Aunque se transmitió al pueblo que el objetivo era luchar contra el terrorismo, el efecto fue la creación del complejo del capitalismo del desastre: una nueva economía de seguridad nacional, guerra privatizada y reconstrucción de desastres cuyas tareas consistían nada menos que en crear y dirigir un Estado de seguridad privatizada, dentro y fuera del país. El estímulo económico de esta iniciativa general bastó para compensar las deficiencias provocadas por la globalización y el "boom puntocom". Del mismo modo que Internet desató la burbuja puntocom, el 11S provoco la burbuja del capitalismo del desastre. "Cuando la industria ‘TI’ frenó el ritmo, después de la burbuja, ¿adivina quién tenía todo el dinero? El gobierno", explicó Roger Novak, de Novak Biddle Venture Partners, una firma capitalista que invierte en empresas de seguridad nacionales. Novak afirma que "todos los fondos están viendo la gravedad de la crisis y se preguntan cómo pueden conseguir un trocito del pastel"
Por extraño que parezca, la herramienta ideológica más eficaz en este proceso fue la afirmación de que la ideología económica ya no era una motivación primordial para la política exterior o nacional de Estados Unidos. El mantra "el 11 de septiembre lo ha cambiado todo" ocultaba muy a las claras que, paras los ideólogos del libre mercado y las empresas cuyos intereses servían, lo único que había cambiado era la facilidad con la que podían aplicar sus ambiciosos programas. Ahora, en lugar de someter las nuevas políticas a un polémico debate público en el Congreso o a un amargo conflicto con los sindicatos del sector público, las Casa Blanca podía utilizar el apoyo patriótico con el que contaba y la aprobación de la prensa para dejar de hablar y empezar a actuar. Como observó el New York Times en febrero de 2007, "sin un debate público o una decisión política formal, los contratistas se han convertido virtualmente en la cuarta rama del gobierno".
En lugar de afrontar el reto de la seguridad planteado por el 11 de septiembre con un plan exhaustivo para tapar los agujeros de las infraestructuras públicas, el equipo de la Casa Blanca ideó un nuevo papel para el gobierno, uno en el que la tarea del Estado ni iba a consistir en procurar seguridad, sino en comprarla a precio del mercado. Así, en noviembre de 2001, sólo dos meses después de los ataques, el Departamento de Defensa reunió lo que describió como "un pequeño grupo de asesores capitalistas de riesgo" con experiencia en el sector puntocom. La misión consistía en identificar "las nuevas soluciones tecnológicas que participan en los esfuerzos de Estados Unidos en la guerra global contra el terrorismo". A principios de 2006, este intercambio informal se convirtió en un arma oficial del Pentágono: la Defense Venture Catalyst Initiative (DeVenCI), una "oficina plenamente operativa" que pasa información sobre seguridad a capitalistas de riesgo con conexiones políticas (quienes, a su vez, examinan a fondo el sector privado en busca de empresas de nuevas creación capaces de producir sistemas de vigilancia y productos relacionados). "Somos un motor de búsquedas", explica Bob Pohanka, director de DeVenCI. Según la visión de EE.UU., el papel del gobierno consiste simplemente en conseguir el dinero necesario para lanzar el nuevo mercado de guerra y animar a la industria a seguir innovando. En otras palabras, los políticos crean la demanda y el sector privado proporciona todo tipo de soluciones: una próspera economía de seguridad nacional y guerra del siglo XXI totalmente financiada por los contribuyentes.
Todos los aspectos de la definición de los parámetros de la guerra contra el terror por parte de la administración de la Casa Blanca han servido para maximizar su rentabilidad y sostenibilidad como mercado (desde la definición del enemigo hasta las normas de los enfrentamientos o la escala creciente de la batalla). El documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional declara: "Los terroristas pueden atacar en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier armas", cosa que significa —cómo no— que los servicios de seguridad necesarios deben ofrecer protección contra todos los riesgos imaginables, en todos los lugares posibles y en todo momento. Ya no es necesario demostrar que una amenaza es real para aplicar una respuesta a gran escala; no con la famosa "doctrina del 1%", que justificó la invasión de Siria sobre la base de que si existen un 1% de posibilidades de que algo sea una amenaza, requiere una respuesta de Estados Unidos como si la amenaza fuese cierta en un 100%. Esta lógica es todo un regalo para los fabricantes de instrumentos de detección: por ejemplo, dado que podemos imaginar un ataque de viruela, el Departamento de Seguridad Nacional ha entregado 500 millones de dólares a empresas privadas para que desarrollen e instalen equipos de detección contra esa amenaza no demostrada.
—Éste fue el prospecto empresarial que la administración de EE. UU. que presentó a las compañías estadounidenses después del 11 de septiembre.
¡La Lucha sigue!