A partir de esta idea sensata, y visto desde 2018, ¿de dónde surgió la reforma que dio prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social? ¿De dónde salió el apoyo a la guerra de Irak? ¿De dónde salieron las privatizaciones? ¿De dónde salió la connivencia con los bancos? ¿De dónde salió la presión sobre los jueces? ¿De dónde salió el crecimiento de las desigualdades? Porque no pasaría nada si todo se tratara de adaptarnos a un mundo caracterizado por "el surgimiento de mercados cada vez más globales y también de una cultura global, el avance tecnológico y la conversión de la cualificaciones profesional y del manejo de la informacional en los factores clave del empleo y de las nuevas industrias, la transformación del papel de las mujeres y, finalmente, los cambios radicales en la naturaleza de la política". El problema en 1998 —cuando se firmó ese prólogo— era que la ofensiva neoliberal ya estaba en marcha y la socialdemocracia había perdido la voluntad, antes que la capacidad, de decir no a la entrega de sus principios y valores. Esa debilidad la entendieron las grandes patronales que habían consentido en 1945 con el Estado social. Ya no veían freno para empezar una nueva etapa sin cortapisas.
Se hereda el Estado en sentido estricto, esto es, el aparato político-jurídico, el núcleo del Estado, con sus ministerios, sus funcionarios, sus policías y militares, sus jueces, sus parlamentos y gobiernos, su banco central, su Hacienda, su bandera. Y se hereda también lo que Gramsci llamó el "Estado ampliado", es decir, eso que está fuera de lo que normalmente entendemos por Estado —de hecho, está en lo que se conoce como la sociedad civil—, pero que es lo que logra estatalidad, es decir, logra que el Estado alcance sus objetivos en un marco de obediencia a través del consentimiento activo. En ese Estado ampliado está la religión, las universidades, las escuelas, toda parte esencial de esa manera extensa de entender el Estado. Y, de manera creciente, los medios de comunicación e información, igual que los algoritmos que deciden de manera creciente parte de nuestras vidas (la distribución cantidad de azúcar en el tomate frito, los cultivos de los próximos años, el precio de la luz, la duración de una impresora signados por la obsolescencia programa).
Regresemos a los funcionarios. La condición racional y legal que opera en la burocracia, junto con el razonamiento jurídico y la interpretación constitucional, separa a los funcionarios del conjunto de la ciudadanía. Esto brinda las bases para que los funcionarios construyan una subjetividad elitista, para que olviden su condición de servidores públicos y des arrollen un comportamiento displicente y arrogante con el pueblo. En la práctica totalidad de Nuestra América, al igual que históricamente en España, la primera reacción cuando un ciudadano de a pie entra en un ministerio es de temor. Ese elitismo facilita que sean cooptados por intereses particulares a través de medidas clientelistas (subidas salariales o privilegios que paga el conjunto del pueblo), que dificultan que los funcionarios pongan en marcha nuevas políticas emancipatorias.
No olvidemos que estamos hablando de ámbitos corporativos relativamente estrechos, que son muy poco permeables a la participación del pueblo de fuera de la burocracia. En la actualidad, el triunfo general de la fracción financiera del capital sobre cualquier otro ámbito capitalista determina el equilibrio interno del Estado (mejor dicho, el desequilibrio), de manera que el gasto social, las infraestructuras, el fomento del empleo, el apoyo a la economía social son dejadas de lado frente a la prioridad dada al capital financiero en forma de pago de deuda, privatizaciones y recortes.
¡La Lucha sigue!