad, no fue una "percepción parcial y equivocada", sino una que fue especialmente diseñada para justificar las políticas expansivas y aperturistas impuestas por los sectores poderosos nacionales y, sobre todo, internacionales, beneficiarios de esas políticas y quienes influyeron en los niveles políticos y llegaron a controlar los puestos de comando de nuestra gerencia petrolera pública en los veintitrés años pasados.
Por enésima vez recuerdo que esas políticas condujeron al país a una de las más profundas crisis económicas de su historia contemporánea y que la reversión de esas políticas, a partir de marzo del presente año, ha dado unos resultados incontrastables, manifiestos en la duplicación de los precios del petróleo en cuatro meses (gráfico 1), los cuales desmienten toda la sedicente "verdad petrolera" sobre la inutilidad de la concertación de los productores, sembrada en el alma venezolana a través de todos los medios, masivos o no, de manipulación de la información.
Pero la nueva realidad es todavía muy joven para imponerse frente a los reflejos condicionados expansionistas profundamente internalizados por los venezolanos.
Es así como se registran hechos aparentemente inexplicables, como los que ya hemos reseñado en esta columna: declaraciones que especulan sobre la proximidad de la fecha en que terminará la política de recortes de la producción, o sobre el nivel a partir del cual se volverán a abrir las espitas de la producción a todo dar, o exageradas expresiones de preocupación sobre lo que pensarán de nosotros los consumidores que "sufren" el crecimiento de los precios.
Como puede inferir cualquier lector, y como todos hemos sido testigos en estos últimos 20 años, muchos de esos preceptos de la "verdad petrolera" meritocrática se mantienen intactos en el imaginario de la mayoría de los venezolanos, y son utilizados por los planificadores petroleros contemporáneos en el diseño de metas expansivas inviables, tal como lo testimonian la tramposa "certificación" de las "mayores reservas petroleras del mundo", en la Faja Petrolífera del Orinoco y los innumerables proyectos de expansión de la producción, entre 2005 y 2018, donde menudearon metas entre 4 y 8 millones de barriles diarios, para alimentar las 37 refinerías proyectadas en 2010 y que estarían en operación plena en el 2030.
Como una muestra panorámica de la irresponsabilidad planificadora de nuestros dirigentes petroleros en todas las épocas, inserto un gráfico que he presentado en otras oportunidades sobre lo que he denominado "planificación de pajaritos preñados", según la cual se fija una meta futura arbitraria y, en el más puro lenguaje del dibujo técnico, se "tira una línea" hacia el punto de origen:
Nueve ruinosos proyectos en los cuales se comprometieron e incineraron incalculables recursos económicos y materiales, sobre los cuales habrá que hacer algún día inventario y determinación de responsabilidades.
Tales son los resultados de una planificación unidimensional, la cual, sólo aparentemente se fundamenta en la consideración exclusiva de parámetros físico-químicos, electro magnéticos, volumétricos, estratigráficos, geográficos y astronómicos.
Y que, también en apariencia, deja de lado cualquier consideración socioeconómica, histórica, jurídica, política y geopolítica, pero que en la realidad tuvieron, al menos durante los primeros 24 años de existencia de PDVSA, una profunda fundamentación ideológica, como la señalada al inicio respecto al Consenso de Washington y el recetario neoliberal, sin dejar de mencionar los negocios personales que se hicieron al calor de esos proyectos irrealizables.
Así lo he comentado antes, al recordar la consigna de Humberto Peñaloza de mediados de los años 70: "PDVSA es un empresa de ingenieros para ingenieros".
En verdad, se trataba de algo más que de un extremismo gremialista.
Con ello se expresaba la voluntad de mantener a PDVSA como coto cerrado, a merced de una meritocracia gestada en la era concesionaria y convertida en garante del mantenimiento de los intereses y vínculos privilegiados de sus antiguos empleadores con los negocios las nuevas operadoras nacionalizadas.
Vía contratos de asistencia técnica y comercialización, protegidos, con la proclamación de su autonomía operativa, de la interferencia "política" y el escrutinio de los poderes públicos, especialmente de la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional. Tal como sucedió durante los 24 años referidos.
Los fiascos subsiguientes, producidos entre 2005 y 2018, fueron generados en un marco ideológico distinto, pero siguen siendo, sin embargo, producto de la tecnocrática estrechez de miras y de la voluntad corrupta de dirigir la "ejecución" de ingentes presupuestos de "procura" y contratos de obras no realizadas que han derivado hacia bolsillos privados, tal como lo testimonian las denuncias y procesos judiciales que menudean en tiempos recientes.
Los reiterados proyectos de expansión registrados en el gráfico inserto se fundamentan en razonamientos insólitos por lo absurdo.
Algunos botones de muestra son pertinentes:
El proyecto de alcanzar a poseer 37 refinerías en 2030 se fundamentaba en un "análisis de entorno", que sin más comentarios reproduzco:
Pero repito, para resaltar el nivel de absurdo de los razonamientos de estos planificadores de la Vicepresidencia de Planificación e Ingeniería de PDVSA:
"No existen en estos momentos proyectos anunciados de construcción de nuevas refinerías… por lo tanto, hay que actuar ya!" …
Traduciendo: los halcones del capital petrolero internacional no se han dado cuenta de la oportunidad que se presenta, pero nosotros venezolanos "vivos" la aprovecharemos: 29 refinerías en el exterior y 8 en el país alimentarán los mercados que se conquistarán… al salirnos de la OPEP, desde luego, porque sólo así podremos incorporar 4 o 5 millones de barriles diarios a un mercado estancado, de muy leve crecimiento.
La comparación de las metas fabulosas de los planificadores petroleros de cualquier signo con la realidad contemporánea, cuya génesis multifactorial ha tenido como partera de ocasión a la ignorancia especializada, resulta lastimosa y sangrienta.
Esa realidad nos convoca a un esfuerzo nacional y colectivo, sin exclusiones, pero con una conciencia clara de dónde reside el interés nacional, para la reconstrucción del país y de nuestro legado material y espiritual a las próximas generaciones.
CMP/Agosto 2020