El de Argentina fue un caso paradigmático. En 1983, tras el desmoronamiento de la Junta Militar a raíz de la guerra de las Malvinas. Pero todo estaba preparado para que el recién liberado país sufriera un estallido de grandes proporciones: el de la llamada bomba de la deuda. Como parte de lo que la Junta saliente había denominada una "transición digna" a la democracia, Washington insistió en que el nuevo gobierno accediese a hacerse cargo de las deudas amasadas por los generales. Durante el gobierno de la Junta militar, la deuda externa de Argentina se había disparado de los 7.900 millones de dólares del año previo al golpe de Estado a los 45.000 millones del momento del traspaso de poderes al nuevo gobierno democrático (los acreedores principales eran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Export-Import Bank de Estados Unidos y diversos bancos privados con sede en suelo norteamericano). Ese mismo panorama fue el que, con escasas variaciones, se fue repitiendo por toda la región. En Uruguay, la Junta Militar convirtió la deuda de 500 millones de dólares que encontró cuando tomó el poder en otra de 5.000 millones, una carga exorbitante para un país de sólo 3 millones de habitantes. En Brasil, el caso más espectacular, los generales que habían usurpado el gobierno en 1964 con la promesa de establecer el orden financiero y económico en el país, consiguieron transformar una deuda de 3.000 millones de dólares en otra de 103.000 millones acumulados hasta 1985.
Ya por entonces, en el momento mismo de las transiciones a la democracia, se argumentó convincentemente —tanto desde el punto de vista moral como legal— que aquellas deudas eran "odiosas", ya que los pueblos de esos países, recién liberados, no tenían por qué estar obligados a pagar las facturas que habían dejado sus opresores y torturadores. La doctrina de las deudas odiosas parecía tener especial fuerza en el caso del Cono Sur, ya que gran parte de los créditos contraídos por esos países en el extranjero habían ido a parar directamente a sus ejércitos y a sus policías durante los años de las respectivas dictaduras, y habían servido para financiar armas, tanquetas antidisturbios y campos de tortura dotados del instrumental más avanzado. En Chile, por ejemplo, los préstamos costearon la triplicación del gasto militar, que sirvió para que las fuerzas armadas chilenas pasaran de 47.000 soldados en 1973 a 85.000 en 1980. En Argentina, el Banco Mundial calculó que unos 10.000 millones de dólares del dinero que los generales pidieron prestado fueron para adquisiciones diversas de carácter militar.
Buena parte de lo que no se gastó en armamento desapareció sin más. En los gobiernos de las juntas militares imperaba la cultura de la corrupción (una pequeña muestra del degradado futuro que cabía esperar cuando esas mismas políticas económicas irresponsables se extendieran a Rusia, China y la "zona de fraude libre" —según expresión de un asesor estadounidense desencantado— del Irak ocupado). Según un informe del Senado estadounidense de 2005, Pinochet mantenía una compleja red de, al menos, 125 cuentas bancarias secretas en el extranjero a nombre de varios familiares suyos y de varios titulares falsos con nombres formados a partir de variaciones del suyo propio. Las cuentas —las más famosas de las cuales estaban en el Riggs Bank, de Washington, DC.—ocultaban una cantidad de dinero cifrada en unos 27 millones de dólares.
En Argentina, se ha acusado a la Junta militar de ser aún más codiciosa. En 1984, José Martínez de Hoz, arquitecto del programa económico de la dictadura, fue arrestado bajo la acusación de fraude por una cuantiosísima subvención estatal concedida a una de las empresas de las que era presidente (aunque el caso sería sobreseído con posterioridad). El Banco Mundial, por su parte, investigó lo que había sucedido con 35.000 millones de dólares que la Junta había pedido prestados en el extranjero y descubrió que 19.000 millones (un 54% del total) habían sido transferidos fuera de las fronteras argentinas. Las autoridades suizas han confirmado que gran parte de ese dinero fue a parar a cuentas numeradas. La Reserva Federal estadounidense señaló que, sólo en 1980, la deuda de Argentina se amplió en 9.000 millones de dólares. Ese mismo año, la cantidad de dinero en depósitos en el extranjero de ciudadanos argentinos se incrementó en 6.700 millones de dólares. Larry Sjaastad, un afamado profesor de la Universidad de Chicago que dio clase a muchos de los Chicago Boys de Argentina, ha descrito esos miles de millones de dólares perdidos (robados ante las mismísimas narices de sus alumnos) como "el mayor fraude del siglo XX".
Los desfalcadores de la Junta Militar llegaron incluso a reclutar los "servicios" de sus víctimas para esos delitos. En el centro de tortura de la ESMA en Buenos Aires, los prisioneros con buen dominio de idiomas o con titulación universitaria eran habitualmente sacados de sus celdas para que realizaran tareas administrativas para sus captores. Una superviviente, Graciela Daleo, recibió la orden de escribir a máquina un documento en el que se asesoraba a las autoridades y altos funcionarios del país sobre posibles paraísos fiscales en el extranjero para el dinero que estaban defraudando.
La deuda nacional restante había gastada, sobre todo, en el pago de los intereses y en turbias operaciones de reflote de algunas empresas privadas. En 1982, poco antes de la caída de la dictadura argentina, la Junta le hizo un último favor al sector empresarial. Domingo Cavallo, presidente del banco central de Argentina, anunció que el Estado asumiría las deudas de grandes empresas multinacionales y nacionales que —de un modo análogo a lo que les había sucedido a los "pirañas" chilenos en su momento— se hallaban al borde de la quiebra por la enorme cuantía de los préstamos que habían suscritos. Para las compañías afectadas, aquel ventajoso acuerdo significó continuar siendo dueñas de sus activos y sus beneficios, mientras el erario público se hacía cargo de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en deudas contraídas por aquéllas. Entre las empresas que recibieron tan generoso trato se encontraban Ford Motor Argentina, Chase Manhattan, Citibank, IBM y Mercedes-Benz.
Los partidarios del impago de esas deudas ilegítimamente acumuladas sostenían que los prestadores sabían —o deberían haber sabido— que el dinero se estaba gastando en represión y corrupción. Ese razonamiento se ha visto recientemente fortalecido cuando el Departament de Estado norteamericano desclasificó la transcripción de una reunión celebrada el 7 de octubre de 1976 entre el entonces secretario de Estado Henry Kissinger y el ministro de Exteriores del nuevo gobierno dictatorial argentino, el almirante César Augusto Guzzetti. Tras comentar la protesta internacional en defensa de los derechos humanos que había provocado el golpe militar, Kissinger dijo: "Mire, nuestra actitud básica es que queremos que ustedes tengan éxito. Soy del parecer, un tanto anticuado, de que hay que apoyar a los amigos. Cuanto antes triunfen, mejor". Kissinger abordó entonces el tema de los préstamos y animó a Guzzetti a solicitar tanta ayuda exterior como fuera posible y de forma rápida, antes de que el "problema de derechos humanos" de Argentina atara las manos de la administración estadounidense. "hay ya dos préstamos en el banco", dijo Kissinger, refiriéndose al Banco Interamericano de Desarrollo, "y no tenemos intención alguna de votar en contra de su concesión". También dio otras instrucciones al ministro: "Sigan adelante con sus solicitudes al Export-Import Bank. Nos gustaría que su programa económico funcionase y haremos lo que podamos para ayudarles".
Compresiblemente reacias a entablar una guerra con las instituciones de Washington propietarias de sus deudas, las nuevas democracias, acuciadas por la crisis, no tenían apenas otra opción que seguir las normas fijadas desde la capital estadounidense. Y, precisamente entonces, a principios de la década de 1980, las reglas de Washington se volvieron mucho más estrictas debido a que el shock de la deuda coincidió (y no por casualidad) con una nueva era en las relaciones Norte-Sur que iba a convertir las dictaduras militares en instrumentos prácticamente innecesarios. Aquel fue el amanecer de la era del "ajuste estructural", también conocido como de la dictadura de la deuda.
La transcripción demuestra que el gobierno de Estados Unidos aprobó préstamos destinados a la Junta Militar aun a sabiendas de que estaban siendo utilizados en plena campaña de terror. Pues bien, a principios de la década de 1980, era el pago de esas mismas deudas odiosas el que Washington requería con tanta insistencia al nuevo gobierno democrático de Argentina.
Alfonsín tenía otras opciones a su disposición. Podía haber declarado el impago de las enormes deudas del Estado argentino. Podía haberse unido a otros gobiernos de países vecinos que estaban atravesando la misma crisis y haber formado un cártel de deudores. Estos Estados podrían haber creado un mercado común basado en principios desarrollistas, un proceso que ya se había iniciado antes de que la región fuese desgarrada por un conjunto de sádicos regímenes militares. Durante las décadas de 1980 y 1990, muchos países en vías de desarrollo se hallaban atrapados dentro de una especie de resaca del terror, sobre el papel, eran libres, pero seguían imperando la cautela y el terror. Tras haber escapado a la oscuridad de la dictadura, pocos políticos electos estaban dispuestos a arriesgarse a padecer una nueva ronda de golpes de Estado respaldados por Estados Unidos por el simple hecho de promover el tipo de políticas que habían motivado los golpes militares de la década de los setenta (sobre todo, cuando la gran mayoría de los oficiales que los habían organizado ni siquiera estaban en prisión, gracias a la inmunidad que habían negociado como condición previa a la transición democráticas, y vigilaban la situación desde sus cuarteles).
Naomi Klein.
¡La Lucha sigue!