Los marcadores principales de precios del crudo, el Brent y el WTI, se han visto impactados la tercera semana de mayo tanto por situaciones de orden político, como por situaciones de orden financiero que han afectado sus cotizaciones a la baja.
En el caso del Brent, sus cotizaciones se han visto afectadas a la baja ante el anuncio de un inminente acuerdo entre EE.UU. e Irán para el regreso de las partes al cumplimiento del acuerdo nuclear Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) y el levantamiento de las sanciones estadounidenses, lo que permitirá aumentar la oferta de petróleo iraní –exenta de los acuerdos de recortes de la OPEP+– en 500 mil barriles (MBD) desde mediados de este mismo año.
En el caso del WTI, este marcador se ha visto afectado a la baja, junto a otras materias primas, como reacción del mercado ante una posible subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU., debido a los datos más recientes sobre la inflación estadounidense -subió casi 1,6 puntos en un mes-, la cual cerró abril con 4,16% de inflación en el Índice de Precios al Consumo.
GRÁFICA DE LOS PRECIOS
(02 noviembre 2020 – 19 mayo 2021)
Fuente: elaboración propia con datos de Intercontinental Exchange (ICE) y Chicago Mercantil Exchange (CME Group).
PRODUCCIÓN
La 16ª Reunión Ministerial de la OPEP+, del pasado 27 de abril, culminó sin cambios en su política de flexibilización de los recortes de producción.
Los recortes de producción serán de 6,55 MMBD en mayo, 6,2 MMBD en junio y 5,759 MMBD en julio, lo que representaría una disminución de 3,905 MMBD respecto al recorte original de 9,7 MMBD, iniciado en mayo de 2020.
Los datos del MOMR de la OPEP colocan la producción mundial de petróleo, condensados, LGN y líquidos no convencionales en 93,06 MMBD, mientras que la producción de los países que conforman la OPEP+ se ubicó en fue de 38,37 MMBD, sin condensados ni GNL.
Entre mayo y julio, la oferta de petróleo de la OPEP+ se incrementará en 2,291 MMBD para ubicarse en 40,66 MMBD de petróleo. Si se suma el incremento esperado de 500 MBD en la producción de Irán para el inicio del tercer trimestre del año –si se levantan las sanciones–, entonces la oferta de crudo de los países de la OPEP+, para el mes de julio, sería de 41,16 MBD, un incremento de 2,791 MBD respecto a la producción del mes de abril.
Si la producción de los países OPEP+ al mes de julio, con el adicional de Irán -más cualquier incremento de los países No-OPEP-, no se sincroniza con la recuperación de la demanda, entonces se generarán volúmenes en exceso e incremento de inventarios, lo cual afectará la estabilidad y recuperación del mercado petrolero y, probablemente, obligaría a la OPEP+ a revisar su política de flexibilización de recortes de producción.
DEMANDA
De acuerdo con la OPEP, para mayo de 2021, se mantiene la estimación sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo durante este año, en 6,0 MMBD, con un incremento sostenido a partir de la segunda mitad del año, para ubicarse en 96,5 MMBD.
Dicha estimación del comportamiento de la demanda, se produce tras haber registrado una demanda más lenta de lo previsto en el hemisferio americano durante el primer trimestre de 2021, combinado con los repuntes de la pandemia en India y otros países.
DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO 2020 – 2021
(Crudo, condensados, LGN y otros No-convencionales)
Fuente: Elaboración propia con datos de IEA, EIA, OPEP
La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), coincide con la OPEP al tiempo que mantiene su proyección de demanda para el año en curso. Mientras que la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, (EIA por sus siglas en inglés), prevé un incremento mayor de la demanda, 1,2 MMBD por encima de la estimación de la OPEP/IEA, para ubicarla en 97,7 MMBD.
Todos estos organismos coinciden en que, para el segundo semestre de 2021, la demanda de petróleo será estimulada por la recuperación económica, apoyada en los programas de estímulo implementados por las principales economías y por una creciente movilidad luego de eliminadas muchas de las medidas restrictivas por la pandemia.
La masiva y eficiente vacunación en los Estados Unidos y Reino Unido, sumado a la recuperación económica en Asia, con China a la cabeza, promueve el consumo de combustibles para todo tipo de transporte y la recuperación de la demanda.
VENEZUELA
De acuerdo al último Reporte de Monitoreo del Mercado (MOMR por sus siglas en inglés) de la OPEP, la producción de petróleo de Venezuela, presentó una caída de 81 mil barriles diarios de petróleo respecto al mes anterior, para ubicarse en 445 mil barriles día de petróleo, una caída del 85 % respecto a los niveles de producción de 3,015 millones de barriles día del 2013.
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE LOS PAÍSES OPEP (abril 2021)
Fuente: Monthly Oil Market Report OPEP
La actividad de producción de petróleo en el país, acumula una caída de 2,570 millones de barriles día de petróleo durante 88 meses continuos, siendo el único país de la OPEP que ha experimentado una situación similar.
A partir de las sucesivas intervenciones del gobierno en PDVSA y del proceso de desmantelamiento y persecución de su estructura de dirección, sus procedimientos y procesos de procura y contratación, así como el desvío de los recursos presupuestados por la empresa entre 2015-2017, para sus operaciones, mantenimiento e inversión, la producción y procesamiento de petróleo y gas, refinación y exportaciones han colapsado.
El gobierno no ha podido estructurar, ni presentar al país, un plan de recuperación de la empresa y sus capacidades operativas, a pesar que, en el 2007 se certificaron las reservas de petróleo más grandes del planeta –316 billones (miles de millones) de barriles de petróleo– y de que PDVSA, en sus estados financieros auditados del 2013, era la quinta empresa petrolera más importante del mundo, con 231 mil millones de dólares en activos y 84.486 miles de millones de dólares en patrimonio. Con una producción promedio en el periodo 2004-2013 de 3 millones de barriles día de petróleo, con aportes al fisco de 480 mil millones de dólares y aportes al desarrollo social y otros fondos del Estado por 216 mil millones de dólares en el mismo periodo de vigencia de la Plena Soberanía Petrolera.
En lugar de presentar un plan de recuperación de las capacidades de la empresa, el gobierno, a partir del 2017, militariza toda la estructura de dirección de la empresa, desató la persecución política abierta y el encarcelamiento de directivos, gerentes y obreros, arrebato las conquistas sociales y económicas a sus trabajadores, provocando la salida de más de 30 mil trabajadores y personal calificado de la empresa.
PRODUCCIÓN PETROLERA DE VENEZUELA
(2013 – abril 2021)
Fuente: Monthly Oil Market Report OPEP, elaboración propia
Una vez militarizada la empresa, bajo la presidencia del general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, el gobierno prometió al país que incrementaría la producción de petróleo en 1 millón de barriles día en un año.
La verdad es que el gobierno, una vez militarizada la empresa inició, en violación de la Constitución y Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la privatización y entrega de PDVSA y la actividad petrolera en el país.
En 2018 y en base al Decreto 3.368, el gobierno, con la firma de los "Contratos de Servicios", entregó a los privados el control y operación de las mejores áreas de producción de petróleo en el país operadas hasta entonces por PDVSA. Igualmente decretó una exención de impuestos para el sector petrolero y comenzó a entregar las mejores áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco a empresas petroleras sin experiencia, ni capacidades, a través de la Sala Constitucional del TSJ, así como cedió participación y control de PDVSA sobre las mejores empresas mixtas del país.
Los resultados fueron desastrosos, no solo no se incrementó la producción en un millón de barriles día como prometió el gobierno, sino que la misma cayó desde el nivel de 1,9 millones de barriles día de diciembre de 2017 –cuando inicia la militarización– hasta 500 MBD, una caída de 1,4 millones de barriles día, una caída de 74% entre 2017-2020, hasta que sale el general Quevedo y se instala una nueva comisión interventora de PDVSA, la Comisión ARA (Alí Rodríguez Araque) en febrero de 2020.
La Comisión ARA vino a privatizar PDVSA
Esta nueva Comisión interventora, coordinada por Tareck al Aisami, llegó a un Ministerio de Petróleo desmantelado y una PDVSA destruida, con el Plan de privatización de la empresa y, por ende, la entrega del petróleo.
El primero de mayo del 2020, denunciamos el Plan de privatización del sector petrolero, donde la Comisión ARA, en abierta violación de la Constitución, que reserva la actividad petrolera al Estado venezolano, y de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que dispone cómo se instrumenta la reserva, la referida Comisión presenta a los potenciales compradores de PDVSA un plan donde básicamente se entregan todos los activos y el patrimonio petrolero del país, al sector privado.
El plan de privatización de la Comisión ARA, además planea la entrega de las operaciones y el control de las áreas petroleras del país, las áreas de producción de petróleo y gas, la venta de refinerías, criogénicos, patios de tanques, terminales, además de plantas, plataformas, taladros y buques, entre otras.
No plantea la referida Comisión el desarrollo de nuevas áreas de producción y refinación, apegados a lo que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sino la venta simple de todo lo existente, lo cual es absolutamente contrario al interés nacional, tal como lo establecen la Constitución y las leyes.
Ahora la Comisión ARA, circula un documento entre los privados, donde le coloca precio a los activos y al patrimonio petrolero del pueblo venezolano, concentrados en 152 "oportunidades de negocios". Para el gobierno y la referida Comisión, la soberanía petrolera vale 77 mil millones de dólares.
El documento en cuestión, donde se remata PDVSA, muy difundido por las grandes agencias y representantes del capital transnacional petrolero, se justifica con el argumento de que se requieren recursos para llevar la producción de petróleo a los niveles "anteriores" al gobierno del presidente Chávez, obviando el hecho que durante en ese periodo estaba en vigencia una política de defensa del precio del petróleo, lo que obligaba a la regulación de la producción –como ha quedado demostrado por la OPEP+ durante la pandemia del Covid– sino que el promedio de la producción de petróleo en el país, se mantuvo entre 2004-2014 en 3 millones de barriles día de petróleo, esto a pesar de los efectos del Sabotaje Petrolero del 2002 adelantado por la llamada "gente del petróleo".
Un aspecto importante a resaltar, no solo son las ilegalidades e inconsistencias de la venta propuesta, sino la subestimación del valor de los activos de PDVSA. La empresa que en 2013 estaba valorada en 251 mil millones de dólares, hoy es rematada por 77 mil millones de dólares, es decir el gobierno ofrece al privado un descuento de 174 mil millones de dólares, el 74% de descuento en su valor, una verdadera "ganga" para las transnacionales.
Por otra parte, los privatizadores prometen todo tipo de seguridades al inversionista, no solo el arbitraje internacional –contemplado ya en la Ley de protección de inversiones aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente– , sino el más absoluto SECRETO en las transacciones, las cuales transcurren ya sin rendir cuentas a ninguno de los órganos contralores del Estado, ni a nadie, sin transparencia de ningún tipo, derogando o "desaplicando" las leyes de la República tal como se establece en la inconstitucional "ley anti bloqueo", aprobada –otra vez– por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.
La piedra de tranca para la privatización: CHÁVEZ y la Constitución de 1999.
Sin embargo, los planes de privatización del gobierno tienen el obstáculo del marco legal vigente para el sector petrolero, que incluye tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada ampliamente luego del proceso Constituyente de 1999, y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que entró en vigencia en 2002 y ha sido probada y aplicada con éxito durante la Plena Soberanía Petrolera, entre 2004-2014.
El gobierno sabe que las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, no solo están cuestionadas por la legitimidad y la extralimitación de funciones de la ANC, sino que colidan con la Constitución vigente. Ningún inversionista importante del sector petrolero internacional vendrá a participar de actos que, estando viciado de nulidad, carece de validez y no produce efectos jurídicos.
Por ello el gobierno, ahora con el control de la Asamblea Nacional, acelera la reforma o derogación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para ajustarla a sus planes de privatización del sector.
Sin embargo, el análisis de la Constitucionalidad de las reformas o derogatoria de las leyes Orgánicas del sector, entre ellas la Ley Orgánica de Hidrocarburos y a Ley de Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, establece que dichas leyes constituyen el instrumento legal para ejercer "la reserva sobre la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico", por lo que ninguna reforma o ley puede vulnerar las reservas que la misma hace sobre la actividad petrolera ni los principios y disposiciones consagrados en la Constitución, entre otros el que consagra los hidrocarburos como propiedad del Estado.
No se puede ejercer la propiedad sobre el petróleo, si no se controla su explotación, operación, comercialización y si el estado no obtiene los ingresos necesarios por impuestos y regalías como propietario del recurso natural, tal como está establecido en la LOH.
Al modificar la ley Orgánica de Hidrocarburos, para privatizar PDVSA, y entregar las operaciones y el control del petróleo a terceros, se pierde cualquier posibilidad de ejercer la reserva y la propiedad sobre el petróleo, por lo que resulta inconstitucional.
Reforma arancelaria en China reduce las opciones de exportación de petróleo desde Venezuela
Esta semana el ministerio de finanzas de China, decidió imponer impuestos adicionales a lo que se denomina "light-cycle oil" (LCO), que son hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos pesados, también conocidos como "bitumen-diluido" que, al ser procesados o utilizados general muchas emisiones de Dióxido de Carbono al ambiente.
Con esta medida el gobierno chino, intenta bloquear o encarecer la adquisición que hacen los refinadores privados chinos de este tipo de mezcla de hidrocarburos, los cuales adquieren a muy bajo costo, para obligarlos a que compren crudos pesados de mejor calidad, que resulten en menos adiciones al ambiente.
¿Por qué esta medida afecta a Venezuela?
En el marco de la política de diversificación de mercados, adelantada por Venezuela, durante el gobierno del presidente Chávez, a partir del 2006, se suscribieron importantes acuerdos de suministro con China, la India y otros países asiáticos, con el objeto de diversificar y crear un nicho de mercado para nuestros crudos pesados.
Hasta el 2014, Venezuela, suministraba a China hasta 640 MBD de crudos pesados, los cuales, al venderse a precios de mercado, tipo fórmula, significaban una valoración para nuestros crudos en un mercado donde es menor la competencia con productores de crudos pesados, pero además el intercambio comercial, que llegó a estar en 24 mil millones de dólares con China, permitió establecer relaciones beneficiosas para ambos países.
Las empresas estatales chinas ampliaron su presencia en el país, a través de la constitución de empresas mixtas, en el marco de la LOH, donde PDVSA tiene al menos el 60% de participación y el control en las áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Se había estructurado de esta forma un mecanismo de cooperación que incluía suministro de petróleo a precios de mercado desde Venezuela, e inversiones chinas para el sector petrolero y no petrolero, además de asistencia financiera y tecnológica en el marco de la Comisión Mixta China-Venezuela.
Las empresas estatales chinas, siguieron importando petróleo venezolano hasta el 2019, cuando decidieron no mantener el intercambio ante los incumplimientos desde PDVSA, que a partir del 2017 comenzó a incumplir la mayoría de los acuerdos de suministro como Petrocaribe, China, entre otros, cediendo a la presión de los EE.UU. y las sanciones contra las exportaciones de petróleo venezolano.
IMPORTACIONES CHINAS DE CRUDO VENEZOLANO
Fuente: Administración General de Aduanas de China / Bloomberg
Pareciera evidente que China, decidió disminuir su riesgo geopolítico con Venezuela, ante los incumplimientos y problemas internos del país. Una postura opuesta a la asumida con Irán, donde, a pesar de las estrictas sanciones impuestas por EE.UU. contra la referida nación, las empresas estatales chinas han seguido importando crudos de la nación persa.
A partir del 2019 y una vez que PDVSA cedió las operaciones de comercialización de crudo a terceros, las exportaciones venezolanas a china se han venido realizando a través de empresas privadas chinas y traders privados que operan para PDVSA quienes transportan el crudo venezolano, sobre todo mezclas y crudo Merey, a Malasia y otros destinos asiáticos, donde luego de hacer trasvase barco a barco, se mezcla el hidrocarburo con otros hidrocarburos o productos de baja calidad para esconder su origen, pero disminuyendo su calidad, de esta manera el crudo Merey venezolano, después de mezclado, entra dentro de la categoría de hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos de baja calidad, "light-cycle oil" (LCO), también conocidos como "bitumen-diluido", los cuales ahora serán gravados con mayores impuestos por el gobierno chino.
De esta manera, la reforma tributaria, que entrará en vigor el próximo 12 de junio, impondría un gravamen equivalente a casi 30 dólares por barril para los hidrocarburos líquidos, de baja calidad.
Las ventas de crudo venezolano, sobre todo las mezclas y el crudo Merey, comercializado por operadores privados, se venden con descuentos importantes, puesto que ya no se aplican precios fórmulas para nuestros crudos, mientras fueron desmanteladas las capacidades de fiscalización del Ministerio de Petróleo de Venezuela –en el año 2017 el gobierno intervino y cerró la oficina de monitoreo de precios de venta del Ministerio de Petróleo en Viena– de manera tal que los nuevos impuestos dejan muy pocos margen para PDVSA y los intermediarios a través de los cuales opera.
El gobierno, que cedió o entregó buena parte de la flota propia de buques de PDVSA para el transporte de petróleo, entre ellos los 4 VLCC (Junín, Boyacá, Carabobo y Ayacucho, buques petroleros con capacidad de transporte de 2 millones de barriles de petróleo) adquiridos para atender el suministro a China y la India, se verá limitado ahora en sus envíos a China, por lo que probablemente se volverán a llenar los inventarios de crudo en el país que se han estado drenando desde inicios del año.
Guyana
El pasado 28 de abril, en un comunicado de prensa, la petrolera estadounidense ExxonMobil, operadora (45%) del bloque Stabroek -con la estadounidense Hess Corporation (30%) y la china CNOOC (25%) como socias-, anunció el descubrimiento de petróleo en el pozo Urau-2, el número 19 que hace la transnacional petrolera en aguas del Esequibo y la costa atlántica venezolana. Con este descubrimiento, aún sin cuantificar, se están sumando nuevas reservas petroleras a los 9 mil millones de barriles de reservas que ExxonMobil estimó en 2020 en Stabroek.
BLOQUES DE PRODUCCIÓN PETROLERA EN AGUAS DEL ESEQUIBO Y DE LA FACHADA ATLÁNTICA DE VENEZUELA
Fuente: Edición propia con imagen de Abraham Gómez R.
Ante el nuevo hallazgo petrolero, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, informó de los planes de ExxonMobil para tener operativas, en 2027, tres Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga (FPSO, por siglas en inglés) adicionales (con lo cual espera tener 10 FPSO operativas), con el fin de aumentar "significativamente" las actividades de producción y llevarla a 1 millón de barriles día de petróleo ese mismo año.
El incremento de la actividad petrolera y el desarrollo de infraestructura de producción y procesamiento de petróleo y gas en las aguas del territorio Esequibo en disputa con Venezuela, van configurando de hecho un despojo del territorio y recursos, pasando por encima del acuerdo de Ginebra y del derecho soberano de Venezuela a controlar y desarrollar los recursos naturales en su plataforma Continental, y preservar su acceso a la fachada Atlántica.