En medio de la guerra desatada entre Ucrania y Rusia, el presidente Vladimir Putin ha hablado con claridad meridiana: "Sin rublos no hay gas". Ha sido una respuesta muy concreta ante la feroz arremetida de Occidente en materia de embargos y sanciones, que conllevó aparejada la exclusión del sistema financiero Swift, lo cual confiere a la economía un papel antes asignado a la política: "la extensión de la guerra por otros medios".
La razón abreviada de esta radical medida es de lógica tajante: Los rublos no pueden ser embargados. Así de sencillo y resumido.
Esto nos motiva a reflexionar, validando la extrapolación, sobre la actual situación que confrontan los habitantes de la urbanización La Isabelica, aquí en Valencia (la de Venezuela), los cuales son conminados a pagar en dólares para acceder al disfrute del servicio de gas directo a sus hogares. Por supuesto que las razones para ello distan años luz del mandatario ruso.
Al parecer, las famosas "cooperativas" encargadas no se sabe por quién, de la instalación subterránea de las dolarizadas acometidas del suministro, cuentan entre sus miembros a ingenieros pertenecientes a la nómina de PDVSA Gas. Esto explicaría el excesivo cobro y la impunidad.
A estas alturas, cuando las denuncias han recorrido todos los entes encargados de velar por el derecho humano de acceso a los servicios públicos esenciales para la vida, siendo públicas, notorias y comunicacionales, llegando además hasta el despacho presidencial en Miraflores, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.
Que gran daño se ocasiona a la revolución bolivariana cuando los entes reguladores y fiscalizadores garantes del fiel cumplimiento de la Constitución y las leyes de la república hacen de la vista gorda. Maxime cuando parecen conformar una sociedad de cómplices, al mejor estilo de la Cuarta república, criminalizando la protesta popular y tildando a los verdaderos líderes sociales y sectores afectados de la tercera edad de zagaletones.