Hace un año los corporativistas y los y los militaristas anti socialistas del gobierno de Donald Trump estaban encantados por los éxitos electorales neofascistas en América Latina. Jair Bolsonaro, un auto proclamado admirador de Adolfo Hitler que fue apodado como el "Trump tropical" llegó al palacio presidencial en Brasil; el multimillonario derechista Sebastián Piñera, una vez más fue elegido presidente de Chile y Lenín Moreno, que alguna vez fue un aliado progresista de izquierda del presidente ecuatoriano Rafael Correa, invitó a los militares norteamericanos para que regresaran a Ecuador e hizo causa común con el Grupo de Lima, bloque servil anti Nicolás Maduro al servicio de Estados Unidos.
Aunque hubo intentos de parte de las derechas latinoamericanas y de Estados Unidos de convertir al presidente progresista de Bolivia, Evo Morales en una suerte de Hugo Chávez o Nicolás Maduro y de este modo digno de sanciones contra él y su gobierno, existen claras indicaciones que Morales ganó las elecciones para un cuarto mandato al recibir el 47,07 por ciento de los votos contra el 36,31 por ciento de su más cercano rival, el ex presidente Carlos Mesa en la primera vuelta de la elección presidencial del pasado mes de octubre. La ventaja de 10,56 puntos sobre Mesa le dio a Morales un ventaja de diez por ciento en más dl 40 por ciento de la votación, umbral necesario para ser declarado ganador en la primera vuelta.
Aunque los sospechosos de siempre en la Organización de Estados Americanos, OEA y en la Unión Europea, apoyados por el senado derechista norteamericano Marco Rubio por Florida –principal cabildero en Washington para todos los oligarcas y capos narcotraficantes de América Latina—exigieron una segunda vuelta, Morales y su partido Movimiento al Socialismo, MAS estaban confiados en su victoria y aceptaron una auditoría de los votos por parte de la OEA. Sin embargo, el gobierno de México advirtió a la OEA que no interfiriera en las elecciones de Bolivia. Desde el advenimiento del gobierno de Trump la OEA se ha tornado más agresiva contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, todos los cuales han sido golpeados por devastadoras sanciones económicas y viajeras de parte de Estados Unidos.
El gobierno de Trump y sus aliados derechistas en la OAS y los gobiernos de Argentina, Brasil y Colombia vociferaron fraude y exigieron una segunda vuelta. Aquellos que cuestionaron la victoria de Morales son los mismos sectores corporativistas que proyectaron a Bolsonaro a Piñera y al presidente argentino Mauricio Macri al poder. Los enemigos políticos tradicionales de Morales en provincias como Beni y Santa Cruz salieron a las calles a protestar. Es bien sabido que el gobierno de Bolsonaro brindó apoyo político y financiero a la oposición derechista Alianza Comunidad Cívica contra Morales.
En vez de recurrir a golpes de estado militares para derrocar a gobiernos progresistas popularmente elegidos –táctica largamente empleada por la Agencia Central de Inteligencia, CIA en todo el hemisferio occidental—los nuevos arquitectos para el "cambio de régimen" en Langley, Virginia han descubierto la "lawfare" ---golpes judiciales--- que consiste en el empleo de jueces y fiscales corruptos para levantar falsas acusaciones de delitos de corrupción contra dirigentes opuestos a Washington.
En Brasil, la judicialización fue empleada para justiciar la acusación constitucional y expulsar del cargo a la presidenta progresistas Dilma Rousseff y enviar a prisión bajo cargos de corrupción por soborno a su antecesor progresista, Luiz Inácio Lula da Silva. La prisión de Lula y su inhabilitación para postularse como candidato el año 2018 abrió la puerta para la victoria de Bolsonaro en la elección presidencial. Bolsonaro escogió a Sérgio Moro como su ministro de justicia lo cual puso en evidencia toda la corrupción de Moro y la extrema derecha de Brasil. Moro fue el fiscal federal que realizó todas las acciones de la judicialización contra Lula y Rousseff, acusándolos de estar involucrados en el escándalo por soborno conocido como "Operación Lava Carro" donde participó la empresa constructora brasileña Odebrecht SA. Resultó incluso más evidente que la Operación Lava Carro fue la táctica de lawfare desarrollada por la CIA para derrocar a los líderes progresistas en América Latina.
Un dictamen de la Suprema Corte Federal de Brasil en el mes de noviembre podría revocar la condena de Lula. Si eso ocurre, Lula será libre para desafiar a Bolsonaro en la elección presidencial del año 2022. Bolsonaro, que tiene pensado postularse para la reelección, ha estado intentando junto con Moro de manera ilegal e inconstitucional influir en la decisión de la Suprema Corte. Los líderes Lula y Rousseff del Partido de los Trabajadores no fueron los únicos dirigentes progresistas blancos de la investigación Operación Lava Carro. Otros dirigentes también blancos de la operación son la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet y la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
La conspiración derechista para enlodar a la Sra. Kirchner con Lava Carro fue un completo fracaso. Aunque, Macri, con el apoyo del gobierno de su viejo socio empresarial Donald Trump y el régimen de Bolsonaro, lanzó una campaña propagandística contra Kirchner y su partido de izquierda Frente de Todos que alcanzó una resonante victoria en las elecciones presidenciales de Argentina el pasado 27 de octubre. La victoria del candidato presidencial de izquierda, Alberto Fernández y su postulante a la vicepresidencia Cristina Fernández de Kirchner (no son parientes) envió un claro mensaje hacia América Latina y a Washington en el sentido que la tendencia derechista en el hemisferio ya estaba controlada. En una de sus primeras declaraciones luego de su victoria, Alberto Fernández, pidió a Brasil la liberación de Lula. En realidad está emergiendo un revitalizado bloque progresista de izquierda con la Argentina del presidente Fernández y México del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador como sus piedras angulares.
En Uruguay el izquierdista Frente Amplio que ha gobernado por más de catorce años el país, vio a su candidato presidencial Manuel Martínez en una pluralidad de votos imponerse a su rival de derecha Luis Lacalle Pou. Pero como ningún candidato obtuvo el límite de cincuenta por ciento de los votos, la elección irá a una segunda vuelta el 24 de noviembre. Los uruguayos se han alarmado por la disposición de Pou para reinstalar la fuerza nacional de seguridad. Tal fuerza, durante la pasada dictadura militar, fue responsable por incontables violaciones a los derechos humanos.
En Chile, las acusaciones contra la ex presidenta Michelle Bachelet surgieron luego que su sucesor el multimillonario Sebastián Piñera se viera enfrentado a masivas protestas callejeras decretando un estado de emergencia en el país. Las fuerzas de seguridad de Piñera ya han matado a once manifestantes. La brutal respuesta fue reminiscente de los más oscuros días de la junta militar del dictador Augusto Pinochet, alguien que Piñera generalmente admira. El momento de las acusaciones contra la Bachelet resultó sumamente sospechoso y pareció dirigido a socavar el cargo que la Bachelet ostenta como jefa de la Comisión de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas y su condena de los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno de Piñera.
Las protestas en Chile reflejan a las de Ecuador cuyo presidente Moreno fue nombrado Lenin por su padre que era un gran admirador de Vladimir Ilich Lenin y que había decidido romper con las políticas socialistas de su antecesor Rafael Correa pero que había implantado devastadoras medidas de austeridad incluyendo la eliminación de los subsidios a los combustibles, medidas todas diseñadas para aplacar al Fondo Monetario Internacional, FMI y acreedores extranjeros. Las manifestaciones contra Moreno fueron tan intensas que el gobierno se vio forzado a trasladar temporalmente la sede del gobierno desde Quito la capital a la ciudad de Guayaquil en medio de un forzado estado de emergencia. Mientras tanto, el vacilante gobierno de Moreno continúa con sus esfuerzos por conseguir la extradición del ex presidente Rafael Correa desde Bélgica, donde él obtuvo asilo político. En la medida que el mantenimiento del poder por parte de Moreno se tornaba más endeble, su régimen se aproximó más a los militares norteamericanos al tiempo que lanzaba locas acusaciones en el sentido que Correa lo "espiaba" desde Bélgica.
El presidente Juan Orlando Hernández de Honduras –otro títere de Estados Unidos—se encontró con masivas protestas laborales y estudiantiles luego que su hermano menor Tony Hernández fuera sentenciado bajo cargos de tráfico de estupefacientes por un tribunal federal norteamericano en la ciudad de Nueva York. Durante el juicio, varios testigos señalaron al presidente hondureño vinculado con el cartel de narcotráfico de su hermano. Estados Unidos se ha asegurado que los títeres como Hernández aprobados por la CIA mantengan el control político del país desde que el golpe estado respaldado por la CIA derrocara el presidente progresista, Manuel Zelaya el año 2009. Las evidencias presentadas durante el juicio implicaron no solo al presidente Hernández sino también a su antecesor, Porfirio Lobo, quien fue llevado al poder luego del golpe de estado de la CIA contra Zelaya. El ex presidente Zelaya y sus seguidores del izquierdista partido LIBRE se encontraban entre los manifestantes en las calles de la capital, Tegucigalpa exigiendo la renuncia de Hernández.
Las manifestaciones también están presentes en Haití exigiendo la renuncia del corrupto presidente Jovenel Moise. Tal como en el caso de Honduras, Haití ha sido víctima de repetidos golpes de estado respaldados por la CIA dos de ellos dirigidos contra el ex presidente Jean-Bertrand Aristide.
Las recientes elecciones locales en Colombia, gobernada por el presidente Iván Duque de extrema derecha, estuvieron marcadas por el asesinato de uno entre varios dirigentes del movimiento guerrillero izquierdista desmovilizado FARC. La última víctima fue Alexander Parra. A pesar que un acuerdo de paz fue negociado entre las FARC y el más centrista predecesor de Duque, Juan Manuel Santos, receptor del Premio Nobel de la Paz 2016. Duque y si narcotraficante aliado y ex presidente Álvaro Uribe han hecho lo imposible para hundir el acuerdo de paz con las FARCS asesinando a sus dirigentes.
Los resultados electorales a través de toda Colombia fueron devastadores para Duque, para su padrino político Uribe y para los uribistas de las agrupaciones paramilitares de derecha y carteles narcotraficantes. En Medellín, la plaza fuerte del uribismo, Daniel Quintero, un opositor de Duque y Uribe fue elegido alcalde. Candidatos reformistas también ganaron alcaldías en la capital Bogotá que por primera vez en la historia eligió una alcaldesa, Claudia López, postulada en la tarjeta de la Alianza Verde. Por otra parte, el partido progresista Fuerza Ciudadana ganó la gobernación en el bastión paramilitar derechista de la provincia de Magdalena.
Trump y sus camaradas neofascistas de Brasil, Argentina, Chile, Honduras y Colombia tenían la esperanza que la marea derechista continuara su curso a través de todo el Hemisferio Occidental. Las noticias provenientes de Buenos Aires, La Paz, Bogotá y Montevideo sugieren que los derechistas de la región deben guardar sus botellas de champaña.
*Traducción desde el inglés por Sergio R. Anacona