En tiempos de guerra, Venezuela siempre fue el principal proveedor de hidrocarburos de Estados Unidos y sus aliados.
INTRODUCCIÓN
El viernes 02 de diciembre de 2022, a 20 años de haberse cumplido el inicio del Sabotaje petrolero contra el Gobierno de Hugo Chávez Frías del 2002, el Ministro del Poder Popular para el Petróleo y Presidente de PDVSA, Tareck El Aissami, y Chevron Corporation, celebraron la firma de un contrato para la reactivación de las operaciones y las actividades de producción en Venezuela.
Fue un evento donde estuvieron presentes la junta directiva y trabajadores de la estatal petrolera y sus filiales, así como representantes de la empresa norteamericana.
El Aissami expresó que "este contrato tiene como objetivo continuar con las actividades productivas y de desarrollo en este sector energético, enmarcados dentro de nuestra Constitución y las leyes venezolanas que rigen la actividad petrolera en el país".
Es una noticia importante para el mundo petrolero que hay que felicitar porque se le está indicando al mercado que pronto PDVSA aumentará su producción y exportaciones, más allá que esa producción va dirigida estrictamente para satisfacer el mercado estadounidense en un contexto de la guerra rusa con Ucrania y la crisis económica que está afectando a Estados Unidos y sus aliados en Europa.
CONTEXTO DE LA FIRMA DEL ACUERDO PDVSA -CHEVRON
Es importante resaltar que la firma del contrato se da una semana después que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita a la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, emite sus polémicas Licencias Generales 41 y 8k (26/11/2022) del Reglamento de Sanciones de Venezuela (VSR), donde deja claro y bien escrito, los términos de la autorización a Chevron para el reinicio de actividades petroleras en el país hasta seis meses.
Ese mismo día, un grupo de opositores promovidos por el Gobierno estadounidense (Plataforma Unitaria) y representantes del Gobierno venezolano, acordaban la firma del Segundo Acuerdo en el marco de la Mesa de Negociación de México.
Entre las operaciones autorizadas por la OFAC en ambas Licencias, se encuentran actividades relacionadas con la producción, extracción y comercialización de petróleo venezolano a Estados Unidos por Chevron y sus filiales Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC, Weatherford International y Public Limited Company; así como la compra e importación en Venezuela de los insumos intermedios para realizar esas actividades.
Sin embargo, establece muy claro que PDVSA no recibirá ni un dólar por esas actividades, sin referirse bajo qué argumentos.
¿QUÉ DICE LA LICENCIA GENERAL N° 41?
Cuando se lee textualmente la Licencia N° 41, sin interpretaciones de ningún tipo, se observa que a Venezuela se les imponen unas condiciones que benefician solo a la única gran petrolera estadounidense que aún opera en el país, que se estima que Pdvsa le debe a sus empresas conjuntas (Joint Ventura) más de 3.000 millones de dólares (USD) en dividendos y deudas.
Textualmente, "esta licencia general no autoriza":
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El pago de cualquier impuesto o regalías al Gobierno de Venezuela;
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El pago de cualquier dividendo, incluido un dividendo en especie, a PdVSA o a cualquier entidad en las que PdVSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más;
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La venta de petróleo o productos derivados del petróleo producidos por o a través de las JV de Chevron para la exportación a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos;
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Cualquier transacción que involucre una entidad ubicada en Venezuela que sea propiedad o esté controlada por una entidad ubicada en la Federación Rusa;
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Cualquier expansión de las JV de Chevron a nuevos campos en Venezuela más allá de lo que estaba en lugar el 28 de enero de 2019; o
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Cualquier transacción prohibida por el VSR, incluidas las transacciones que involucren cualquier persona bloqueada de conformidad con el VSR que no sean las personas bloqueadas descritas en el párrafo (a) de esta licencia general, a menos que se autorice por separado. (c) Esta autorización se renueva automáticamente el primer día de cada mes y es válida por un período de seis meses a partir de la fecha de vigencia (…)
Por otra parte, la Licencia General N° 8k, textualmente en sus numerales "no autoriza:"
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"El pago de cualquier dividendo, incluso en especie, a PdVSA, o a cualquier entidad en la que PdVSA posee, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más."
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"Cualquier préstamo, acumulación de deuda adicional o subsidio de PDVSA, o cualquier entidad en la que PdVSA posee, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más, incluso en especie, prohibido por E.O. 13808 del 24 de agosto de 2017, modificada por E.O. 13857, e incorporado a el VSR; o
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Cualquier transacción o actividad prohibida por el VSR, o cualquier otra parte de 31 CFR capítulo V, o cualquier transacción o actividad con cualquier persona bloqueada que no sea personas bloqueadas identificadas en los párrafos (a) y (b) de esta licencia general.
¿QUÉ REPRESENTA LAS LICENCIAS DE OFAC PARA LOS VENEZOLANOS?
La autorización de la OFAC a la petrolera Chevron Corporation y sus subsidiarias en Venezuela (Jonit Ventura), en el marco del proceso de "flexibilización" de las sanciones imperiales impuestas al país, es una bofetada a la inteligencia de los venezolanos. Valga decir, a los 30 millones de dueños de ese patrimonio común (yacimientos petrolíferos) que en la actualidad se encuentra limitada para desarrollarla por medidas unilaterales de carácter geopolítico e ideológico.
Puede decirse que hay elementos ocultos detrás de esa autorización que supuestamente buscan "suavizar" las sanciones coercitivas impuestas contra Venezuela, pero imponiendo unas condiciones que benefician a la única gran petrolera estadounidense que aún opera en nuestro territorio, a quien Pdvsa le debe dinero.
En ese sentido, pudiera decirse, que aquel funcionario público que permita la ejecución en Venezuela de las operaciones petroleras en los términos que establece la Licencia General N° 41 emitida por la OFAC estaría violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, cometiendo fraude a la nación y traición a la Patria. Son acciones tipificados como delitos graves en el Código Penal venezolano que no prescriben en nuestra nación.
Ahora bien, nos imaginamos que la celebrada firma de PDVSA y Chevron Corporation el pasado 02 de diciembre en Caracas, no debería estar regida por la Licencia General N° 41 ni por la 8k, porque sería contrario a nuestros interés nacionales. Y, de ser así, entonces la petrolera estadounidense estaría contraviniendo la autorización de Washington para retomar parcialmente sus actividades con PDVSA, algo que le llevaría acciones penales en su país.
Como vemos la firma del acuerdo PDVSA – CHEVRON genera un dilema geopolítico petrolero interesante que es necesario aclarar por ambas partes las siguientes preguntas: ¿La firma de este acuerdo de reanudación de actividades petroleras está enmarcada en los términos establecidos en las Licencias Generales N° 41 y 8k? ¿Está apegada a la Constitución y a las Leyes petroleras venezolanas?
Veamos porqué nos preguntamos esto.
CONTEXTO DE LAS 763 MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES CONTRA VENEZUELA
Sin bloqueo o con bloqueo extranjero, el objetivo del Estado constitucional iniciado con la llegada al poder de Hugo Chávez Frías en 1999, era impulsar un camino hacia la independencia política y económica de nuestro país con respecto al resto del mundo. A su vez, se pregonaba y alcanzó importantes cambios en materia legislativa para garantizar la participación popular en todos los ámbitos de toma de decisiones del sistema gubernamental nacional, a fin de construir una nueva economía productiva, competitiva y menos dependiente del exterior.
Desde el inicio, los líderes de la revolución bolivariana estaban claro que el imperio estadounidense, sus transnacionales y sus aliados europeos iban hacer todo el esfuerzo posible para lograr dominar y poner de rodillas al sistema político venezolano. Porque ellos necesitan controlar los recursos naturales y la principal reserva de hidrocarburos del planeta que es Venezuela para su provecho como potencias económicas industrializadas. Así lo hicieron por más de 100 años hasta 1999, y como ha ocurrido hasta la actualidad, buscarían la forma de seguirlo haciendo sea como sea.
Es por eso la insistencias en reestablecer el viejo modelo de relaciones petroleras con Venezuela, dominado por las élites financieras y las corporaciones transnacionales, basadas en un modelo Capitalista-Neoliberal y dependiente que controla no solo el Estado sino todas las estructuras de la sociedad venezolana.
Sobre esa forma de relaciones internacionales se ha desarrollado la dinámica política y económica actual entre Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. El primero con un Gobierno maniatado, amenazado, bloqueado y sancionado por los dos últimos, con recursos y activos nacionales retenidos, secuestrados y ultrajados, propiedad de todos los venezolanos, que se estima oscilan entre 24 mil y 30 mil millones de dólares.
Ese daño imperial se alcanzó de forma rápida y con muchas secuelas sociales debido a la alta dependencia de Venezuela del sistema económico-financiero estadounidense. Y es precisamente sobre este elemento, en un contexto de la guerra Rusia -Ucrania, de enfrentamientos abiertos con la Federación Rusa y China (dos aliados geopolíticos de Venezuela) y de crisis económica mundial, que el gobierno de Joe Biden ha decidido impulsar conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y plantear algún tipo de "flexibilización" de las medidas coercitivas unilaterales.
Es preciso recordar, que en tiempos de guerra a nivel mundial, Venezuela siempre fue el principal proveedor de hidrocarburos de Estados Unidos.
LA DINÁMICA DEL JUEGO POLÍTICO DETRÁS DE LA MESA DE NEGOCIACIONES EEUU-VENEZUELA
Desde una perspectiva de la Teoría de Juegos, vemos que hay tres actores importantes que están jugando a ver quién saca mayor provecho en la posible solución del conflicto que afecta principalmente a la población venezolana.
Recordemos, que tanto los sectores Opositores: Estados Unidos y sus aliados (primer actor) y un grupo de partidos de ultra derecha venezolana agrupados en la llamada Plataforma Unitaria (segundo actor), le declararon la guerra al Gobierno de Nicolás Maduro (tercer actor) desde su inicio en 2013, demostrando un nivel de intolerancia política-ideológica que ha hecho mucho daño a la Nación.
Jugaron a desconocer su Gobierno, declararlo en organismos internacionales un dictador y realizar acciones con la finalidad de sacarlo del poder de cualquier forma a destiempo, conspirando, promoviendo bloqueos, medidas coercitivas unilaterales laterales, intentos de magnicidio, instauraron el dólar paralelo, sabotaje a los servicios públicos, constitución de un Gobierno paralelo con la venia de más de 50 países, robo y afectación directa a la industria petrolera venezolana, entre otras afectaciones, cuya principal víctima ha sido la población trabajadora, militar, pensionada y jubilada.
Ahora, en una ruta definida para alcanzar acuerdos y posibles soluciones al conflicto político en Venezuela, cada actor juega, y en estas últimas, han jugado y ya develaron lo máximo que pueden aspirar si algunas de las partes cediera en su totalidad (ganar-perder), veamos:
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Estados Unidos jugó y aspira que una de sus principales petroleras reanude sus actividades en el país y se lleve todo el petróleo procesado y comercializado sin pagarle nada a Venezuela (Licencias Generales 41 y 8k).
El presidente Nicolás Maduro describe esa acción de la siguiente manera: "Se intenta montar sobre Venezuela un modelo neocolonial donde un país diferente saca unas sanciones y le dice a todos los países del mundo: este país no puede producir, ni vender petróleo, eso lo dice Estados Unidos (…)" (Maduro: 30/11/22).
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Por otro lado, en el Segundo Acuerdo firmado por la Mesa de Negociación de México, los Estados Unidos y sus aliados lograron que parte de los recursos confiscados a Venezuela (US$3.000 millones), estimados en su totalidad más de US$ 24 mil millones sean administrado por la ONU.
Sobre esa experiencia (jurisprudencia internacional) pudiera ser que todos los recursos venezolanos retenidos por ellos a nivel mundial sean administrados por organismos internacionales que ellos dominan (ONU, entre otros).
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La Plataforma Unitaria, aspira que se perdonen a todos los acusados de traidores a la Patria, se hagan elecciones presidenciales imponiendo condiciones fuera de Ley, se les permita participar en esas elecciones, se liberen algunos políticos presos, obteniendo una amnistía general (perdón oficial).
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El gobierno de Nicolás Maduro, espera que se levanten todas las sanciones y se devuelvan los activos confiscados ilegalmente por Estados Unidos y sus aliados en Europa, "o no hay elecciones adelantadas."
GEOPOLÍTICA DETRÁS DE LAS LICENCIAS GENERALES 41 y 8k DE LA OFAC
Las licencias emitidas por la OFAC son una verdadera prueba a la semblanza de los líderes de la revolución bolivariana actual ante el imperio que nos ha venido agrediendo y afectando la economía y a la población sin cesar en los últimos 8 años.
Son Licencias bien redactadas, muy claras, bien pensadas, son parte del juego geopolítico del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. La emiten con la finalidad de forzar las negociaciones y las firmas entre Pdvsa y Chevron. Son sus condiciones iniciales para la flexibilización de la sanciones.
La OFAC, que es una pieza del ajedrez geopolítico estadounidense, puso sus condiciones para "ceder" a que la Chevron produzca, comercialice y venda petróleo a su país de origen, en el marco de un primer paso para la flexibilización de la sanciones que ellos mismos se inventaron y nos las impusieron por no ser genuflexos a sus intereses imperiales.
Desde una perspectiva geopolítica, la Licencia General 41 es clara en su contenido textual: Pdvsa no recibirá ni medio (ni regalías, ni ISRL, ni otra forma de pago) de Chevron por la producción, exportación y administración de los hidrocarburos en los campos que tenían asignados desde antes de 2019 en el país.
Los estrategas estadounidenses podrían estar midiendo hasta dónde están dispuestos a ceder los negociadores del Gobierno. Quizás los ven como desesperados y quieren aprovecharse, como expertos oportunistas, de lo que son capaces de ceder o entregar a cambio del "perdón imperial".
Porque con quien se está conversando y acordando es con ese mismo imperio que no nos cansamos de repetir que nos robaron, que confiscaron y retuvo alrededor de 24 mil millones de dólares de los venezolanos. Que nos mantiene "bloqueados" y con medidas coercitivas unilaterales para poner de rodilla a un pueblo y a sus líderes por igual.
A su vez, Washington intenta medir el nivel de compromiso del Gobierno venezolano con su principal país aliado que es la Federación Rusa, en el marco de una guerra abierta y amenazas de desaparición nuclear con Estados Unidos.
Como vemos, esa Licencia lleva de manera precisa y abierta, que no solo quiere petróleo gratis sino que se le garantice su producción y salida al mercado de Estados Unidos en plena guerra con Rusia, donde uno de los principales afectados ha sido el comercio petrolero internacional, y sobre todo el mercado estadounidense.
Lo que hay dejar en claro, es el carácter leonino de ambas Licencias, que nos imaginamos, ni el dictador Juan Vicente Gómez hubiese sido capaz de aceptarla en esos términos, porque conllevaría a un nivel de entrega o concesión de nuestros recursos petroleros como nunca antes había ocurrido en el país.
¿CÓMO REACCIONÓ EL GOBIERNO VENEZOLANO DE LA EMISIÓN DE LAS LICENCIAS?
Días después, el presidente Nicolás Maduro (01 de diciembre) en una rueda de prensa con los medios nacionales e internacionales fijó posición sobre el sentido gubernamental de reanudar las reuniones de la Mesa de Negociación: "Queremos unas elecciones libres en Venezuela, libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales. ¡O hay elecciones libres de sanciones o hay elecciones libres de sanciones!"
Dos días después, Tareck El Aisami firma el convenio con la Chevron Corporation en un acto público con los trabajadores petroleros presentes, cumpliéndose 20 años exactamente del inicio del Sabotaje petrolero impulsado por Estados Unidos contra el gobierno de Hugo Chávez Frías.
Veamos ahora lo que permite y autoriza nuestra legislación petrolera con respecto a la emisión de las Licencias de la OFAC.
LEGISLACIÓN PETROLERA VENEZOLANA VIGENTE
La legislación petrolera de nuestro país es clara. El Articulo 57 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), establece que las Empresas Mixtas del sector primario de hidrocarburos no pueden comercializar su producción petrolera directamente sino solamente están facultadas para tal fin las Empresas creadas por el Estado con el 100% de su propiedad incluyendo las Sociedades Anónimas de un sólo socio (Artículo 27). En este caso es la estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) la facultada para comercializar petróleo extraído de nuestro territorio.
En ese sentido, el Artículo 9 (LOH) refiere que el Estado se reserva las actividades del sector primario (exploración, producción, transporte y almacenaje inicial) del hidrocarburo líquido (petróleo), en los siguientes términos:
"Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a los efectos de esta Ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las obras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley (…)"
Es por medio del Decreto Ley 5200 (Nacionalización, 26/02/2007), donde se establecen las empresas mixtas que pueden participar en el sector primario, pero exige una participación accionaria mínima del 60% del capital en manos del Estado. Veamos:
"La Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., u otra filial de Petróleos de Venezuela, S.A., que se designe al efecto, será la empresa estatal accionista de las nuevas Empresas Mixtas, correspondiéndole como mínimo, en cada una de ellas, una participación accionaria del sesenta por ciento (60%). El Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo determinará en cada caso, la valoración de la Empresa Mixta, la participación accionaria de la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. designada al efecto, y los ajustes económicos y financieros que fueren precedentes".
Como vemos, PDVSA tiene la exclusividad de comercializar la producción petrolera de las Empresas Mixtas por medio de su filial representada por la Corporación Venezolana de Petróleo CVP, quien tiene el carácter de exclusividad para la compra y comercialización de la producción petrolera de las Empresas Mixtas, indistintamente participe cualquier empresa transnacional como la Chevron, que en nuestro caso, participa por medio de la mixta Petropiar en la "Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Rafael Chávez Frías" y Petroboscan en la costa occidental del Lago de Maracaibo.
Que es un mandato de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el Decreto Ley 5200, que no están sujetas a ningún otro dictamen impuesto por organización internacional como la OFAC sino a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
FIJO POSICIÓN CON RESPECTO A LAS LICENCIAS 41 Y 8K DE LA OFAC
Hay que reconocer que la retoma de las conversaciones entre PDVSA y la Chevron es un avance importante en el camino para la reactivación de la industria petrolera nacional y la flexibilización de las sanciones impuestas. En el mundo de los negocios las conversaciones son necesarias para alcanzar los objetivos de cada una de las partes. Y en un mundo tan inestable como el actual, Venezuela siempre ha sido un proveedor seguro para la estabilidad energética mundial.
Lo único cierto es que una Mesa de Negociación o la Emisión de las Licencias Generales 41 y 8k en los términos planteados por la OFAC, no significa que tengamos que aceptarla al pie de la letra. Tampoco, significa que el Gobierno venezolano está entregado al imperio que lo hostiga. Ni que Tarek El Aisami va violentar todo el estamento jurídico petrolero para beneficiar al imperio y sus corporaciones. O porque está esperando el perdón imperial por ser uno de los altos funcionarios sancionados y puestos en la lista negra de narcotraficantes de Estados Unidos. Que consideramos, pudieran ser manipulaciones imperiales para poner de rodillas a los Gobiernos contrarios a sus intereses.
En ese sentido, es importante dejar claro que la última firma del convenio PDVSA – CHVERON del 02 de diciembre de 2022, no está enmarcada en la Licencia General N° 41 y 8k, porque ninguna licencia en esos términos puede saltarse el estado de legalidad venezolano.
El mandato constitucional y las leyes vinculadas a la economía petrolera obligan a su fiel cumplimiento por parte de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo y de PDVSA. Las negociaciones sobre el petróleo nuestro deben siempre garantizar que cada barril producido por el Pdvsa o por una empresa mixta como Petropiar y Petroboscan genere aumentos de los ingresos fiscales nacionales.
Cada barril adicional producido en el país es garante de una unidad adicional de lo que corresponde por el cobro de la Regalía (33% según los artículos 48 y 44 de la LOH) y el ISLR (50%) por parte del Estado venezolano. Así como, el pago de dividendo correspondiente de las Empresas Mixtas a PDVSA como "casa matriz", que le corresponde por Ley el 60% del beneficio. Eso no lo puede alterar nadie, es constitucional y está regido por Leyes Orgánicas.
Una vez que PDVSA o las empresas Mixtas (donde PDVSA tiene mayoría) le ha pagado lo que le corresponde al fisco nacional (renta petrolera) establecida por ley en alrededor del 83% de los ingresos por ventas de cada barril petrolero y pagados los costos de producción (remuneración y excedentes del capital), es a partir de allí, con los beneficios que les queda a PDVSA, es que debería pagarse las deudas contraídas con Chevron. Porque todo el mundo sabe, que las deudas acumuladas de PDVSA con la mayoría de su proveedores nacionales e internacional se debieron a las "benditas" medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos.
En el caso que las negociaciones que se están dando entre PDVSA y la Chevron, representen faltas graves a la Constitución y las Leyes, o que algún funcionario o grupos de intereses políticos nacionales acuerdan ceder a los intereses de la OFAC en los términos establecidos en la Licencias Generales 41 y 8k por el tiempo que sea, eso no significa que el resto de las instituciones del Estado venezolano estén obligadas a permitir su ejecución.
Valga decir, no significa que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y las Fuerzas policiales nacionales, El Tribunal Supremo de Justicia, la Procuraduría General, la Contraloría General de la República, Fiscalía General, la Asamblea Nacional y el Poder Popular organizado, deban permitir que cualquier país potencia y sus petroleras transnacionales entren a nuestro país a ejecutar actividades sin pagar ni medio, es decir, en contra del interés nacional.
Porque, en primer lugar, la OFAC no es un organismo supranacional como para obligar a ningún gobierno aceptar las condiciones que impone en función de sus intereses o de la Casa Blanca. Tampoco, si fuera el caso, ninguna Mesa de Negociación Política nacional puede comprometer recursos o el patrimonio común de los venezolanos que es el petróleo, sin consultarles a sus dueños.
En ese sentido, ningún funcionario público o grupos de intereses político pueden tomar decisiones en ningún escenario fuera de los poderes públicos para comprometer los recursos de la nación, y mucho menos, que no nos beneficien, porque acarrearía sanciones tipificadas en el Código Penal venezolano.