En el caso actual venezolano, todo el campo opositor señala a las elecciones como el elemento, que definitivamente marcaría el inicio de una transición, para la salida de la grave crisis existente y la reinstitucionalización del país. Algunos la colocan al final de una senda inicial, que arrancaría con lo que llaman el cese de la usurpación y continuaría con un gobierno de transición, cuya duración no ha sido señalada y para cuya integración el pueblo soberano no sería consultado. El cese de la supuesta usurpación se produciría por obra y gracia del Espíritu Santo, que convencería a Maduro de renunciar, a los militares que lo apoyan de dar un golpe o al gobierno estadounidense de invadirnos. Y digo supuesta usurpación porque Maduro, guste o no guste, fue electo en unas elecciones, muy similares a todas las anteriores de los últimos tiempos, realizadas el 20 de mayo del año pasado.
Otros colocamos las elecciones, es decir la obligatoria consulta popular establecida en la Constitución, en el inicio formal de un proceso de transición, para que el pueblo decida la ruta a seguir y ésta no le sea impuesta por una cúpula política. Se haría a través de un referendo consultivo en el que la gente decidiría cuál o cuáles opciones prefiere. Otra posibilidad, igualmente probable, sería que las elecciones se realicen para elegir el gobierno que instrumentará la transición, si esta situación surgiere del desarrollo de un proceso de negociaciones entre el gobierno y las oposiciones existentes. En cualquiera de los dos casos o en otro que apareciere, se requeriría la designación de un Consejo Nacional Electoral nuevo, de consenso entre todas las partes, imparcial, equitativamente integrado y no sujeto de tutelaje por parte del TSJ o de la ANC.
El CNE recién nombrado tendría la tarea de preparar las elecciones que se haya decidido hacer en las negociaciones, si fuere el caso, o realizar el referendo consultivo mencionado o los comicios que toquen según los plazos constitucionales vigentes. Esto implica cambios en la organización del CNE para hacerlo un organismo pluralmente constituido en todos los niveles, lo que no necesariamente significa pluralmente repartido. Actualizar y depurar el REP, controlar el voto asistido, integrar las mesas con electores escogidos al azar, acabar con la práctica de no informar a los miembros seleccionados, para suplirlos el día de las votaciones por quienes primero se encuentren en la fila de espera del inicio del proceso. Corregir las inhabilitaciones de partidos y de candidatos y controlar efectivamente el usual ventajismo gubernamental.
Algo que no se menciona o es dejado de lado, pero es de vital importancia si queremos reales cambios para el futuro, es el rescate de la proporcionalidad electoral establecida en el artículo 63 de la Constitución, la cual fue violentada por la LOPRE de 2009. Esta Ley tiene varios artículos inconstitucionales, que así podrían ser declarados por el TSJ, los cuales son la base de la ausencia de proporcionalidad, de la emergencia del sistema mayoritario excluyente actual y de la nefasta polarización que hemos vivido. Si esto no se realiza, volveremos a tener fracciones hegemónicas en los cuerpos deliberantes, que actuarán sólo según sus bastardos intereses sin control ninguno. Unos cuerpos legislativos muy plurales son la única vacuna contra este tipo de perversiones.
Las elecciones definirían entonces si el gobierno actual continúa y, si la decisión fuere contraria, el chavecismo pasaría entonces a ser oposición. Se iniciaría así la transición política, pero sería el pueblo quien lo decidiría y quien designaría democráticamente a los gestores de la misma y no como algunos hoy pretenden. Las negociaciones, de ser exitosas, no sólo lograrían lo señalado, sino podrían iniciar la transición económica y social desde antes de la realización de las elecciones, para de esa manera lidiar rápido con las desgracias actuales que sufren los venezolanos. Medidas anti inflacionarias, de estabilización del tipo de cambio, de recuperación de la producción para combatir la escasez, de enfrentamiento profesional del gravísimo problema sanitario y, prioritariamente, de rescate y recuperación de PDVSA y de la producción de crudo y de gas natural.