Hemos insistido, como voz que clama en el desierto, sobre las numerosas irregularidades que persisten en torno al tema de la gasificación directa en la comunidad La Isabelica de Valencia, una urbanización popular emblemática que ha servido de laboratorio de guerra y experimentación dina de análisis socio antropológico.
El tema en cuestión, constituye un claro ejemplo de violación a las normas jurídicas, técnicas y éticas previstas en nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución bolivariana. La continuidad de este magnánimo proyecto iniciado por el presidente Hugo Chávez en favor de las comunidades adolece de total transparencia, evidenciando una nefasta concreción de lo que supondría la privatización de los servicios públicos destinada a favorecer solo a aquellos que gocen de capacidad económica para disfrutarlos y, por consiguiente, excluyendo a quienes no puedan pagarlos.
En este contexto, muchos políticos y dirigentes sociales han guardado silencio y hacen de la vista gorda frente a esta problemática. Surgen muchas dudas que nadie se digna a aclarar e instituciones negadas a la investigación de las irregularidades. Dos principales entes involucrados como son PDVSA Gas y la Alcaldía de Valencia han desatendido el llamado a dar respuesta a los perjudicados y excluidos, cuando lo mas indicado sería la conformación de una mesa de negociación que permita considerar las alternativas y propuestas elaboradas por los ciudadanos en aras del disfrute pleno y sin exclusiones del servicio de gas directo. Pero lamentablemente no hay voluntad de diálogo.
9 PREGUNTAS SIN RESPUESTA
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¿Existe un proyecto elaborado sobre la obra de gasificación directa de la urbanización La Isabelica que recoja los aspectos técnicos y económicos de la obra o es mera improvisación?
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¿Se realizó la previa licitación de la obra que permitió a los ejecutores de la misma acceder a los materiales existentes en PDVSA Gas, los cuales son bienes nacionales?
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¿Por qué no existen vallas de la obra que reflejen el monto de la ejecución del proyecto, los ingenieros responsables, las empresas vinculadas, entre otros aspectos de interés?
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¿Por qué quienes fungen como contratistas rompen las calles y aceras sin ningún tipo de planos de ingeniería, obviando las acometidas existentes?
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¿No se violan las normativas de seguridad y prevención de posibles siniestros ocasionados por impericia en la instalación y manejo inadecuado del gas doméstico?
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¿Cuál estructura de costos determina y justifica el excesivo e irracional cobro de divisas por vivienda beneficiada?
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¿Por qué no se realizó un estudio socio económico previo para evaluar la capacidad de pago de los vecinos a ser beneficiados por la obra, considerando justas exoneraciones?
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¿Por qué se pecha por igual a locales comerciales y residencias, siendo superior la capacidad de pago de los primeros?
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¿Por qué no se considera rebajar el monto a pagar a las viviendas que ya tienen la acometida hasta la puerta de su casa instalada en el año 2007 durante la fase inicial adelantada por el presidente Chávez?
Ojalá estas reflexiones sirvan como "notitia criminis" y entes como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado actúen de inmediato en resguardo de los intereses colectivos y difusos del ciudadano de a pie, y cese la persecución, hostigamiento e intimidación contra quienes no pueden pagar los apetecidos dólares.