En artículos anteriores señalé con claridad que el gobierno de Maduro, a diferencia de la oposición extremista que lo enfrenta, no se cierra ninguna vía de salida de la situación actual. Que actúa en varios escenarios, inclusive los que aparecen con tan bajas probabilidades de ocurrencia, que pudieran ser considerados imposibles de suceder. En este sentido, el gobierno busca la salida electoral con la Mesa Nacional de Diálogo, mediante un acuerdo para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) estructurado de forma que ni ellos ni la oposición tengan posibilidades de controlarlo. Un CNE imparcial y realmente autónomo. Se ha hablado de dos miembros designados por el gobierno, dos por la oposición y un quinto de común acuerdo, que sería el fiel de la balanza. Su designación la haría el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una vez declarada la omisión parlamentaria al no ser designado por la Asamblea Nacional.
Pero existen otras opciones en cuanto al nombramiento del CNE, que pudieran ser mejores en relación con la aceptación del mismo por la mayoría de los actores políticos existentes e, incluso, por parte de los países que hasta ahora han mantenido una actitud de desconocimiento del presidente Maduro. La ideal sería designarlo en la AN, para lo cual las dos versiones existentes de Asamblea deberían reunirse en una plenaria, con participación de los diputados del gobierno, y proceder a efectuar la designación tal y como lo establece la Constitución. Sería éste un CNE que contaría con el apoyo de la casi totalidad del mundo político actual, quedando fuera solamente los más extremistas del campo extremista. Posiblemente gente como María Corina Machado, Antonio Ledezma, Julio Borges, Voluntad Popular y parte de Primero Justicia.
Esta posibilidad la hemos calificado como la más improbable, lo cual no significa que sea imposible. Hace unos días hemos visto con extrañeza, pero con satisfacción, la ocurrencia de una reunión entre diputados de las dos asambleas señaladas y del gobierno, para discutir en el marco del Comité de Postulaciones la designación de un nuevo CNE. Es decir, la hipótesis menos probable pareciera dar pasos en función de concertarse. Es difícil aventurarse a saber lo que ocurrirá, pues la política de Juan Guaidó y EEUU está sostenida sobre la tesis de que Maduro debe salir de la Presidencia (cese de la usurpación) antes de cualquier acuerdo de ningún otro tipo. El gobierno por su parte ha remarcado una y otra vez que la salida de Maduro no es negociable, lo que nos hace pensar que esta posibilidad sigue siendo muy improbable que ocurra, aunque sin duda ninguna sería la más conveniente a los intereses de la nación venezolana.
Existen sin embargo otras opciones en el escenario político, que no han sido descartadas por el gobierno y a las que podría recurrir o impulsar, para abortar las que le parezcan inconvenientes. Podría estar "mareando" a la oposición con la reunión antes señalada, para que transcurrido el tiempo sin decisiones y entonces proceder a designar con urgencia al nuevo CNE en la Asamblea Nacional Constituyente. Podría también plantearse que los lapsos de las distintas etapas para la elección de la AN no permiten cambiar al CNE, por lo que las elecciones parlamentarias se harían con el CNE existente presidido por Tibisay Lucena. Pero esta táctica dilatoria puede ser también de la oposición. Guaidó y EEUU podrían estar "mareando" a todo el mundo, mientras ganan tiempo, impiden la elección del nuevo CNE en la AN y obligan al gobierno a tener que actuar en las formas alternas que hemos señalado, para continuar con su política de desconocimiento.
Esto les permitiría continuar reforzando la tesis del cese de la usurpación como elemento primigenio de cualquier cambio, así como robusteciendo el apoyo internacional que les es vital para su subsistencia. Los partidos opositores de la Mesa Nacional de Cambio seguramente están atentos al desarrollo de estos procesos, a las contradicciones existentes en los sectores antagónicos, a sus "vivezas y sinvergüenzura", de manera de no dejar frustrar una salida que por lo menos mejore la situación existente actualmente. Y que privilegie los intereses de la nación venezolana y la satisfacción de las necesidades de la gente.