Jueves, 27 de agosto de 2020.- En estos nuevos tiempos que estamos viviendo, con esta nueva dinámica que estamos experimentando, prácticamente impuesta, con este cambio forzado de ritmo de vida, se han intensificado en casi todos nosotros los períodos de reflexión, de análisis y meditación sobre muchas cosas, cosas que hace no mucho por la fuerza de la rutina o por falta de tiempo, por falta de interés o por exceso de tareas, del apuro, del siempre andar a la carrera y que por el aturdimiento propio de la vida moderna siempre tomábamos a la ligera y que hasta ahora no le hacíamos mucho caso.
No podemos negarlo la nueva situación (El Coronavirus) a todos nos afecta y forzosamente estamos cambiando nuestros hábitos y estamos pensando sobre muchas cosas.
Profundizamos sobre nuestra vida, sobre los amigos, la familia, el trabajo, sobre lo que somos y lo que queremos ser, a donde estamos y a que lugar queremos ir.
El presente y el futuro.
Recordamos el pasado y lo examinamos detalladamente, lo vemos con ojos mas penetrantes, con inusual detenimiento, tenemos tiempo de pensar.
Y eso es bueno.
Nos vemos como país y nos chequeamos como pueblo.
Y la vida política del país, que a todos nos afecta, forma parte de esas reflexiones que estamos haciendo, tanto individual como colectivamente hay cosas que están cambiando y que debemos examinar y comentar.
Toda acción humana debe ser regida por reglas, por leyes, por normas que las pautan y las hacen digeribles, asimilables y útiles para la sana convivencia de quienes las aceptan y viven sometidos a ellas.
Recuerdo a mis amigos y amigas en sus tiempos de estudiantes de derecho que nos hablaban del orden normativo y del orden fáctico, de la realidad de la vida social y de la necesidad de establecer normas, de normarla para lograr una mejor convivencia.
El imperio de La Ley, le llamaban.
Hay una aceptación general de la bondad de las normas, del uso de las mismas y de su protagonismo en nuestras vidas.
Desde pequeños a través de los juegos aprendemos a usarlas y movernos siempre siguiendo Las Reglas del Juego, para poder funcionar colectivamente y operar de forma coordinada y funcional.
Todos aceptamos Las Reglas de Juego porque nos permiten vivir en cierta armonía, en Paz, con una determinada dosis de convivencia.
Esa ha sido la situación en la que crecimos, dentro de la que nos hemos desenvuelto por muchos años y que nos ha permitido funcionar como país.
Ahora, resulta que observamos que de hecho se están cambiando Las Reglas de Juego sin consultarnos, se nos están imponiendo unas nuevas Reglas, sin haberlas discutido y sin que hayamos votado por ellas.
El Tribunal Supremo de Justicia, en su sala Constitucional, una de cuyas funciones fundamentales es la defensa de la Constitución y las leyes, está inmiscuyéndose en la vida institucional de los partidos políticos en Venezuela nombrando juntas interventoras y forzando la barra de su dinámica interna.
Me llama la atención, como ciudadano con todos mis derechos, que no se produzca un escándalo a nivel nacional ante semejante intromisión de parte del TSJ en la vida de los partidos, se publica la noticia, se comenta y todo sigue su curso.
Ahora le tocó el turno a Patria Para Todos, al PPT.
Se oye en los distintos casos que hay un elemento común, la solicitud de un derecho de amparo de algunos de los miembros de los correspondientes partidos que aducen que sus derechos han sido vulnerados, aún cuando no hay suficiente información en manos de la opinión pública de los respectivos casos, se informa sobre las sentencias pero no se razonan los motivos.
Es que se defienden los derechos de algunos contra los derechos de todos, podría uno preguntarse.
Derechos vulnerados de algunos de sus miembros, el de los partidos políticos intervenidos, parece ser la motivación fundamental de los magistrados del TSJ, no se convoca a una consulta interna en cada uno de ellos, simplemente se cambian las autoridades y de un plumazo se vulnera la democracia interna de esos partidos intervenidos.
Hay una pregunta que está danzando en mi cabeza y que no puedo dejar de hacerme y es: ¿Qué pasaría si un grupo de miembros del PSUV, el mayor partido de Latinoamérica, solicitacen, ejerciesen un derecho de amparo porque considerasen que sus derechos como miembros de ese partido están siendo vulnerados, ya que no se convocan desde hace mucho tiempo a elecciones para la designación de las autoridades del partido o por cualquier otra motivación y pidiesen la intervención del TSJ.
¿Se aplicaría la jurisprudencia que los diferentes casos similares ha generado?
¿Qué pasaría me pregunto, si este teórico reclamo de algunos dentro del PSUV se ejerciese, qué pasaría si esto sucediera?
¿Qué diría el TSJ?